LEGITIMIDAD
INTRODUCCIÓN
Se entiende por Legitimidad al atributo gubernamental de lograr apoyo y consenso asegurando la obediencia en torno a su desempeño, por parte de aquellos actores en la escena política que tienen condiciones de incidir en la toma de decisiones, tales como Empresarios, Confederaciones Sindicales, Fuerzas Armadas, Policía, Iglesia, Minorías Activas, Congreso y Gobernadores, Alcaldes, etc.
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
Un gobierno con alta legitimidad es menos vulnerable a protestas, rupturas internas o desobediencia institucional que podrían afectar proyectos en curso.
Gobiernos legítimos tienen más autoridad para hacer cumplir contratos y menos incentivos a romper acuerdos de inversión o intervenir en tarifas.
Operar en países donde el gobierno no tiene legitimidad puede asociar a la empresa con actores percibidos como ilegítimos, afectando su imagen pública.
En situaciones de emergencia (apagones, desastres climáticos, escándalos), un gobierno legítimo tiene más margen para coordinar respuestas y contener el malestar social.
Gobiernos legítimos son más capaces de implementar reformas de forma ordenada, lo cual es clave para planificar inversiones a mediano y largo plazo.
Un gobierno sin legitimidad enfrenta más protestas, que pueden interrumpir obras, generar sabotajes, cortes o politización del servicio eléctrico.
MAPA DE CALOR
Mapa de calor: legitimidad por Actor e Influencia en 5 Países (Mayo 2026)
Este Mapa de Calor permite visualizar de forma rápida y comparativa qué actores sociales e institucionales otorgan mayor legitimidad a los gobiernos de los cinco países latinoamericanos que analizamos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). Con un simple golpe de vista, el color más intenso indica mayor respaldo, mientras que los tonos más claros evidencian debilidad o distancia. Esta herramienta facilita identificar los puntos de apoyo y vulnerabilidad en la arquitectura política de cada país, clave para el análisis de gobernabilidad y toma de decisiones estratégicas.
ARGENTINA
Niveles de Legitimidad por Actor (Mayo 2026)
EMPRESARIOS
Para el mes de mayo de 2026, el gobierno de Javier Milei conserva un nivel alto de legitimidad ante el empresariado argentino, aunque con una pérdida moderada respecto de diciembre de 2025. El respaldo al programa económico sigue apoyado en la estabilización macroeconómica, la disciplina fiscal, la baja relativa de la inflación, la reforma laboral, la apertura a inversiones y la continuidad del acuerdo con organismos multilaterales. Los sectores agroexportadores, energéticos, financieros, mineros y grandes empresas internacionalizadas mantienen una valoración predominantemente favorable del rumbo gubernamental. Sin embargo, el apoyo empresarial se ha vuelto más condicionado y menos homogéneo. La caída de la actividad en febrero, el deterioro de las expectativas de crecimiento, la debilidad del consumo, la presión de las importaciones y las dificultades de la industria y las pymes han generado un clima de mayor cautela. La UIA expresa respaldo general al ordenamiento macroeconómico, pero reclama competitividad, protección frente a competencia desleal, recuperación de la demanda y mejor interlocución política. CAME y sectores comerciales muestran mayor preocupación por la persistente caída de ventas. El agro mantiene apoyo, aunque condicionado por la eliminación de retenciones y mejoras logísticas. En consecuencia, la legitimidad empresarial sigue siendo uno de los pilares más sólidos del gobierno, pero ya no puede ser considerada un respaldo casi pleno. Calificación de apoyo: 3.95, por debajo del 4.22 de diciembre de 2025.
CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES
Estos primeros 5 meses de 2026, el gobierno de Javier Milei mantiene una legitimidad extremadamente baja ante las centrales sindicales argentinas. La reforma laboral se convirtió en el principal eje ordenador del conflicto y consolidó a la CGT, las dos CTA y otros gremios sectoriales como actores de oposición organizada al Ejecutivo. Las centrales sindicales pasaron de una resistencia política y callejera a una estrategia más integral, combinando movilización nacional, presión legislativa, acción judicial y articulación territorial. La suspensión judicial parcial de la reforma laboral, impulsada por la CGT, muestra que la confrontación dejó de limitarse a la protesta pública y se trasladó al terreno institucional. A ello se suman las movilizaciones de febrero y abril, la persistencia de reclamos por paritarias, la pérdida de poder adquisitivo y la preocupación por el aumento del desempleo y el deterioro de sectores industriales intensivos en empleo. En este contexto, el sindicalismo interpreta el programa económico de Milei como una amenaza directa a derechos laborales, negociación colectiva, estabilidad del empleo y poder sindical. Aunque subsisten internas dentro de la CGT y diferencias tácticas entre sectores más dialoguistas y sectores más combativos, el Gobierno carece de apoyo o consenso sindical significativo. La relación es estructuralmente confrontativa, ideológica y programática. Las centrales sindicales operan como uno de los principales focos de oposición social, política y judicial al gobierno. Calificación de apoyo: 1.48/5, por debajo del 1.64/5 registrado en diciembre de 2025.
IGLESIA
A lo largo de los primeros cinco meses de 2026, la legitimidad del gobierno de Javier Milei ante las Iglesias y actores religiosos continúa siendo muy baja, especialmente por la persistente distancia con la Iglesia Católica institucional. La Conferencia Episcopal Argentina y diversos referentes eclesiales mantuvieron una postura crítica frente al impacto social del ajuste, la situación alimentaria, el deterioro de los barrios populares, la situación de jubilados y comedores, y la insuficiente presencia estatal en sectores vulnerables. Aunque existen intercambios protocolares mínimos, no se observa una recomposición sustantiva del diálogo institucional ni la construcción de un canal estable de interlocución. La Iglesia Católica opera como una voz moral de advertencia frente al modelo económico y social del Gobierno, más que como un actor de apoyo o mediación favorable. Su preocupación por el aumento de la demanda en Cáritas y por la llegada de sectores de clase media baja a redes de asistencia refuerza la percepción de distancia doctrinal y política con el Ejecutivo. El Gobierno conserva, no obstante, un acercamiento selectivo con sectores evangélicos y otros actores religiosos no católicos, a través de gestos administrativos y simbólicos que responden a demandas históricas de esas comunidades. Este vínculo introduce una compensación marginal dentro del subindicador ampliado de Iglesias y actores religiosos, pero no alcanza para equilibrar el distanciamiento con el catolicismo, que en Argentina mantiene mayor peso institucional, territorial y moral. Calificación de apoyo: 0.55/5, levemente por encima del 0.40/5 registrado en diciembre de 2025, pero todavía en un nivel de legitimidad extremadamente bajo.
MINORIAS ACTIVAS
Entre enero y mayo de 2026, las minorías activas mantienen una relación abiertamente conflictiva con el gobierno de Javier Milei, con un deterioro adicional respecto de diciembre de 2025. Movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, feminismos, colectivos LGBTIQ+, pueblos indígenas, ambientalistas y redes territoriales continúan operando como actores de deslegitimación del programa libertario. La reforma laboral, el ajuste sobre políticas sociales, el protocolo antipiquetes, la retórica oficial contra el feminismo y la diversidad sexual, la orientación extractivista y la regresión en materia de derechos indígenas refuerzan una oposición ideológica, programática y callejera. La marcha del 24 de marzo, las protestas contra la reforma laboral, las acciones de diversidad sexual y feminismo, las denuncias mapuche ante Naciones Unidas y las campañas ambientales en defensa de glaciares muestran que estos actores conservan capacidad de movilización, judicialización y presión internacional. No obstante, su capacidad de bloqueo sostenido se encuentra parcialmente contenida por la aplicación del protocolo antipiquetes, el control policial del espacio público y el desgaste organizativo de algunos movimientos sociales. En consecuencia, la legitimidad del Gobierno ante las minorías activas es extremadamente baja. El vínculo no es de negociación ni de apoyo crítico, sino de antagonismo estructural. Calificación de apoyo: 0.78/5, por debajo del 0.90/5 registrado en diciembre de 2025.
FUERZAS ARMADAS
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Javier Milei mantiene y profundiza su alto nivel de legitimidad ante las Fuerzas Armadas. La consolidación de la nueva cúpula militar, la presencia del teniente general Carlos Alberto Presti al frente del Ministerio de Defensa y la reafirmación del rol estratégico del instrumento militar fortalecen la certidumbre en la cadena de mando y el alineamiento político-institucional con el Poder Ejecutivo. La puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino —ARMA— constituye la señal más relevante del período, al establecer un nuevo esquema de financiamiento destinado a modernizar y recuperar capacidades militares. A ello se suman gestos simbólicos de fuerte contenido castrense, como la revalorización del Regimiento de Granaderos a Caballo y el traslado del sable corvo de San Martín, que refuerzan el vínculo histórico y ceremonial entre la Presidencia y las Fuerzas Armadas. La reorganización del sistema de salud militar mediante la creación de la OSFA también muestra una voluntad gubernamental de intervenir en estructuras internas sensibles, aunque su implementación genera incertidumbre administrativa. En consecuencia, la legitimidad del Gobierno ante las Fuerzas Armadas continúa siendo muy alta. Sin embargo, persisten límites derivados de la sustentabilidad financiera del nuevo esquema, los costos reputacionales frente a sectores civiles y de derechos humanos, y las tensiones que puedan surgir durante la transición de la obra social militar. Calificación de apoyo: 4.68/5, por encima del 4.60/5 registrado en diciembre de 2025.
PODER LEGISLATIVO
En el periodo de análisis, el respaldo del Congreso al gobierno de Javier Milei registra una mejora respecto de diciembre de 2025. El fortalecimiento legislativo posterior a las elecciones de octubre comenzó a traducirse en resultados concretos, especialmente con el avance y aprobación de la reforma laboral en el Senado. Este hecho muestra que el Ejecutivo ya no enfrenta un Congreso puramente bloqueador, sino una instancia fragmentada pero parcialmente permeable a su agenda reformista cuando logra articular mayorías tácticas. La mejora también se explica por la mayor capacidad del oficialismo para defender vetos presidenciales y negociar con bloques aliados, sectores del PRO, radicales dialoguistas y gobernadores. La Libertad Avanza se encuentra en una posición parlamentaria más favorable que en 2024 y buena parte de 2025, lo que le permite avanzar con reformas sensibles y administrar mejor la presión opositora. Sin embargo, el apoyo congresal sigue siendo condicionado, táctico y costoso. El Gobierno no cuenta con una mayoría estructural propia y depende de acuerdos variables. Las tensiones crecientes con el PRO y la UCR, la necesidad de negociar con gobernadores y los altos costos sociales de reformas como la laboral limitan la consolidación de una legitimidad parlamentaria fuerte. En consecuencia, el Congreso ofrece mayor margen de acción al Ejecutivo, pero sigue siendo un actor autónomo, fragmentado y capaz de imponer límites. Calificación de apoyo: 2.75/5, por encima del 2.40/5 registrado en diciembre de 2025.
POLICÍA
En la evolución observada entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Javier Milei mantiene y consolida un alto nivel de legitimidad ante las fuerzas policiales, especialmente ante las fuerzas federales. La reforma estructural de la Policía Federal Argentina, la creación del Departamento Federal de Investigaciones y la redefinición de la misión institucional hacia el combate del delito federal complejo, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado continúan funcionando como ejes de jerarquización profesional y alineamiento político-funcional. El Gobierno también refuerza su vínculo con la policía mediante la aplicación sostenida del protocolo antipiquetes y la centralidad otorgada a las fuerzas federales en el control del espacio público frente a movilizaciones sindicales y sociales. La disposición de operativos de gran escala durante las protestas de la CGT y otras manifestaciones confirma que el Ejecutivo considera a la policía un instrumento central de gobernabilidad y orden público. A ello se suma el otorgamiento de bonos y sumas extraordinarias al personal de fuerzas federales, que introduce un componente material de respaldo. No obstante, la mejora es acotada. La exposición policial en contextos de protesta incrementa los costos reputacionales y judiciales, especialmente ante denuncias de represión o uso excesivo de la fuerza. Además, persisten demandas salariales, necesidades de equipamiento y dudas sobre la implementación operativa plena de la reforma. En consecuencia, el apoyo policial al Gobierno sigue siendo alto, pero depende de que el Ejecutivo sostenga recursos, cobertura política y resultados concretos. Calificación de apoyo: 4.20/5, por encima del 4.12/5 registrado en diciembre de 2025.
GOBERNADORES, PRESIDENTES, REGIONALES, ALCALDES
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobiernos subnacionales registra una mejora moderada respecto de diciembre de 2025. El Ejecutivo nacional profundizó una lógica de cooperación pragmática con los gobernadores, basada en adelantos financieros, acuerdos legislativos y proyectos estratégicos, especialmente en provincias mineras. La autorización de adelantos de coparticipación para doce provincias y la conformación de la Mesa Federal Minera muestran una mayor disposición del Gobierno a utilizar instrumentos fiscales y productivos para sostener gobernabilidad. La agenda minera constituye el principal espacio de convergencia. Provincias con litio, cobre y oro encuentran incentivos concretos para colaborar con la Nación, en la medida en que el RIGI y la llegada de grandes inversiones prometen expansión exportadora, empleo y recursos futuros. Este componente fortalece el vínculo con gobernadores de provincias estratégicas, aun cuando no exista afinidad política plena. Sin embargo, el apoyo subnacional sigue siendo condicionado. Los gobernadores reclaman una discusión de fondo sobre coparticipación, impuestos, obra pública y sostenibilidad fiscal provincial. La caída de recursos, los conflictos docentes, la presión sobre salud y educación, y la resistencia a bajar Ingresos Brutos sin compensaciones limitan la posibilidad de una legitimidad federal alta. En consecuencia, la relación mejora, pero continúa siendo fragmentada, transaccional e inestable. Calificación de apoyo: 2.88/5, por encima del 2.67/5 registrado en diciembre de 2025.
BRASIL
Niveles de Legitimidad por Actor (Mayo 2026)
EMPRESARIOS
El respaldo empresarial sigue apoyado en la capacidad del gobierno para mantener previsibilidad internacional, abrir espacios de inversión externa, sostener una agenda activa con grandes compañías y proteger sectores productivos afectados por tensiones comerciales y geopolíticas. La relación con China, Corea del Sur, Alemania, España, India y otros socios estratégicos continúa funcionando como un activo relevante para grandes empresas, exportadores, agroindustria, minería, energía e infraestructura. Sin embargo, el apoyo empresarial se volvió más cauteloso. La caída del Índice de Confianza Empresarial de FGV, el deterioro de la confianza industrial, la persistencia de tasas de interés elevadas, la desaceleración del crecimiento y la incertidumbre electoral reducen la intensidad del respaldo. A ello se suma la preocupación por el impacto fiscal de medidas de estímulo al consumo y por propuestas laborales, como la reducción de la jornada máxima sin disminución salarial, que generan resistencia en sectores productivos por sus posibles efectos sobre costos y empleo. El empresariado coopera con el gobierno cuando percibe beneficios en comercio exterior, financiamiento, inversión e inserción internacional, pero mantiene distancia política frente al proyecto del PT y expresa creciente preocupación por el escenario doméstico. Calificación de apoyo para mayo: 3.72/5, por debajo del 3.90/5 registrado en diciembre de 2025.
CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES
Durante el intervalo analizado, el gobierno de Lula mantiene un respaldo político general de las centrales sindicales brasileñas, con una leve mejora respecto de diciembre de 2025. El vínculo sigue apoyado en la identificación histórica del lulismo con los derechos laborales, la agenda social, la valorización del salario mínimo y la interlocución directa con el movimiento sindical. La entrada en vigencia del nuevo salario mínimo de R$ 1.621, el envío de propuestas para reducir la jornada laboral y poner fin a la escala 6x1, y la reunión de Lula con CUT, Força Sindical, CTB, UGT, CSB y otras centrales refuerzan la percepción de que el Gobierno escucha e incorpora parte de las demandas sindicales. Las movilizaciones de abril y del 1º de Mayo no expresan una ruptura con el Ejecutivo, sino una presión organizada desde una base social aliada para acelerar reformas laborales y consolidar avances. Además, los datos de empleo formal y el bajo desempleo histórico fortalecen la narrativa gubernamental ante las organizaciones de trabajadores. Sin embargo, el apoyo sindical continúa siendo crítico y condicionado. Persisten cuestionamientos al ajuste fiscal, a los límites presupuestarios, a la velocidad de recuperación salarial y a la necesidad de transformar avances coyunturales en políticas permanentes de Estado. En consecuencia, la legitimidad sindical del gobierno de Lula se mantiene en un nivel medio-alto. Las centrales no actúan como oposición estructural, sino como aliadas exigentes, movilizadas y parcialmente insatisfechas. El respaldo político existe, pero no es incondicional ni homogéneo. Calificación de apoyo: 3.74/5, por encima del 3.62/5 registrado en diciembre de 2025.
FUERZAS ARMADAS
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Lula y las Fuerzas Armadas muestra una leve recomposición funcional respecto de diciembre de 2025, aunque sin superar plenamente el deterioro acumulado durante el año anterior. La subordinación formal de la institución al poder civil permanece garantizada y no se observan señales de indisciplina abierta. Además, el gobierno envía señales materiales relevantes mediante el aumento de recursos para proyectos estratégicos de defensa, la discusión de planes de modernización y la actualización de lineamientos doctrinales orientados a reforzar la defensa nacional, la soberanía y las capacidades estratégicas del país. No obstante, la confianza política sigue siendo limitada. Los fallos judiciales que expusieron la participación de altos mandos en el intento golpista de 2022 continúan pesando sobre la relación entre el Ejecutivo y la institución militar. La memoria del 8 de enero, el debate sobre la dictadura de 1964 y la persistencia del bolsonarismo como referencia de sectores militares retirados mantienen un clima de cautela. El gobierno busca evitar una confrontación corporativa abierta, pero al mismo tiempo necesita reafirmar el control civil y la doctrina democrática de las Fuerzas Armadas. La relación sigue siendo estable, institucional y subordinada, aunque más administrada que confiada. Calificación: 3.48/5, levemente por encima del 3.40/5 registrado en diciembre de 2025.
POLICÍA
En estos meses de 2026, el gobierno de Lula consolida y profundiza su legitimidad funcional ante las fuerzas policiales, especialmente en el plano federal. La defensa de la PEC de Seguridad Pública, el fortalecimiento de la Policía Federal y de la Policía Rodoviaria Federal, la sanción de normas más duras contra facciones criminales y la preparación del programa Brasil contra el Crimen Organizado refuerzan la percepción de que el Ejecutivo ha colocado la seguridad pública en el centro de sus prioridades. La cooperación con Estados Unidos para intercambio de información, combate al tráfico de armas y drogas, y asfixia financiera de organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho añade un componente operativo relevante para las fuerzas de investigación e inteligencia. Este mayor énfasis en seguridad permite un alineamiento más claro entre el gobierno federal y las fuerzas policiales, particularmente en la lucha contra el crimen organizado, las milicias y la infiltración de facciones en la economía formal. La posibilidad de nuevos recursos para seguridad pública y la búsqueda de mayor coordinación nacional fortalecen la legitimidad policial del Ejecutivo, aunque el impacto final dependerá de la implementación efectiva de los programas anunciados y de la articulación con los estados. Sin embargo, el respaldo policial sigue siendo funcional y condicionado. Persisten tensiones por la letalidad policial, las críticas de organizaciones de derechos humanos, los controles judiciales y el debate sobre la proporcionalidad de los operativos de alta intensidad. Además, el alineamiento es más claro en las fuerzas federales que en las policías estaduales, donde pesan las autonomías de los gobernadores y las diferencias ideológicas regionales. Calificación: 3.72/5, por encima del 3.60/5 registrado en diciembre de 2025.
IGLESIA
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Lula registra una leve mejora en su legitimidad ante las Iglesias y actores religiosos, principalmente por una recomposición simbólica e institucional con la Iglesia Católica. Los gestos hacia el Vaticano, el mensaje al episcopado brasileño reunido en la Asamblea General de la CNBB y la convergencia discursiva en temas como paz, dignidad humana, combate a la pobreza, Amazonía, derechos humanos y multilateralismo favorecen una relación más fluida con el catolicismo institucional. No obstante, esta mejora es limitada. En Brasil, el campo religioso está profundamente fragmentado y el peso político de las iglesias evangélicas y pentecostales es decisivo. Amplios sectores evangélicos conservadores continúan mostrando distancia frente al PT y mantienen afinidades programáticas, morales y electorales con el campo bolsonarista o con alternativas de derecha. En un año electoral, esa distancia adquiere mayor importancia, porque las redes evangélicas poseen capacidad territorial, mediática, parlamentaria y electoral. En consecuencia, la relación con la Iglesia Católica mejora parcialmente, pero no produce una legitimidad religiosa transversal. El gobierno de Lula logra recomponer puentes diplomáticos y morales con sectores católicos, pero continúa enfrentando resistencia estructural en el universo evangélico conservador. Calificación de apoyo: 2.05/5, levemente por encima del 1.90/5 registrado en diciembre de 2025.
MINORIAS ACTIVAS
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Lula mantiene una relación mayoritariamente favorable, pero crecientemente condicionada, con las minorías activas, incluyendo pueblos indígenas, movimientos ambientales, comunidades quilombolas, feminismos, organizaciones de diversidad sexual, antirracismo y derechos humanos. Estos actores continúan ubicando al gobierno del PT como una opción política claramente más compatible con sus agendas que el campo bolsonarista o conservador, especialmente en materia de derechos, inclusión, protección territorial, diversidad y participación social. Sin embargo, el respaldo es crítico y vigilante. El Campamento Tierra Libre 2026 y la consigna “Demarca, Lula” expresan la principal tensión del período: los pueblos indígenas mantienen apoyo político al Presidente, incluso frente al escenario electoral, pero exigen mayor celeridad en la demarcación de tierras y garantías efectivas frente al avance del agronegocio, la minería y proyectos de infraestructura. La revocación del decreto que habilitaba la privatización parcial de ríos amazónicos fue leída como una victoria de la presión indígena y ambiental, y permitió recomponer parcialmente la relación. A pesar de ello, persisten fricciones importantes. La exploración petrolera en la Foz do Amazonas, los cambios en licenciamiento ambiental, la debilidad de la consulta previa y la presión del Congreso sobre derechos territoriales generan desconfianza entre ambientalistas, comunidades indígenas y quilombolas. En consecuencia, la legitimidad del Gobierno ante las minorías activas sigue siendo superior a la de otros gobiernos, pero ya no responde a un entusiasmo inicial, sino a un apoyo estratégico, exigente y condicionado a resultados. Calificación de apoyo: 3.52/5, por encima del 3.40/5 registrado en diciembre de 2025.
PODER LEGISLATIVO
En el balance preliminar de 2026, el apoyo del Congreso al gobierno de Lula registra una mejora respecto de diciembre de 2025, aunque continúa siendo condicionado, transaccional y altamente dependiente de negociaciones. El principal avance del período fue la aprobación en la Cámara de Diputados de la PEC de Seguridad Pública, una prioridad del Ejecutivo orientada a integrar órganos de seguridad, fortalecer la Policía Federal y garantizar más recursos para enfrentar el crimen organizado. Este resultado muestra que el Gobierno aún conserva capacidad de construir mayorías en temas de alta demanda social. No obstante, la relación parlamentaria sigue siendo frágil. La misma PEC quedó detenida en el Senado, evidenciando que el Ejecutivo no controla el ritmo legislativo de la Cámara Alta ni dispone de una base disciplinada. Además, persisten tensiones por enmiendas parlamentarias, vetos presupuestarios y la creciente autonomía del Congreso en la asignación de recursos. La relación con los presidentes de ambas cámaras combina cooperación táctica con fuerte independencia legislativa. En consecuencia, el Congreso brasileño no opera como un bloque de apoyo estructural al gobierno de Lula, sino como un poder autónomo que habilita, modifica o bloquea la agenda presidencial según costos políticos, intereses presupuestarios y negociaciones con el Centrão y bancadas sectoriales. Calificación de apoyo: 1.92/5, por encima del 1.73/5 registrado en diciembre de 2025.
GOBERNADORES, PRESIDENTES, REGIONALES, ALCALDES
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Lula y los liderazgos subnacionales muestra una leve recomposición funcional, aunque continúa marcada por alta autonomía estadual y competencia preelectoral. El Ejecutivo federal intenta recuperar centralidad territorial mediante la PEC de Seguridad Pública, orientada a fortalecer la actuación de la Unión, la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal, y a construir un modelo nacional de coordinación frente al crimen organizado. Sin embargo, esta iniciativa no elimina la dinámica de autonomización observada durante 2025. La seguridad pública sigue siendo un terreno de disputa entre el Planalto y los gobernadores, especialmente en estados gobernados por fuerzas de derecha o centro-derecha. Liderazgos como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Ratinho Junior operan como polos alternativos de legitimidad territorial, algunos con proyección presidencial o capacidad de condicionar la elección de 2026. En consecuencia, el vínculo entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales no es de ruptura institucional, pero tampoco de alineamiento. Predomina una cooperación práctica y selectiva en temas específicos, combinada con competencia política, disputas por seguridad y preservación de autonomía estadual. Calificación de apoyo: 1.92/5, levemente por encima del 1.80/5 registrado en diciembre de 2025.
CHILE
Niveles de Legitimidad por Actor (Mayo 2026)
EMPRESARIOS
Durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, la legitimidad empresarial se mantuvo en un nivel medio-bajo, caracterizado por una relación funcional pero distante. Con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia, la legitimidad empresarial experimentó una mejora significativa. El nuevo gobierno instaló desde sus primeras semanas una agenda claramente alineada con las principales demandas del sector privado: rebaja del impuesto corporativo, incentivos a la inversión, simplificación de permisos, austeridad fiscal, estímulos al empleo formal y un discurso de recuperación del crecimiento. Esta orientación generó un aumento de expectativas favorables en grandes empresas, construcción, minería, comercio, finanzas y gremios productivos. Sin embargo, el respaldo empresarial inicial al gobierno de Kast todavía debe considerarse condicionado. La caída del índice de confianza empresarial en abril, la desaceleración de la actividad económica, el desempleo elevado, la incertidumbre externa y las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos fiscales de la megarreforma limitan la posibilidad de hablar de una adhesión plena. El empresariado valora el giro pro-mercado, pero espera resultados concretos en crecimiento, inversión, empleo y estabilidad fiscal. En consecuencia, el apoyo a Kast es claramente superior al registrado al cierre de Boric, pero todavía se basa más en expectativas programáticas que en resultados económicos consolidados. Calificación de apoyo 3.90/5.
CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES
Durante estos meses de 2026, la legitimidad del gobierno chileno ante las centrales sindicales experimentó un deterioro significativo. Durante los últimos meses de Gabriel Boric, la relación con la CUT y las organizaciones sindicales ya mostraba tensiones importantes, pero aún conservaba canales de diálogo institucional, afinidad política de base y una agenda parcialmente compartida en materia laboral. El ingreso del proyecto de negociación ramal o multinivel en enero de 2026 reflejaba la voluntad del gobierno saliente de responder, aunque tardíamente, a una demanda histórica del movimiento sindical. Con la llegada de José Antonio Kast, la relación se volvió rápidamente confrontativa. El retiro del proyecto de negociación ramal fue interpretado por la CUT como una señal de ruptura y de falta de diálogo con los trabajadores. A ello se sumó el fracaso de la negociación del salario mínimo, donde la distancia entre la propuesta oficial, cercana al 4%, y la demanda sindical de un aumento de 18,3% evidenció una brecha profunda entre el enfoque fiscal-laboral del Ejecutivo y las demandas de recuperación del poder adquisitivo. La movilización del 1 de Mayo confirmó el paso de una relación crítica pero institucionalizada a una oposición sindical abierta. Aunque el sindicalismo chileno tiene menor capacidad de bloqueo nacional que otras centrales de la región y mantiene cierto cálculo táctico en su estrategia de movilización, su apoyo al nuevo gobierno es muy bajo. Calificación de apoyo: 1.72/5, por debajo del 2.24/5 registrado en diciembre de 2025.
FUERZAS ARMADAS
Entre enero y mayo de 2026, la legitimidad del gobierno chileno ante las Fuerzas Armadas registra una mejora moderada respecto de diciembre de 2025. Durante los últimos meses de Gabriel Boric ya se había consolidado una relación institucional más estable, basada en la ampliación del rol militar en seguridad fronteriza, la actualización integrada de la Política de Defensa y la Política Militar, y una mayor previsibilidad estratégica dentro de un marco de control civil. Esa base permitió que la transición hacia el nuevo gobierno no implicara una ruptura institucional. Con la llegada de José Antonio Kast, las Fuerzas Armadas adquieren mayor centralidad operativa y simbólica, especialmente en el control de la frontera norte. El aumento del despliegue militar, la construcción y reacondicionamiento de zanjas, y el enfoque de seguridad fronteriza refuerzan la percepción de que el nuevo Ejecutivo asigna a la institución un papel relevante en la defensa del territorio, el control migratorio y el combate a amenazas vinculadas al crimen organizado. Esta orientación genera mayor afinidad funcional entre el gobierno y la institución militar. No obstante, la mejora no equivale a una adhesión plena. La presión presupuestaria sobre los fondos estratégicos de defensa, la falta de regularidad en los aportes para capacidades militares, el riesgo de sobreexposición de las FF.AA. en tareas fronterizas y las críticas por una eventual militarización de la seguridad limitan el alcance del respaldo. En consecuencia, la relación mejora respecto del cierre del gobierno de Boric, pero se mantiene como un alineamiento funcional reforzado, no como convergencia política plena. Calificación de apoyo: 3.85/5, por encima del 3.60/5 registrado en diciembre de 2025.
POLICÍA
En el balance preliminar de 2026, la legitimidad del gobierno chileno ante Carabineros y la Policía de Investigaciones registra una mejora leve respecto de diciembre de 2025. Durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric ya se había consolidado una relación funcionalmente positiva, basada en la ampliación de competencias, mayor presupuesto de seguridad, operativos conjuntos y respaldo político explícito a la labor policial. Con la llegada de José Antonio Kast, ese vínculo adquiere un tono más favorable desde el punto de vista simbólico, doctrinario y jurídico. El nuevo gobierno coloca la seguridad pública en el centro de su agenda, refuerza operativos de control territorial, impulsa cooperación internacional contra el crimen organizado y prepara medidas especialmente valoradas por Carabineros, como el retorno de causas vinculadas a actos de servicio a la justicia militar y eventuales mejoras económicas para funcionarios. Estas señales elevan el respaldo policial al Ejecutivo y refuerzan la percepción de que el gobierno reconoce a Carabineros y la PDI como actores centrales de gobernabilidad. No obstante, la mejora es acotada. Los recortes presupuestarios anunciados para Carabineros y la PDI, junto con posibles reducciones en programas contra el crimen organizado, introducen dudas sobre la capacidad real del gobierno para sostener su agenda de seguridad. Además, la ampliación de protecciones jurídicas para policías puede generar controversia con sectores de derechos humanos y control civil. En consecuencia, la relación se fortalece políticamente, pero su consolidación dependerá de recursos suficientes y resultados concretos en seguridad ciudadana. Calificación de apoyo: 4.05/5, por encima del 3.91/5 registrado en diciembre de 2025.
IGLESIA
A lo largo de los primeros cinco meses de 2026, la legitimidad del gobierno chileno ante las Iglesias y actores religiosos registra una mejora respecto de diciembre de 2025, aunque con un cambio importante en la naturaleza del vínculo. Durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric se mantuvo una relación institucional respetuosa con la Iglesia Católica, basada en canales de diálogo, cooperación en materias sociales y derechos humanos, y un enfoque plural y laico. Esa relación ofrecía estabilidad y respeto mutuo, pero no implicaba una afinidad religiosa o valórica profunda. Con la llegada de José Antonio Kast, el vínculo con el campo religioso se vuelve más visible, simbólico y políticamente afín. La participación presidencial en la oración ecuménica de inicio de mandato, los gestos hacia iglesias evangélicas, la presencia de cultos religiosos en La Moneda y la incorporación de asistencia espiritual para funcionarios refuerzan la cercanía del nuevo gobierno con sectores cristianos, especialmente católicos y evangélicos conservadores. Para estos actores, Kast representa una administración más receptiva a valores de orden, familia, autoridad, espiritualidad pública y defensa de la tradición. Sin embargo, esta mejora no equivale a apoyo religioso transversal. La mayor impronta confesional del nuevo gobierno puede generar distancia con sectores laicos, católicos progresistas y actores religiosos más vinculados a la doctrina social, los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables. Además, la agenda económica de ajuste y reducción del gasto puede tensionar el vínculo con sectores eclesiales sensibles a pobreza, desigualdad y cohesión social. En consecuencia, la legitimidad religiosa aumenta, pero se vuelve más segmentada y polarizada. Calificación de apoyo: 3.45/5, por encima del 3.12/5 registrado en diciembre de 2025.
MINORIAS ACTIVAS
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Lula mantiene una relación mayoritariamente favorable, pero crecientemente condicionada, con las minorías activas, incluyendo pueblos indígenas, movimientos ambientales, comunidades quilombolas, feminismos, organizaciones de diversidad sexual, antirracismo y derechos humanos. Estos actores continúan ubicando al gobierno del PT como una opción política claramente más compatible con sus agendas que el campo bolsonarista o conservador, especialmente en materia de derechos, inclusión, protección territorial, diversidad y participación social. Sin embargo, el respaldo es crítico y vigilante. El Campamento Tierra Libre 2026 y la consigna “Demarca, Lula” expresan la principal tensión del período: los pueblos indígenas mantienen apoyo político al Presidente, incluso frente al escenario electoral, pero exigen mayor celeridad en la demarcación de tierras y garantías efectivas frente al avance del agronegocio, la minería y proyectos de infraestructura. La revocación del decreto que habilitaba la privatización parcial de ríos amazónicos fue leída como una victoria de la presión indígena y ambiental, y permitió recomponer parcialmente la relación. A pesar de ello, persisten fricciones importantes. La exploración petrolera en la Foz do Amazonas, los cambios en licenciamiento ambiental, la debilidad de la consulta previa y la presión del Congreso sobre derechos territoriales generan desconfianza entre ambientalistas, comunidades indígenas y quilombolas. En consecuencia, la legitimidad del Gobierno ante las minorías activas sigue siendo superior a la de otros gobiernos, pero ya no responde a un entusiasmo inicial, sino a un apoyo estratégico, exigente y condicionado a resultados. Calificación de apoyo: 3.52/5, por encima del 3.40/5 registrado en diciembre de 2025.
PODER LEGISLATIVO
Durante el intervalo analizado, la relación entre el Ejecutivo chileno y el Congreso registra una mejora funcional respecto de diciembre de 2025, aunque permanece condicionada por la fragmentación política y la ausencia de una mayoría oficialista estable. Durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, la cooperación legislativa se había fortalecido de manera pragmática, especialmente en el cierre del ciclo presupuestario y en la aprobación de proyectos transversales. Con la llegada de José Antonio Kast, el vínculo parlamentario cambia de naturaleza: existe mayor afinidad ideológica con las derechas, pero el nuevo Gobierno no cuenta con mayoría propia. El primer test relevante fue el Plan de Reconstrucción Nacional, que obtuvo aprobación general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este avance muestra que el Ejecutivo puede construir mayorías tácticas y negociar con actores bisagra, especialmente el Partido de la Gente. Sin embargo, el apoyo es condicional y exige compensaciones específicas, mientras la oposición mantiene capacidad de bloqueo, desgaste y encarecimiento de la tramitación. La gobernabilidad parlamentaria de Kast dependerá de su capacidad para sostener acuerdos durante la votación en particular, administrar reparos fiscales a su megarreforma y evitar que los recortes presupuestarios erosionen apoyos territoriales. En consecuencia, el Congreso ofrece un margen de acción algo mayor que al cierre del gobierno de Boric, pero sigue siendo un actor autónomo, fragmentado y exigente. Calificación de apoyo: 2.98/5, por encima del 2.74/5 registrado en diciembre de 2025.
GOBERNADORES, PRESIDENTES, REGIONALES, ALCALDES
Durante el periodo de análisis, la relación entre el Ejecutivo chileno y las autoridades subnacionales registra una leve mejora funcional respecto de diciembre de 2025. Durante los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric ya se habían fortalecido canales de coordinación territorial, especialmente en seguridad, infraestructura y desarrollo regional. Con la llegada de José Antonio Kast, el vínculo se intensifica mediante reuniones formales con alcaldes, coordinación en seguridad pública, combate al crimen organizado, vivienda, educación, salud y el despliegue territorial del Plan de Reconstrucción Nacional. La seguridad pública aparece como el principal espacio de convergencia. Alcaldes y gobernadores regionales demandan mayor presencia estatal, coordinación policial y recursos frente al crimen organizado, mientras el Gobierno busca apoyarse en el municipalismo para ejecutar su agenda de orden y recuperación territorial. Sin embargo, la relación también enfrenta tensiones tempranas. Los gobernadores regionales rechazaron la rebaja del 3% a sus presupuestos, los recortes iniciales en Seguridad Pública generaron cuestionamientos y el programa de ajuste fiscal abrió dudas sobre la continuidad de políticas sociales ejecutadas en comunas y regiones. En consecuencia, el apoyo subnacional al Gobierno mejora por la apertura de canales de interlocución y la coincidencia en prioridades como seguridad y reconstrucción, pero sigue siendo condicionado. La relación es pragmática, heterogénea y dependiente de recursos concretos. Calificación de apoyo: 2.48/5, por encima del 2.32/5 registrado en diciembre de 2025.
COLOMBIA
Niveles de Legitimidad por Actor (Mayo 2026)
EMPRESARIOS
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el sector empresarial colombiano continuó deteriorándose, aunque sin derivar en una ruptura total. El punto de partida fue el fracaso de la concertación del salario mínimo y su posterior definición por decreto. Esta tensión se amplió hacia el terreno laboral, fiscal e institucional. El conflicto por la reforma laboral y la demanda de Fenalco contra el Decreto 234 de 2026 evidencian que la relación con los gremios empresariales sigue siendo confrontativa. A ello se suma el aumento de la incertidumbre de política económica, que en abril alcanzó niveles muy elevados según Fedesarrollo, y la preocupación por el deterioro fiscal, agravada por el bajo recaudo del impuesto de emergencia al patrimonio y por la percepción de que el Gobierno recurre a medidas tributarias extraordinarias y litigiosas para cerrar el déficit. La propuesta presidencial de impulsar una Asamblea Constituyente en el tramo final del mandato agrega un nuevo factor de incertidumbre institucional para la inversión privada. Existen, sin embargo, señales parcialmente compensatorias. La confianza comercial mejoró en enero y la economía mantiene proyecciones de crecimiento positivo, aunque moderado. En consecuencia, la legitimidad empresarial del gobierno Petro permanece baja y se vuelve aún más defensiva. La relación se caracteriza por desconfianza, judicialización, incertidumbre regulatoria y distancia ideológica. Calificación de apoyo: 2.35/5, por debajo del 2.52/5 registrado en diciembre de 2025.
CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES
En el desarrollo del periodo analizado, el gobierno de Gustavo Petro mantiene y profundiza parcialmente su legitimidad ante las principales centrales sindicales colombianas. La CUT, la CGT, la CTC y organizaciones de pensionados continúan identificando al Ejecutivo como el principal vehículo político para avanzar en aumento salarial, reforma laboral, protección de derechos sociales y reparación histórica del movimiento sindical. La defensa del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno, incluso después de su suspensión provisional por el Consejo de Estado, reforzó la alianza política entre el Ejecutivo y las centrales obreras. El anuncio de un decreto de reparación colectiva al movimiento sindical y la movilización del 1 de Mayo consolidaron el vínculo simbólico y político entre Petro y las organizaciones de trabajadores. La propuesta presidencial de una Asamblea Constituyente también encuentra respaldo en sectores sindicales, en la medida en que es presentada como una vía para destrabar reformas sociales y laborales bloqueadas por el Congreso. En este sentido, las centrales sindicales no actúan como oposición al Gobierno, sino como una base social organizada de defensa del proyecto petrista. No obstante, el respaldo sigue siendo más movilizacional que institucional. La agenda laboral enfrenta bloqueos legislativos y judiciales, la reforma laboral no se ha consolidado plenamente y el salario mínimo permanece en disputa jurídica. Por tanto, el apoyo sindical al Gobierno es claro, pero depende de la confrontación política y de la capacidad de mantener presión callejera más que de acuerdos tripartitos estables. Calificación de apoyo: 3.32/5, por encima del 3.15/5 registrado en diciembre de 2025.
FUERZAS ARMADAS
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las Fuerzas Armadas colombianas muestra una leve recomposición funcional, aunque sin alcanzar una confianza política plena. El cambio de cúpula militar anunciado para enfrentar los desafíos de seguridad de 2026, el incremento de la inversión en capacidades militares y la intensificación de operaciones en zonas críticas como Catatumbo y Cauca refuerzan la centralidad operativa de la institución dentro de la estrategia gubernamental. El deterioro de la seguridad territorial, especialmente por la acción del ELN y las disidencias de las FARC, ha obligado al Ejecutivo a apoyarse más claramente en las Fuerzas Militares, aun cuando su proyecto político original priorizaba la negociación y la paz total. Esta mayor dependencia operativa mejora la legitimidad del Gobierno ante la institución, en la medida en que reconoce su papel estratégico, preserva la cadena de mando y asigna recursos adicionales para modernización y respuesta territorial. No obstante, el respaldo militar sigue siendo limitado y predominantemente institucional. Persisten desconfianzas derivadas de la orientación política del Gobierno, los resultados insuficientes de la paz total, la expansión de grupos armados, los riesgos reputacionales asociados a operaciones de fuerza y el clima de polarización constitucional y electoral. En consecuencia, la relación puede definirse como una subordinación formal estable con cooperación operativa creciente, pero sin alineamiento político profundo. Calificación de apoyo: 3.38/5, levemente por encima del nivel estimado de 3.25/5 registrado en diciembre de 2025.
POLICÍA
En el marco temporal analizado, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y la Policía Nacional continúa siendo institucionalmente funcional, pero registra una nueva erosión respecto de diciembre de 2025. El Ejecutivo mantiene capacidad de mando, realiza ajustes en la cúpula policial y ofrece señales materiales positivas, como la mejora de condiciones para auxiliares de Policía y mayores recursos para enfrentar nuevas amenazas operativas. Sin embargo, estos elementos no logran compensar plenamente el deterioro del entorno de seguridad. El secuestro de cinco policías en Catatumbo por parte del ELN, el elevado número de uniformados asesinados durante 2025, la intensificación de la violencia en regiones como Cauca, Arauca y Norte de Santander, y la presión creciente sobre la fuerza pública afectan la moral institucional. A ello se suma el caso del general Edwin Urrego, retirado del servicio tras acusaciones presidenciales de sabotaje, que introduce un componente de desconfianza política en la relación entre el Ejecutivo y sectores de la institución. En consecuencia, la Policía Nacional mantiene obediencia formal y cooperación operativa con el Gobierno, pero su apoyo político es más condicionado y defensivo. La relación se sostiene por institucionalidad y necesidad operativa, no por un alineamiento profundo con el proyecto gubernamental. Calificación de apoyo: 3.15/5, por debajo del 3.30/5 registrado en diciembre de 2025.
IGLESIA
En el tramo comprendido entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las Iglesias y actores religiosos mantiene una leve recomposición institucional, aunque sin traducirse en alineamiento político. La Iglesia Católica conserva un papel relevante como mediadora moral y política en un contexto de alta polarización, violencia territorial y deterioro del lenguaje público. Su capacidad para promover espacios de diálogo entre el Ejecutivo, el Congreso y otras ramas del poder sigue siendo uno de los principales factores que sostienen una mejora relativa frente al bajo nivel observado en abril de 2025. Sin embargo, esta recomposición es limitada. La crisis de seguridad en regiones como Cauca, la persistencia de grupos armados, la propuesta presidencial de Asamblea Constituyente y la confrontación con el Congreso aumentan la preocupación eclesial por la estabilidad institucional, la convivencia democrática y la paz territorial. La Iglesia puede coincidir con el Gobierno en objetivos sociales generales, pero mantiene distancia frente a la retórica de confrontación y frente a la incertidumbre que generan algunas reformas. A ello se suma la tensión por la eventual tributación de iglesias y la distancia de sectores evangélicos y cristianos no católicos, que observan con desconfianza parte de la agenda social, fiscal y moral del petrismo. En consecuencia, el Gobierno mantiene canales de diálogo con la Iglesia Católica y se beneficia parcialmente de su función mediadora, pero no cuenta con un respaldo religioso amplio ni estructural. Calificación de apoyo: 2.00/5, levemente por encima del 1.90/5 registrado en diciembre de 2025.
MINORIAS ACTIVAS
Durante el periodo de análisis, el gobierno de Gustavo Petro registra una leve recomposición en su relación con las minorías activas, aunque el vínculo continúa siendo crítico y fragmentado. La puesta en marcha de las Entidades Territoriales Indígenas, la apertura de consultas previas con comunidades indígenas y afrodescendientes, y la defensa pública de la minga indígena refuerzan parcialmente la legitimidad del Ejecutivo ante sectores que históricamente han reclamado reconocimiento territorial, autonomía y participación efectiva. No obstante, esta mejora es limitada. La violencia territorial en Cauca, Catatumbo y otras regiones habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas mantiene una fuerte sensación de abandono estatal. Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen siendo un factor de deslegitimación, especialmente para organizaciones ambientales, territoriales y de derechos humanos. En el campo feminista y de diversidad sexual, el Gobierno conserva una agenda discursiva e institucional favorable —como la política exterior feminista y directivas contra la discriminación—, pero enfrenta críticas por la brecha entre el discurso progresista y los resultados concretos, especialmente frente a la violencia de género y los asesinatos de personas trans. En consecuencia, las minorías activas no rompen con el gobierno de Petro, pero tampoco actúan ya como una base de apoyo entusiasta. La relación se caracteriza por afinidad ideológica residual, presión reivindicativa, exigencia de implementación y creciente frustración territorial. Calificación de apoyo: 2.82/5, levemente por encima del 2.70/5 registrado en diciembre de 2025.
PODER LEGISLATIVO
En el periodo de análisis, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso colombiano se mantiene en una fase de confrontación abierta, con un nuevo deterioro respecto de diciembre de 2025. El Legislativo continúa operando como uno de los principales límites institucionales al proyecto presidencial, bloqueando o dilatando reformas centrales del Ejecutivo. La reforma a la salud fue rechazada nuevamente y apenas conserva una posibilidad incierta de reconsideración; la ley de jurisdicción agraria permanece bloqueada por falta de cuórum; y el proyecto destinado a mantener con vida el Ministerio de Igualdad sigue estancado en primer debate. Esta situación confirma la pérdida de capacidad del Ejecutivo para articular mayorías legislativas estables. El Gobierno conserva apoyos en el Pacto Histórico y en algunos aliados puntuales, pero no cuenta con una base mínima de gobernabilidad parlamentaria. En lugar de recomponer la relación con el Congreso, Petro ha escalado la confrontación mediante acusaciones contra las bancadas opositoras y la promoción de una Asamblea Constituyente como vía alternativa para desbloquear sus reformas sociales. En consecuencia, el Congreso actúa más como poder de veto y control que como instancia de cooperación legislativa. La relación es baja en consenso, baja en obediencia y altamente adversarial. Calificación de apoyo: 1.10/5, por debajo del 1.30/5 registrado en diciembre de 2025.
GOBERNADORES, PRESIDENTES, REGIONALES, ALCALDES
Entre enero y mayo de 2026, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las autoridades subnacionales registra un nuevo deterioro respecto de diciembre de 2025. Gobernadores y alcaldes profundizaron una actitud defensiva frente al Ejecutivo, especialmente por la seguridad, la autonomía territorial, la inversión pública y las decisiones adoptadas bajo emergencia económica. La negativa de mandatarios departamentales y municipales a aplicar tributos derivados de la emergencia marcó un punto de alta confrontación institucional, al cuestionar la constitucionalidad de las medidas y su impacto sobre la inversión social territorial. La tensión también se manifestó en las grandes ciudades. Los alcaldes agrupados en Asocapitales denunciaron recortes, falta de diálogo y abandono del Gobierno nacional hacia las capitales. En paralelo, mandatarios locales como el alcalde de Barranquilla y el gobernador de La Guajira elevaron críticas directas contra la política de “Paz Total”, señalando que la estrategia no ha reducido la extorsión ni la presencia de estructuras criminales en los territorios. La persistencia de la violencia en regiones como Cauca, Catatumbo, Arauca y La Guajira refuerza la percepción de que el Ejecutivo no ofrece una respuesta territorial efectiva. La propuesta presidencial de una Asamblea Constituyente agrega un factor adicional de incertidumbre para los gobiernos subnacionales, al abrir interrogantes sobre autonomía, competencias y reglas institucionales. En consecuencia, aunque subsisten canales formales de coordinación administrativa, el vínculo político entre el Ejecutivo y los liderazgos territoriales es muy bajo, fragmentado y predominantemente adversarial. Calificación de apoyo: 1.28/5, por debajo del 1.50/5 registrado en diciembre de 2025.
MÉXICO
Niveles de Legitimidad por Actor (Mayo 2026)
EMPRESARIOS
Durante los primeros meses de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum conserva un nivel medio-alto de legitimidad ante el empresariado mexicano, aunque con una leve erosión respecto de diciembre de 2025. El respaldo empresarial sigue apoyado en la consolidación del Plan México, la creación de mecanismos de diálogo público-privado, la promoción de inversiones mixtas, la simplificación de trámites y la coordinación del gobierno con el sector privado de cara a la revisión del T-MEC. A diferencia de etapas anteriores de Morena, Sheinbaum ha buscado una relación más institucionalizada con el empresariado, procurando combinar continuidad social del proyecto oficialista con mayor certidumbre para la inversión. Sin embargo, el respaldo empresarial continúa siendo pragmático y condicionado. La confianza empresarial se mantiene por debajo del umbral optimista, la inversión fija bruta acumula una prolongada contracción, la economía mexicana mostró una caída en el primer trimestre de 2026 y la revisión del T-MEC introduce un foco relevante de incertidumbre para manufactura, exportaciones y nearshoring. A ello se suman preocupaciones persistentes sobre seguridad, extorsión, energía suficiente y competitiva, disponibilidad de agua, certeza jurídica y reglas claras para la participación privada en sectores estratégicos. En consecuencia, la legitimidad empresarial del gobierno de Sheinbaum sigue siendo superior a la observada en períodos de mayor confrontación entre Morena y el sector privado, pero no alcanza todavía un apoyo estructural ni plenamente consolidado. Calificación de apoyo: 3.78/5, levemente por debajo del 3.90/5 registrado en diciembre de 2025.
CENTRALES SINDICALES, AGREMIACIONES
En el desarrollo del periodo analizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo mayoritariamente favorable de las centrales sindicales y organizaciones gremiales, aunque con una leve erosión respecto de diciembre de 2025. El apoyo continúa sustentado en la política de recuperación del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa del empleo formal y el Plan México como estrategia de soberanía económica y relocalización productiva. La narrativa oficial de la “primavera laboral” y los acuerdos para mejorar ingresos de trabajadores del Estado refuerzan la identificación de las centrales tradicionales con el Ejecutivo. No obstante, el respaldo sindical se volvió más condicionado y reivindicativo. La CNTE y sectores del empleo público protagonizaron paros, movilizaciones y amenazas de huelga en demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones, mejores jubilaciones, aumentos salariales y revisión de condiciones laborales. Estas tensiones no configuran una ruptura general del movimiento sindical con el Gobierno, pero sí evidencian que la relación dejó de ser de acompañamiento pleno y pasó a una fase de negociación permanente, presión sectorial y exigencia de resultados concretos. En consecuencia, la legitimidad sindical de Sheinbaum permanece en un nivel medio-alto, especialmente entre centrales tradicionales y organizaciones alineadas con la agenda laboral oficialista, pero se debilita en segmentos combativos del magisterio y del empleo público. El Gobierno conserva canales de diálogo y capacidad de contención, aunque enfrenta un sindicalismo más demandante y menos disciplinado. Calificación de apoyo: 3.55/5, por debajo del 3.70/5 registrado en diciembre de 2025.
IGLESIA
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación positiva y relativamente estructurada con la Iglesia Católica y los principales actores religiosos, con una leve mejora respecto de diciembre de 2025. El principal eje de cooperación sigue siendo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que permitió articular al Ejecutivo, la Iglesia, autoridades de seguridad y comunidades locales en torno a una agenda de pacificación, entrega voluntaria de armas y reconstrucción de confianza comunitaria. Esta iniciativa ha sido valorada por la jerarquía eclesiástica como una contribución concreta a la paz en un contexto de violencia persistente. La comunicación con el papa León XIV y la invitación presidencial para una eventual visita a México refuerzan simbólicamente el vínculo con el Vaticano. Asimismo, la coincidencia discursiva de Sheinbaum con los llamados pontificios a garantizar la paz fortalece una zona de convergencia moral entre el Gobierno y la Iglesia. No obstante, la relación sigue siendo de cooperación crítica, no de alineamiento político. La Conferencia del Episcopado Mexicano mantiene autonomía y combina reconocimiento a las iniciativas de paz con advertencias sobre corrupción, violencia, bajo crecimiento económico y reformas institucionales sensibles. En consecuencia, la legitimidad religiosa del gobierno de Sheinbaum se mantiene en un nivel medio-alto. La Iglesia Católica actúa como socio moral y comunitario en políticas de paz y desarme, mientras el Gobierno preserva un marco laico y plural. El apoyo religioso es relevante, pero condicionado a resultados concretos en seguridad, justicia y cohesión social. Calificación de apoyo: 3.75/5, levemente por encima del 3.65/5 registrado en diciembre de 2025.
MINORIAS ACTIVAS
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación relativamente favorable con las minorías activas, aunque marcada por críticas persistentes y exigencias crecientes de implementación. La agenda de reconocimiento a las mujeres indígenas, la entrada en vigor de reformas sobre igualdad sustantiva y violencia de género, y la consolidación de la Secretaría de las Mujeres refuerzan la legitimidad del Ejecutivo ante sectores feministas, indígenas y progresistas. La figura de Sheinbaum como primera Presidenta conserva un peso simbólico relevante y permite sostener canales de diálogo con actores históricamente excluidos. Sin embargo, el respaldo no es pleno ni automático. Los colectivos de familiares de desaparecidos se han convertido en uno de los principales focos de presión moral sobre el Gobierno, buscando incluso aprovechar la visibilidad del Mundial 2026 para denunciar la crisis de desapariciones. Las organizaciones LGBTIQ+ continúan reclamando protección efectiva frente a crímenes de odio y violencia transfeminicida. Defensores de derechos humanos, periodistas y jóvenes críticos también mantienen cuestionamientos por inseguridad, corrupción, impunidad y agresiones contra comunicadores. En consecuencia, la relación entre el Gobierno y las minorías activas se mantiene en una zona de apoyo crítico: existe afinidad simbólica e institucional con buena parte de la agenda de derechos, pero persiste frustración por la distancia entre discurso, reformas y resultados concretos. Calificación de apoyo: 3.46/5, levemente por encima del 3.40/5 registrado en diciembre de 2025.
FUERZAS ARMADAS
Durante el periodo analizado, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un nivel muy alto de legitimidad ante las Fuerzas Armadas. La Presidenta conserva una relación institucional sólida con Sedena y Marina, reafirmando su papel central en seguridad pública, vigilancia de aduanas, protección civil, defensa de la soberanía y cooperación estratégica bajo control constitucional. La autorización del Senado para ejercicios de adiestramiento con personal militar estadounidense confirma una fórmula de cooperación acotada, formal y compatible con la narrativa presidencial de autonomía nacional. El respaldo castrense se sostiene también en la defensa pública que Sheinbaum hace del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, rechazando que ello constituya militarización ilegal, y en la continuidad del reconocimiento al Plan DN-III-E como instrumento de protección civil y cohesión territorial. Estos elementos fortalecen la percepción de que el Ejecutivo otorga centralidad, confianza y continuidad operativa al estamento militar. No obstante, la expansión de funciones militares en ámbitos civiles genera mayores costos reputacionales. Organizaciones civiles y de derechos humanos han advertido sobre el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en la vida pública y sobre la necesidad de delimitar mejor el uso de la fuerza. Asimismo, denuncias internas de abusos contra mujeres militares obligaron al Gobierno a prometer sanciones y mayor rendición de cuentas. Estos episodios no erosionan la cadena de mando ni la lealtad militar, pero sí moderan la evaluación general. Calificación de apoyo: 4.12/5, levemente por debajo del 4.20/5 registrado en diciembre de 2025.
PODER LEGISLATIVO
En el balance preliminar de 2026, el apoyo del Poder Legislativo al gobierno de Claudia Sheinbaum se mantiene en un nivel alto, aunque con una leve corrección respecto de diciembre de 2025. Morena y sus aliados, PT y PVEM, continúan proporcionando al Ejecutivo una base parlamentaria amplia, funcional y generalmente cooperativa, lo que permite sostener la agenda del Gobierno en materia de desarrollo económico, seguridad, soberanía, inversión y reformas institucionales. No obstante, el período mostró un límite relevante de la disciplina legislativa oficialista. La reforma electoral impulsada por Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada requerida. El episodio reveló que la coalición gobernante no actúa de manera automática cuando las iniciativas afectan intereses sensibles de los propios partidos, como financiamiento público, representación proporcional y distribución de poder interno. La necesidad de construir un “Plan B” confirma que el Ejecutivo conserva capacidad de adaptación, pero debe negociar con mayor cuidado algunas reformas constitucionales. A ello se suman tensiones internas dentro de Morena por casos de corrupción y acusaciones vinculadas a autoridades locales, que podrían afectar la cohesión partidaria y legislativa en el mediano plazo. En consecuencia, el Congreso sigue siendo un pilar importante de gobernabilidad para Sheinbaum, pero ya no expresa una obediencia plena e incondicional. Calificación de apoyo: 4.02/5, levemente por debajo del 4.15/5 registrado en diciembre de 2025.
POLICÍA
En el periodo objeto de evaluación, el apoyo de las instituciones policiales al gobierno de Claudia Sheinbaum registra una leve recuperación respecto de diciembre de 2025, aunque se mantiene en un rango medio-alto y todavía condicionado por el contexto operativo. La estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, basada en inteligencia, fortalecimiento de mandos profesionales, coordinación federal-estatal y reconstrucción de capacidades policiales federales, continúa siendo bien recibida por amplios sectores de la jerarquía policial. La consolidación de una suerte de “Policía Federal 2.0” bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofrece una señal de jerarquización profesional y recuperación de capacidades civiles de investigación. Asimismo, los operativos coordinados contra bandas criminales, la actuación conjunta entre SSPC, FGR, Guardia Nacional, autoridades estatales y el Centro Nacional de Inteligencia, y la intervención federal en estados críticos como Sinaloa refuerzan la percepción de respaldo político y operativo. El Gobierno muestra una mayor capacidad de articular presencia territorial, inteligencia y acción focalizada contra estructuras criminales. Sin embargo, la legitimidad policial sigue fuertemente condicionada por el costo humano de la violencia. Los asesinatos de policías se mantienen en niveles muy altos, especialmente en entidades afectadas por disputas criminales, lo que genera desgaste, temor e insatisfacción en corporaciones locales y estatales. A ello se suman tensiones por controles al uso de la fuerza, investigaciones y sanciones ante episodios sensibles, así como el antecedente de la incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco, que reforzó el control civil pero generó malestar en sectores expuestos a operaciones de alto riesgo. En consecuencia, el apoyo policial al Gobierno mejora levemente, pero sigue siendo funcional, condicionado y dependiente de resultados tangibles en seguridad y protección institucional. Calificación: 3.52/5, por encima del 3.45/5 registrado en diciembre de 2025.
GOBERNADORES, PRESIDENTES, REGIONALES, ALCALDES
Entre enero y mayo de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación funcional y cooperativa con gobernadores, alcaldes y autoridades subnacionales. La amplia presencia territorial de Morena y sus aliados, los canales de coordinación abiertos con el municipalismo y la agenda del Plan México permiten sostener un vínculo operativo en áreas prioritarias como infraestructura, agua, servicios básicos, energía, seguridad y programas sociales. La coordinación con alcaldes de municipios de alta incidencia delictiva y los instrumentos de inversión pública y mixta refuerzan la percepción de que el Ejecutivo federal busca trabajar con los gobiernos locales más allá de la alineación partidaria. Asimismo, el plan de infraestructura y las inversiones energéticas ofrecen incentivos concretos para estados y municipios, al asociar la agenda federal con empleo, conectividad, suministro energético y desarrollo regional. No obstante, la relación enfrenta tensiones crecientes. La violencia local, la crisis de seguridad en Sinaloa, las acusaciones contra liderazgos territoriales de Morena, el reordenamiento interno del partido y la desaceleración económica introducen nuevos riesgos para la cohesión subnacional. En consecuencia, el apoyo de gobernadores y alcaldes al gobierno de Sheinbaum sigue siendo relevante y funcional, pero más condicionado a resultados concretos en seguridad, inversión, agua y obra pública. Calificación de apoyo: 3.38/5, levemente por debajo del 3.45/5 registrado en diciembre de 2025.
CONCLUSIONES
Comparación de Legitimidad por Pais (Mayo 2026)
Los resultados comparativos a mayo de 2026 confirman la persistencia de brechas estructurales en los niveles de legitimidad entre los gobiernos analizados. México se mantiene con claridad como el país con mayor respaldo agregado (3.70), consolidando una posición de liderazgo regional. El gobierno de Claudia Sheinbaum combina una relación sólida con el empresariado, un Congreso mayoritariamente favorable, un vínculo funcional con gobernadores y alcaldes, y apoyos relativamente altos en los principales actores institucionales. Esto le permite sostener una base de gobernabilidad más robusta que la observada en el resto de la región.
En un segundo escalón se ubican Chile (3.05) y Brasil (3.01), ambos con niveles intermedios de legitimidad, aunque con trayectorias distintas. Chile muestra una estructura de apoyo relativamente equilibrada, con buen respaldo de Fuerzas Armadas y policía, pero con debilidades visibles en minorías activas y actores sindicales. Brasil, por su parte, conserva apoyos importantes en sindicatos, minorías activas y sectores empresariales, aunque presenta mayores fragilidades en el frente territorial y legislativo. En ambos casos, la legitimidad es funcional, pero todavía insuficiente para hablar de consensos amplios y estables.
En el bloque inferior continúan Argentina (2.66) y Colombia (2.43). Argentina mantiene apoyos altos en Fuerzas Armadas, policía y empresariado, pero sigue mostrando déficits severos en sindicatos, Iglesia y minorías activas, lo que configura una legitimidad muy asimétrica. Colombia aparece como el caso más frágil del grupo: aunque conserva algunos apoyos parciales en sindicatos y minorías activas, exhibe debilidades marcadas en el Congreso, los gobiernos subnacionales y el empresariado. En conjunto, el panorama regional de mayo de 2026 muestra que la legitimidad sigue siendo un recurso muy desigual y que solo México dispone de una base de apoyo claramente consolidada.
