VIOLENCIA Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
INTRODUCCIÓN
Se entiende por violencia la aplicación voluntaria de la fuerza por parte de un individuo o grupo de tal modo que es intencionalmente lesiva para la persona o grupo a quien se aplica. A su vez por descomposición social entendemos la desarticulación de los patrones asociativos de solidaridad y de respeto a la dignidad de las personas, a la autoridad, al marco normativo del Estado de Derecho y a las Instituciones
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
-
Altos niveles de crimen organizado, delincuencia común o violencia política aumentan los riesgos de ataques, extorsiones, robos de infraestructura, amenazas a empleados y afectaciones logísticas en zonas donde las empresas operan plantas, redes eléctricas o proyectos de expansión.
-
Eventos como secuestros, sabotajes o conflictos armados pueden paralizar operaciones críticas, dañar activos o interrumpir la distribución de energía, afectando el suministro a clientes y generando pérdidas económicas y de reputación.
-
A mayor descomposición social, mayores son los costos en seguridad privada, sistemas de protección, seguros, vigilancia electrónica y protocolos de contingencia, impactando directamente en la rentabilidad de las operaciones.
-
Altos niveles de corrupción política y violencia institucional (militar/policial) dificultan la previsibilidad normativa, la obtención de permisos, las negociaciones con autoridades locales y el cumplimiento regulatorio, incrementando la exposición jurídica.
-
Tener un diagnóstico claro de la violencia y descomposición social permite priorizar territorios más estables para nuevas inversiones, postergar proyectos de alto riesgo o diseñar estrategias diferenciadas de mitigación según la naturaleza de cada amenaza.
MAPA DE CALOR
El siguiente Mapa de Calor permite visualizar de manera rápida y comparativa qué variables contribuyen con mayor fuerza a los niveles de violencia y descomposición social en los países analizados. A través de un simple golpe de vista, los colores más intensos reflejan áreas de riesgo crítico, mientras que los tonos más claros evidencian situaciones de menor gravedad. Esta herramienta facilita la identificación de patrones de inseguridad y deterioro social, proporcionando una base sólida para evaluar la estabilidad de los entornos, anticipar escenarios de crisis y orientar decisiones estratégicas en materia de inversión, operación y gestión de riesgos.
ARGENTINA
Niveles de Violencia y Descomposición Social por componente (Mayo 2026)
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad Terrorista y Guerrillera se mantiene en nivel bajo, sin registro de atentados consumados, intentos frustrados confirmados ni actividad guerrillera doméstica organizada durante enero–mayo de 2026. No se identificó un patrón insurgente ni células locales con capacidad operativa comprobada. Sin embargo, el componente latente-institucional mostró una intensificación incremental respecto de diciembre de 2025. El Gobierno nacional reforzó el encuadre preventivo frente al terrorismo transnacional mediante la inscripción de la Fuerza Quds y de la Guardia Revolucionaria iraní en registros de organizaciones terroristas, así como mediante la elevación del nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional tras el agravamiento de la tensión en Medio Oriente. Esta medida incluyó objetivos sensibles, infraestructura crítica, comunidad judía, representaciones diplomáticas y controles fronterizos. El frente Irán/Hezbollah continuó siendo el principal vector de riesgo estratégico, más por antecedentes históricos, exposición diplomática y medidas preventivas que por actividad operativa actual en territorio argentino. A su vez, algunos procesos vinculados al crimen organizado transnacional fueron encuadrados judicialmente bajo figuras de financiamiento del terrorismo, aunque no constituyen por sí mismos actividad terrorista o guerrillera en sentido estricto, al no verificarse motivación ideológica o insurgente. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando se registró la detención de un individuo radicalizado vinculado al Estado Islámico en General Roca, el período enero–mayo de 2026 presenta menor actividad operativa doméstica, pero mayor activación preventiva e institucional. Por ello, la calificación sube levemente de 1.05 a 1.15, reflejando un aumento marginal del riesgo latente, sin configurar un cambio estructural en la amenaza terrorista o guerrillera del país.
SECUESTRO
El secuestro extorsivo se mantuvo en un umbral bajo-moderado, con un leve incremento durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no presenta una expansión territorial sostenida ni una dinámica sistemática comparable con otros países de la región, pero conserva capacidad de reaparición puntual y continuidad operativa en áreas urbanas. El cierre de 2025 fue históricamente bajo. Los reportes de UFECO ubicaron los secuestros extorsivos de ese año entre 14 y 15 casos, según el corte estadístico utilizado, el registro más bajo de la última década. En diciembre se registraron dos hechos en Córdoba, ambos con víctimas adultas liberadas sin pago de rescate, lo que confirmó episodios concretos pero no una ola sostenida. Durante enero–abril de 2026 se registró un hecho mensual, acumulando cuatro secuestros extorsivos al 30 de abril. Los casos de enero y febrero muestran modalidades de baja duración, liberación cercana al lugar de interceptación y utilización de plataformas virtuales para el pago, lo que sugiere un patrón más asociado a criminalidad urbana de oportunidad o redes de baja escala que a estructuras especializadas de secuestro de alta rentabilidad. En comparación con enero–mayo de 2025, el nivel sigue siendo acotado. La diferencia principal es la regularidad mensual observada en el inicio de 2026, que impide reducir la calificación. Sin embargo, la ausencia de secuestros prolongados, expansión territorial, múltiples víctimas o altos rescates confirma que el fenómeno se encuentra contenido. Por ello, la calificación sube levemente de 2.20 a 2.23. El incremento es marginal: responde a la continuidad mensual del primer cuatrimestre, pero Argentina permanece en un nivel bajo-moderado por la escasa frecuencia, la baja rentabilidad aparente de los casos recientes, la rápida liberación de víctimas y la capacidad institucional de seguimiento a través de UFECO.
CRIMEN ORGANIZADO
La subvariable Crimen Organizado se mantiene en Argentina en un nivel medio-alto, con concentración territorial en el corredor Rosario–Santa Fe y ramificaciones logísticas hacia Buenos Aires, rutas del norte, cárceles, aeropuertos y circuitos internacionales. El fenómeno no alcanza la escala estructural de México, Brasil o Colombia, pero constituye un factor relevante de violencia, degradación institucional y riesgo operativo en zonas específicas. Durante enero–mayo de 2026, el Plan Bandera continuó operando como principal instrumento de contención estatal en Rosario y su área metropolitana. La presencia coordinada de fuerzas federales y provinciales, los patrullajes, operativos de saturación, destrucción de búnkeres, incautación de armas y control penitenciario permitieron reducir la violencia homicida y recuperar capacidad de presencia estatal. Sin embargo, la reiteración de allanamientos, detenciones e incautaciones evidencia que las redes criminales conservan capacidad de recomposición, especialmente en la venta minorista, el circuito de armas, la recaudación territorial y la articulación con estructuras carcelarias. El hecho más significativo del período fue la interceptación en mayo de una avioneta narco en Santa Fe con más de 321 kilos de cocaína, vinculada a una investigación sobre vuelos clandestinos y a una organización criminal de mayor escala. A ello se suman la incautación de 67 kilos de droga en un colectivo proveniente de Orán hacia Buenos Aires y la desarticulación de una red internacional que enviaba cocaína desde Ezeiza hacia Francia mediante encomiendas aéreas. Estos hechos confirman que Argentina no solo opera como mercado de consumo, sino también como territorio logístico de tránsito, acopio y exportación. El sistema penitenciario, especialmente en la provincia de Buenos Aires, aparece como un factor adicional de degradación institucional. Las denuncias sobre decenas de miles de líneas celulares activas en cárceles bonaerenses y la posibilidad de ordenar extorsiones, estafas y delitos desde los penales muestran que el encarcelamiento no siempre interrumpe la capacidad operativa de las redes criminales. En comparación con diciembre de 2025, la situación no muestra un quiebre estructural al alza, pero sí una intensificación cualitativa por la exposición de circuitos aéreos clandestinos, conexiones internacionales y persistencia de economías criminales en Rosario–Santa Fe. Por ello, la calificación sube de 3.10 a 3.20. El aumento es incremental: la capacidad estatal de contención existe y ha mostrado resultados, pero el crimen organizado conserva capacidad operativa, logística y penitenciaria suficiente para seguir afectando la gobernabilidad territorial y elevar los costos de seguridad para empresas que operan en zonas sensibles.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Corrupción Política se mantiene en Argentina en un umbral alto. El período enero–mayo de 2026 no muestra una reversión sostenida del riesgo, sino una mayor judicialización y visibilidad pública de casos que afectan tanto al ciclo político anterior como al gobierno actual. El caso más relevante del período fue la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La justicia procesó a 19 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico, por presuntos sobornos, sobreprecios y adjudicaciones fraudulentas en compras de medicamentos e insumos. La gravedad del caso aumenta por tres razones: afecta recursos destinados a personas con discapacidad, involucra compras públicas sensibles y golpea directamente el discurso moralizador del gobierno de Javier Milei. La posterior revelación de sobreprecios de hasta 4.000% en insumos profundizó la percepción de captura administrativa y daño fiscal. En paralelo, continuaron las derivaciones judiciales de la corrupción estructural del ciclo kirchnerista. La confirmación del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner por su condena en la causa de obra pública ratifica que Argentina arrastra redes históricas de corrupción estatal, particularmente vinculadas a contratos públicos y relaciones entre poder político y empresarios favorecidos. Este frente funciona, al mismo tiempo, como evidencia de persistencia del problema y como señal de capacidad judicial de sanción. El gobierno actual también enfrenta un deterioro de confianza por las sospechas de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por denuncias asociadas a patrimonio, viajes, pagos en efectivo y gastos difíciles de justificar. Aunque estos casos aún se encuentran en investigación y no implican culpabilidad definitiva, aumentan el costo político porque afectan al núcleo del oficialismo y generan tensiones internas. A ello se suma la advertencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones estratégicas más importantes del país. Las irregularidades señaladas en los pliegos, la posible afectación de cláusulas anticorrupción y el riesgo de direccionamiento elevan la preocupación sobre transparencia en grandes contratos públicos. Por estas razones, la calificación sube de 3.55 a 3.70. No se propone una nota superior porque existen mecanismos de contención: investigaciones judiciales, embargos, actuación de la PIA, prensa activa y controles patrimoniales formales. Sin embargo, la coexistencia de corrupción heredada, investigaciones que alcanzan al entorno del gobierno actual y riesgos en contrataciones estratégicas confirma que Argentina mantiene un problema alto de corrupción política, con impacto directo sobre confianza institucional, seguridad jurídica, competencia empresarial y gobernabilidad.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La Violencia Militar o Policial se mantiene en un nivel medio-alto. El fenómeno no se expresa como un pico único de letalidad estatal ni como militarización generalizada, sino como un patrón persistente de tensión entre orden público y garantías constitucionales, especialmente en contextos de protesta social, detenciones y condiciones de custodia. El antecedente más grave del ciclo reciente continúa siendo la represión de marzo de 2025 frente al Congreso, durante una protesta de jubilados y otros sectores sociales, que dejó más de 120 detenidos, decenas de heridos y un fotoperiodista gravemente lesionado. Ese episodio instaló una preocupación nacional e internacional sobre el uso de gases, balas de goma, camiones hidrantes y detenciones masivas en manifestaciones. Durante el segundo semestre de 2025, las advertencias de relatores de Naciones Unidas y las observaciones del Comité contra la Tortura reforzaron el diagnóstico de deterioro. Los organismos internacionales cuestionaron el llamado protocolo antipiquetes, alertaron sobre restricciones al derecho de reunión pacífica y expresaron preocupación por violencia institucional, malos tratos, condiciones de detención y falta de independencia suficiente en investigaciones sobre abusos. En enero–mayo de 2026 no se registra un episodio de igual magnitud al de marzo de 2025, pero sí continuidad del patrón. Las protestas por la reforma laboral dejaron heridos y detenidos, y los organismos de prevención de la tortura señalaron que la represión y las detenciones arbitrarias aumentaron durante el último año. Esto confirma que el problema no se ha revertido, sino que se mantiene como una tensión estructural del modelo de seguridad pública. La respuesta institucional opera como contención parcial. Existen monitoreo de organismos nacionales, intervención judicial, denuncias legislativas, informes internacionales y escrutinio público. Sin embargo, esas herramientas no han logrado todavía modificar de manera suficiente los incentivos operativos que llevan al uso intensivo de la fuerza en protestas. Por ello, la calificación sube de 3.40 a 3.45. El aumento es leve porque no hubo, en enero–mayo de 2026, un salto masivo de letalidad estatal. Pero Argentina permanece en un umbral medio-alto por la persistencia del uso de fuerza en protestas, las detenciones cuestionadas, la presión sobre periodistas y manifestantes, y la activación de mecanismos internacionales de supervisión sobre tortura, malos tratos y estándares de uso legítimo de la fuerza.
VIOLENCIA POLÍTICA
La Violencia Política se mantiene en un rango medio. El fenómeno no se expresa como una secuencia sostenida de agresiones físicas generalizadas, atentados o violencia partidaria organizada, sino como un clima de polarización intensa, hostigamiento discursivo, amenazas focalizadas y deterioro del entorno democrático para periodistas, opositores y actores públicos. Durante el cierre de 2025 ya se habían registrado amenazas contra figuras de alto nivel, incluida la detención de un sospechoso por amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei. Estos episodios fueron canalizados judicialmente, lo que funciona como factor de contención, pero muestran que la polarización puede producir conductas individuales de intimidación o riesgo de agresión. En enero–mayo de 2026, el elemento más relevante es la consolidación del hostigamiento político-mediático. El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió sobre ataques públicos, acoso judicial, represión y hostigamiento en línea contra periodistas en Argentina. FOPEA, por su parte, presentó su informe anual 2025 señalando un aumento de 55% en ataques contra la prensa y ubicando al presidente Milei como autor de 119 hechos registrados. Esto no equivale a violencia física sistemática, pero sí constituye violencia política de baja intensidad con efectos intimidatorios sobre la deliberación pública. El conflicto simbólico sobre la memoria de la dictadura también elevó la densidad política del período. El 24 de marzo de 2026, al cumplirse 50 años del golpe de Estado, el gobierno difundió un mensaje de “memoria completa” mientras se realizaban marchas masivas por Memoria, Verdad y Justicia. Esta disputa reactiva un clivaje histórico de alta sensibilidad y puede reforzar dinámicas de confrontación entre oficialismo, organismos de derechos humanos, oposición y sectores militares o exmilitares. La reconfiguración política de mayo de 2026 agrega presión adicional. El peronismo busca articular una alianza amplia frente al gobierno, mientras Mauricio Macri tomó distancia de Milei y cuestionó su liderazgo emocional y personalista. Esta combinación amplía la competencia y aumenta la posibilidad de una campaña futura altamente polarizada. Por ello, la calificación sube de 2.95 a 3.00. El incremento es leve porque no hay evidencia de violencia política extendida ni de organizaciones dedicadas a la agresión física de adversarios. Sin embargo, Argentina muestra un deterioro del clima democrático: amenazas focalizadas, hostigamiento a periodistas, polarización digital, confrontación sobre memoria histórica y debilitamiento de consensos básicos de convivencia política.
DELINCUENCIA COMÚN
La subvariable Delincuencia Común se mantiene en un umbral alto, aunque con una leve corrección a la baja durante enero–mayo de 2026. El fenómeno continúa siendo una preocupación central en los principales conglomerados urbanos, especialmente por robos violentos, motochorros, asaltos en la vía pública, robos de vehículos y delitos contra la propiedad con uso de violencia. Sin embargo, la evidencia pública disponible no permite afirmar un deterioro generalizado del cuadro nacional. Las estadísticas criminales oficiales muestran una trayectoria reciente de reducción de homicidios dolosos a escala nacional. Al mismo tiempo, provincias como Santa Fe mantienen sistemas de monitoreo mensual sobre homicidios y heridas por arma de fuego, lo que indica mayor capacidad de seguimiento y producción de información. El problema persiste con mayor intensidad en territorios urbanos críticos. El conurbano bonaerense sigue siendo el principal espacio de preocupación por la recurrencia de robos violentos y delitos contra la propiedad, mientras Rosario y Santa Fe mantienen una sensibilidad especial por la interacción entre violencia urbana, armas y mercados ilegales. CABA, por su parte, muestra una agenda de seguridad más activa, con operativos de alto impacto en barrios populares, aunque acompañados de críticas por posible uso político y por cuestionamientos a los controles judiciales. La aprobación de la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años confirma que la inseguridad común mantiene una fuerte presión social y legislativa. No obstante, esa respuesta punitiva expresa más la intensidad de la demanda ciudadana que un salto estadístico necesariamente verificable en la criminalidad. Por estas razones, la calificación baja levemente de 3.70 a 3.40. La reducción es marginal: Argentina no presenta una descompresión estructural de la delincuencia común, pero tampoco evidencia un deterioro nacional sostenido durante enero–mayo de 2026. El balance es de persistencia en rango alto, con señales de contención relativa, mayor producción de información y respuestas operativas focalizadas.
BRASIL
Niveles de Violencia y Descomposición Social por componente (Mayo 2026)
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad Terrorista y Guerrillera se mantiene en nivel bajo, sin presencia de actividad guerrillera formal, insurgencia armada territorial ni patrón sostenido de terrorismo doméstico durante enero–mayo de 2026. No se registraron atentados consumados ni organizaciones insurgentes con continuidad operativa. No obstante, el período presenta un hecho de mayor gravedad relativa respecto del cierre de 2025: en enero, la Policía Federal detuvo a un investigado por actos preparatorios de terrorismo y presunta integración a una organización terrorista internacional, señalado por preparar un chaleco con explosivos destinado a un atentado suicida en territorio brasileño. Este caso eleva el riesgo desde el plano de la radicalización digital hacia una dimensión operativa frustrada. A ello se suman operaciones contra contenidos extremistas violentos, crímenes de odio e incitación a la violencia en Río de Janeiro y Maranhão, que muestran persistencia de focos de radicalización online, aunque sin configurar por sí mismos una amenaza terrorista estructurada. La respuesta estatal —Policía Federal, cooperación internacional y medidas judiciales— funcionó como factor de contención, evitando escalamiento y limitando el impacto institucional. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando el principal antecedente fue la Operación Leviatã contra actos preparatorios de terrorismo e incitación al odio en ambiente digital, 2026 muestra un incremento cualitativo por la existencia de preparación material de un atentado con explosivos. Sin embargo, la baja frecuencia, la neutralización temprana y la ausencia de continuidad territorial impiden hablar de un cambio estructural. Por ello, la calificación sube de 1.25 a 1.35, reflejando un aumento incremental moderado del riesgo operativo, sin configuración de insurgencia o terrorismo sostenido.
SECUESTRO
La subvariable Secuestro se mantiene en Brasil en un umbral muy alto, aunque con una leve corrección a la baja durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no se expresa principalmente como secuestro clásico de larga duración, sino como secuestro breve o “sequestro relâmpago”, asociado a retención de víctimas, coerción física o psicológica y transferencias digitales inmediatas mediante Pix. La expansión del Pix transformó la economía criminal del secuestro. En São Paulo, los casos de extorsión mediante secuestro pasaron de 39 víctimas en 2020 a 289 en 2022, y aunque luego descendieron a 151 en 2025, no regresaron a los niveles previos a la masificación de los pagos instantáneos. Esta evolución muestra que el fenómeno adquirió una nueva funcionalidad: menor duración, menor logística, mayor repetibilidad y monetización inmediata. Durante enero–mayo de 2026, el principal factor de contención fue la entrada en vigor de nuevas reglas de seguridad del Pix. La actualización del Mecanismo Especial de Devolución permite rastrear mejor el recorrido del dinero, bloquear cuentas y mejorar la recuperación de valores en casos de fraude, golpes o coerción. Estas medidas reducen parcialmente la ventana de rentabilidad para los delincuentes, pero no eliminan el incentivo criminal ni la capacidad de retener víctimas para forzar transferencias. En comparación con el cierre de 2025, no se observa un deterioro adicional que justifique subir la calificación. Sin embargo, tampoco hay una descompresión estructural: el secuestro relámpago sigue instalado como modalidad urbana de alta visibilidad y fuerte impacto psicológico, económico y operativo. Su conexión con cuentas intermediarias, fraude financiero, robo de celulares y bandas urbanas mantiene el riesgo en un rango muy alto. Por ello, la calificación baja levemente de 4.15 a 4.05. La reducción refleja la aparición de nuevas herramientas financieras de contención y la caída respecto del pico de 2022, pero el puntaje sigue siendo elevado porque Brasil conserva una modalidad de secuestro extorsivo adaptable, recurrente y directamente vinculada a la vida urbana, la movilidad cotidiana y la seguridad financiera de ciudadanos y empresas.
CRIMEN ORGANIZADO
La subvariable Crimen Organizado se mantiene en Brasil en un nivel muy alto, con un nuevo incremento respecto del cierre de 2025. El fenómeno combina control territorial, violencia armada, redes carcelarias, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, penetración en economías legales y creciente capacidad de influencia sobre nodos institucionales y municipales. Las facciones más relevantes —en particular el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho— conservan una capacidad operativa nacional, con presencia en múltiples estados y articulación en mercados ilícitos y legales. Durante enero–mayo de 2026, el dato más relevante no fue un aumento general de homicidios, ya que el primer trimestre registró el menor número de homicidios dolosos y latrocinios de la década, sino la consolidación de una dimensión económico-institucional más compleja. Las operaciones contra lavado de dinero, uso de empresas de fachada, fintechs, combustibles, juego ilegal, redes patrimoniales y posible infiltración en prefecturas muestran que el crimen organizado brasileño ya no puede ser analizado únicamente como fenómeno territorial o narcotraficante, sino como una estructura de poder económico con capacidad de penetrar mercados legales y capturar nodos de decisión. El caso más significativo del período fue la Operación Contaminatio contra integrantes del PCC acusados de infiltrar prefecturas para lavar recursos del tráfico, acceder a fondos públicos, influir en procesos políticos y utilizar una fintech para gestionar finanzas municipales. El bloqueo judicial de R$ 513 millones indica la magnitud patrimonial del fenómeno. A ello se sumaron operaciones contra el Comando Vermelho, esquemas financieros superiores a R$ 500 millones, redes de lavado vinculadas al juego do bicho, contrabando, criptomonedas y tráfico internacional de drogas. En paralelo, la dimensión territorial sigue siendo crítica, especialmente en Río de Janeiro, donde los enfrentamientos entre fuerzas estatales y facciones continúan afectando movilidad, turismo, vida cotidiana y percepción de seguridad. El episodio de abril, en el que alrededor de 200 turistas quedaron atrapados en Morro Dois Irmãos durante un tiroteo vinculado a una operación contra el Comando Vermelho, ilustra cómo la disputa criminal-policial produce impactos urbanos y reputacionales más allá de las comunidades directamente controladas por facciones. La respuesta estatal fue significativa. La Operación Força Integrada II movilizó acciones en 16 estados, con decenas de prisiones, búsquedas, incautaciones y bloqueo de más de R$ 100 millones. Además, el Gobierno federal lanzó el programa Brasil Contra o Crime Organizado, con R$ 11,1 mil millones orientados a asfixia financiera, sistema penitenciario, investigación de homicidios y control de armas. Estas medidas muestran mayor capacidad de coordinación estatal, pero también confirman que el problema alcanzó una escala nacional y sistémica. Por ello, la calificación sube de 4.65 a 4.70. No se propone una nota mayor porque el Estado conserva capacidad de reacción, los homicidios nacionales muestran reducción y existen instrumentos federales más robustos de contención. Sin embargo, Brasil permanece en una zona de riesgo muy alto por la combinación de control territorial, poder financiero, penetración institucional, expansión interestadual y capacidad de las facciones para adaptarse a la presión estatal.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Corrupción Política se mantiene en un umbral alto. El país conserva instituciones activas de investigación, control y sanción —Policía Federal, Ministerio Público, Receita Federal, Supremo Tribunal Federal, Congreso y prensa—, pero la acumulación de casos durante enero–mayo de 2026 confirma la persistencia de redes de captura administrativa, fraude financiero, corrupción de élites y vulnerabilidad de organismos estatales. El caso INSS continúa siendo el principal vector de descomposición institucional. La CPMI aprobó pedidos de prisión, retención de pasaportes y quiebras de sigilo de servidores, familiares de investigados y decenas de empresas, mientras nuevas operaciones policiales revelaron vulnerabilidades en sistemas previdenciarios, inserción de vínculos laborales falsos y posibles fraudes en beneficios. La gravedad del caso proviene de su alcance social: afecta a jubilados y pensionistas, y erosiona la confianza en una de las estructuras públicas más sensibles del Estado brasileño. En paralelo, la judicialización de élites políticas se mantiene activa. La ejecución penal contra Fernando Collor de Mello por corrupción pasiva y lavado de dinero refuerza la capacidad del Supremo para sancionar casos emblemáticos, pero también recuerda que la corrupción de alto nivel sigue siendo un rasgo persistente del sistema político brasileño. A ello se suma el antecedente de 2025 del Ministerio de Comunicaciones, cuando Juscelino Filho dejó el cargo tras denuncia de la PGR por presunta corrupción vinculada a enmiendas parlamentarias. El período también muestra una ampliación del riesgo hacia el sistema financiero y fiscal. La Operación Exfil investigó el acceso ilícito a datos fiscales sigilosos de autoridades y familiares; las operaciones Títulos Podres y Consulesa II apuntaron a fraudes tributarios con perjuicio estimado de R$ 770 millones; y Compliance Zero avanzó sobre corrupción, lavado de dinero, organización criminal y delitos contra el sistema financiero. Estos casos sugieren que la corrupción brasileña no opera solo mediante sobornos clásicos, sino a través de sistemas, datos, créditos fiscales, empresas, intermediarios y mecanismos financieros complejos. El escándalo Banco Master–Flávio Bolsonaro añade un componente político-electoral de alta sensibilidad. Aunque las responsabilidades aún deben ser determinadas, la revelación de pedidos de financiamiento a un banquero detenido por un gran escándalo financiero golpea la credibilidad de un precandidato presidencial y reactiva la percepción de vínculos opacos entre política, dinero privado y redes investigadas. Por estas razones, la calificación sube de 3.95 a 4.05. No se propone una nota mayor porque Brasil mantiene capacidad institucional de investigación, cooperación interagencial, bloqueos patrimoniales y sanciones judiciales. Sin embargo, la persistencia de fraudes masivos, corrupción de élites, vulnerabilidad de sistemas públicos, financiamiento político opaco y captura administrativa confirma que la corrupción política sigue siendo un factor alto de descomposición institucional y riesgo para la gobernabilidad.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La Violencia Militar o Policial se mantiene en un umbral alto, con un nuevo incremento durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no se reduce a un episodio aislado de uso excesivo de la fuerza, sino que refleja un patrón persistente de letalidad policial, operaciones de gran escala en territorios periféricos y deficiencias estructurales de control, investigación y rendición de cuentas. El antecedente más grave continúa siendo la Operación Contenção, realizada en Río de Janeiro en octubre de 2025 contra el Comando Vermelho en los complejos de Penha y Alemão. El operativo dejó más de 120 muertos, incluidos policías, y fue calificado como la operación más letal de la historia reciente del estado. Las denuncias de ejecuciones, cuerpos alineados en la vía pública, afectación de comunidades y baja utilidad operativa del resultado elevaron el costo institucional de la seguridad pública brasileña. Durante 2026, el impacto de esa operación no se disipó. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el operativo y cuestionó sus resultados para la seguridad pública. Esta intervención internacional confirma que la violencia policial brasileña ya no es solo un problema interno, sino un tema de escrutinio regional en materia de derechos humanos. Los datos nacionales del primer trimestre de 2026 refuerzan el diagnóstico. Las acciones policiales provocaron 1.716 muertes en Brasil, equivalentes a 19 muertes por día. São Paulo, por su parte, registró 142 muertes causadas por policías en servicio durante los primeros tres meses del año. Estos datos muestran que la letalidad policial no se limita a Río de Janeiro ni a operativos excepcionales, sino que constituye una pauta extendida. La respuesta institucional existe, pero sigue siendo insuficiente. Hay investigaciones, debates normativos, presión de organismos de derechos humanos, datos oficiales y cuestionamientos judiciales o internacionales. Sin embargo, no se observa una descompresión verificable ni un cambio operativo capaz de reducir de manera sostenida la letalidad. Por ello, la calificación sube de 3.35 a 3.48.
VIOLENCIA POLÍTICA
La subvariable Violencia Política se mantiene en un nivel moderado-alto, con un incremento leve durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no se expresa actualmente como una secuencia nacional de ataques masivos en el espacio público, pero sí como una amenaza latente creíble asociada a polarización, violencia electoral, radicalización de redes políticas y confrontación institucional en torno al caso Bolsonaro. El elemento cualitativo más grave sigue siendo la trama golpista investigada y juzgada por el Supremo Tribunal Federal. Según la denuncia de la Procuraduría General de la República, el plan “Punhal Verde Amarelo” contemplaba la muerte de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes, mediante posibles explosivos, armamento bélico o envenenamiento. Aunque el plan fue neutralizado, su sola existencia eleva la gravedad del riesgo porque demuestra disposición a la violencia política extrema contra autoridades centrales del Estado. La condena de Bolsonaro y de otros exfuncionarios por intento de golpe opera como factor de contención institucional: el sistema judicial mostró capacidad para investigar, juzgar y sancionar una amenaza contra el orden democrático. Sin embargo, esa misma judicialización mantiene activa la polarización, alimenta discursos de persecución, incentiva presiones sobre el STF y puede funcionar como catalizador de episodios focalizados de intimidación o agresión. A esta dimensión nacional se suma la violencia política electoral. En el ciclo municipal de 2024, los relevamientos de organizaciones especializadas registraron un récord de casos, incluyendo amenazas, agresiones, atentados, ofensas y asesinatos. Aunque 2025 y el primer tramo de 2026 no muestran una campaña municipal equivalente, el año presidencial reactiva el riesgo de violencia contra candidatos, jueces, autoridades electorales, periodistas y símbolos institucionales. La dimensión territorial también es relevante. Los conflictos rurales y ambientales siguen generando asesinatos y amenazas contra defensores de derechos, liderazgos comunitarios y actores locales. La Comisión Pastoral de la Tierra informó que los asesinatos en conflictos de tierra se duplicaron en 2025, lo que confirma que la violencia política brasileña no se agota en Brasilia ni en el eje Bolsonaro–Lula, sino que también se expresa en disputas por tierra, ambiente y control territorial. Por ello, la calificación sube de 2.80 a 2.90. No se propone una nota superior porque el Estado mantiene capacidad de contención judicial, control electoral y respuesta institucional. Pero Brasil ingresa al ciclo electoral de 2026 con un riesgo político latente más alto que el promedio regional moderado: planificación violenta contra autoridades, polarización en torno al STF, antecedentes de violencia electoral récord y conflictos territoriales con capacidad de producir intimidación o agresión focalizada.
DELINCUENCIA COMÚN
La subvariable Delincuencia Común se mantiene en un umbral muy alto, aunque con una leve corrección a la baja durante enero–mayo de 2026. La delincuencia predatoria continúa siendo un componente central de la inseguridad urbana, especialmente en grandes centros metropolitanos, donde robos, hurtos, asaltos, robos de celulares, robos de vehículos y delitos de oportunidad afectan la movilidad, el comercio, el transporte y la percepción cotidiana de riesgo. El dato más relevante del período es la mejora en los indicadores de violencia letal. El Ministerio de Justicia informó que Brasil registró en el primer trimestre de 2026 el menor número de homicidios dolosos y latrocinios de la última década. Los homicidios dolosos cayeron a 7.289 casos y los latrocinios a 160, lo que sugiere una contención parcial de los delitos más graves asociados a violencia letal. Sin embargo, esta mejora no implica una descompresión estructural de la delincuencia común. En Río de Janeiro, por ejemplo, los datos del primer bimestre de 2026 muestran un cuadro mixto: caída en robos de celulares tras la alta observada el año anterior, pero aumento en robos de vehículos. Esto confirma que la criminalidad urbana se reacomoda entre modalidades delictivas, sin desaparecer como factor cotidiano de inseguridad. La comparación con el cierre de 2025 permite matizar el diagnóstico. Brasil no muestra un deterioro generalizado de la violencia común durante los primeros meses de 2026, pero tampoco una reversión sólida del problema. La frecuencia de delitos patrimoniales, la presión sobre transporte y comercio, y el costo de seguridad para empresas y ciudadanos mantienen la subvariable en rango muy alto. Por ello, la calificación baja levemente de 4.05 a 3.95. La reducción refleja la mejora en homicidios y latrocinios, pero el puntaje sigue siendo elevado porque la delincuencia común conserva alta frecuencia, fuerte visibilidad social e impacto directo sobre gobernabilidad cotidiana, movilidad urbana, costos empresariales y percepción de seguridad.
CHILE
Niveles de Violencia y Descomposición Social por componente (Mayo 2026)
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad Terrorista y Guerrillera se mantiene en Chile en un nivel alto-moderado, concentrado territorialmente en la Macrozona Sur. Durante enero–mayo de 2026 no se observa una guerrilla formal de alcance nacional ni una insurgencia clásica con control territorial consolidado; sin embargo, persiste un patrón de violencia rural organizada, ataques incendiarios, sabotaje contra activos productivos e intimidación armada contra trabajadores y empresas vinculadas al sector forestal y a faenas económicas. El período registró nuevos ataques incendiarios, entre ellos la quema de maquinaria en Nueva Imperial a comienzos de enero y la quema de dos camiones forestales en Victoria en mayo, episodio en el que trabajadores denunciaron haber sido intimidados por sujetos encapuchados y armados. Estos hechos confirman la continuidad operativa del fenómeno, aunque sin expansión hacia una insurgencia nacional. La respuesta estatal continuó operando como factor de contención mediante sucesivas prórrogas del estado de excepción constitucional en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. No obstante, la propia persistencia de esta medida desde 2022 revela que el problema mantiene impacto institucional significativo y que la normalidad estatal no ha sido plenamente restablecida en la zona. En marzo de 2026, el Gobierno informó además un aumento de 10% de la violencia en la Macrozona Sur respecto del mismo período del año anterior, lo que impide reducir la calificación. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando el ataque a la Central Hidroeléctrica Rucalhue marcó un punto de alta intensidad por su magnitud material y simbolismo estratégico, 2026 muestra menor espectacularidad, pero continuidad territorial y persistencia del riesgo. Por ello, la calificación sube levemente de 3.10 a 3.20, reflejando una variación incremental: no hay escalamiento hacia una insurgencia nacional, pero sí permanencia de una violencia político-territorial capaz de afectar infraestructura, activos productivos, seguridad de trabajadores y decisiones de inversión
SECUESTRO
El secuestro en Chile muestra un leve incremento durante enero–mayo de 2026, consolidándose en un umbral alto. El fenómeno dejó de ser excepcional respecto de la década previa y se estabilizó desde 2022 en niveles superiores a 800 casos anuales. La Fiscalía Nacional reportó 868 secuestros en 2024, el registro más alto de la década, y 341 casos durante el primer semestre de 2025. Aunque esta última cifra representó una baja frente al pico de 2024, el volumen continúa siendo elevado y no permite hablar de retorno a la normalidad previa. El rasgo estructural más preocupante es la creciente articulación del secuestro con crimen organizado transnacional. Las investigaciones sobre el Tren de Aragua revelan la presencia de múltiples células activas en Chile, con capacidad de reemplazo, especialización y participación en secuestros extorsivos, secuestros con homicidio y otros delitos graves. Esto transforma el secuestro en una herramienta de coerción económica, control de mercados ilícitos e intimidación territorial. El hecho más relevante del período fue el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera Fierro, de 84 años, ocurrido en Santiago en abril de 2026. La víctima permaneció retenida durante ocho días y los detenidos fueron vinculados al Tren de Aragua. El caso marca un salto de visibilidad y complejidad: víctima civil de alto valor, cautiverio prolongado, negociación, movilidad entre lugares de retención y participación de redes transnacionales. La respuesta estatal existe y evita una calificación más alta. La PDI, la Fiscalía, los equipos ECOH y las unidades antisecuestro han desarrollado investigaciones especializadas, detenciones y golpes contra facciones criminales. Sin embargo, la recurrencia de casos, la profesionalización del método y la capacidad de rearticulación de las bandas muestran que la contención sigue siendo parcial. Por ello, la calificación sube de 3.80 a 3.90. El incremento no implica que Chile haya alcanzado el nivel crítico de México o Colombia, pero sí reconoce que el secuestro se ha vuelto más sistémico, más transnacional y más funcional al crimen organizado, con impacto directo sobre seguridad ciudadana, confianza institucional y costos de protección para empresas extranjeras.
CRIMEN ORGANIZADO
La subvariable Crimen Organizado muestra en Chile un incremento moderado entre enero y mayo de 2026, al consolidarse un ecosistema criminal más coercitivo, transnacional y financieramente sofisticado. Aunque el país no presenta niveles de control territorial criminal comparables a Brasil, México o Colombia, la expansión de secuestros extorsivos, homicidios, tráfico de armas, drogas, lavado de activos y células vinculadas al Tren de Aragua confirma un salto cualitativo respecto de la delincuencia tradicional. El fenómeno más preocupante es la consolidación del secuestro extorsivo como práctica recurrente. Casos recientes en Santiago, Recoleta y San Miguel, junto con la alerta nacional por secuestros cometidos por el Tren de Aragua y sus facciones, muestran una modalidad de violencia orientada a generar rentas, disciplinar mercados ilícitos e intimidar a víctimas que ya no pertenecen exclusivamente al mundo criminal. El secuestro del empresario Jorge Vera Fierro, de 84 años, retenido durante ocho días y liberado tras una operación policial, marcó un punto de alto impacto público y reforzó la percepción de vulnerabilidad urbana. En paralelo, las condenas contra células del Tren de Aragua y otras organizaciones extranjeras revelan una densidad criminal creciente. En Antofagasta, siete integrantes de Los Piratas del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro con homicidio, homicidio, tráfico de drogas, material bélico, armas, explosivos y asociación criminal. En Quillota, integrantes de Los Hijos de Dios recibieron penas por más de 116 años. En Arica, la Fiscalía ha acumulado juicios y condenas contra organizaciones extranjeras dedicadas al tráfico de drogas, como Los Caleños y otras agrupaciones, evidenciando la presión del crimen transnacional sobre la frontera norte. La dimensión financiera también adquiere mayor relevancia. La operación de 2025 que desarticuló una red de lavado vinculada al Tren de Aragua, con 52 detenidos y más de 13,5 millones de dólares extraídos ilegalmente del país, sigue siendo un indicador estructural de sofisticación criminal: sociedades de papel, cuentas ficticias, criptoactivos y movimientos transnacionales de fondos muestran que el fenómeno ya opera sobre infraestructura financiera y empresarial. La respuesta estatal es significativa y evita una calificación más alta. La Fiscalía, la PDI, Carabineros, ECOH y las unidades especializadas han logrado condenas, prisiones preventivas, capturas y coordinación internacional. Sin embargo, la recurrencia de casos, la dispersión territorial y la presencia de organizaciones extranjeras indican una contención parcial, no una reversión sostenida. Por ello, la calificación sube de 3.40 a 3.50. El aumento refleja una intensificación moderada: Chile no se aproxima todavía al nivel crítico de Colombia, Brasil o México, pero el crimen organizado muestra mayor profesionalización, más coerción, mayor alcance transnacional y creciente capacidad de afectar la seguridad urbana, la confianza institucional y los costos de operación para empresas extranjeras.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Corrupción Política muestra en Chile un incremento moderado durante enero–mayo de 2026. El país conserva estándares institucionales superiores al promedio regional y mantiene una posición relativamente favorable en los indicadores internacionales de percepción de corrupción. Sin embargo, el período confirma una corrosión institucional más densa y cualitativamente más sensible que la observada en ciclos anteriores. El eje más grave continúa siendo el caso Audios/Hermosilla y sus derivaciones. La detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, representa un punto de inflexión porque desplaza el problema desde la corrupción administrativa o política tradicional hacia la integridad del sistema judicial. La sospecha de que redes de abogados, empresarios y funcionarios hayan influido sobre decisiones o nombramientos en órganos superiores del Estado erosiona la confianza en la imparcialidad de las instituciones. En paralelo, el caso Convenios y su arista ProCultura siguen operando como foco de desgaste político e institucional. Las investigaciones sobre transferencias de recursos públicos a fundaciones, eventuales irregularidades en asignaciones y posibles vínculos con actores políticos mantienen presión sobre el Ejecutivo, el Ministerio Público y los mecanismos de control del gasto público. Aunque la judicialización funciona como factor de contención, la persistencia del caso muestra fragilidad en los sistemas de transferencia, rendición y fiscalización. Durante las últimas semanas del período se agregaron además dudas patrimoniales sobre altas autoridades del nuevo gobierno, en particular por omisiones reportadas en la declaración de intereses de la ministra de Ciencia. Aunque este tipo de caso no equivale a corrupción penal probada, sí refuerza la percepción de opacidad, conflicto de interés y debilidad preventiva en los controles de integridad pública. Por ello, la calificación sube de 3.35 a 3.45. No se propone una nota más alta porque Chile mantiene instituciones activas de investigación y sanción, prensa libre, Ministerio Público autónomo y mecanismos de control relativamente robustos. Sin embargo, la combinación de tráfico de influencias, corrupción judicial, transferencias públicas opacas y dudas patrimoniales en altos cargos confirma que la corrupción política ha dejado de ser un riesgo acotado y se ha convertido en un factor relevante de descomposición institucional, con impacto directo sobre confianza pública, seguridad jurídica y clima de inversión.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La Violencia Militar o Policial se mantiene en un rango medio-alto. El fenómeno no se expresa como una escalada nacional de represión ni como un patrón masivo de letalidad estatal, sino como la consolidación de un modelo de seguridad territorial excepcional en la Macrozona Sur. Desde mayo de 2022, el estado de excepción constitucional de emergencia ha sido prorrogado en decenas de ocasiones, convirtiéndose en un esquema de larga duración. Durante 2026, el Congreso volvió a aprobar nuevas extensiones para La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Esta continuidad confirma que la seguridad en la zona sigue dependiendo de controles, patrullajes y despliegues militares-policiales persistentes. El riesgo institucional no radica solo en eventuales abusos individuales, sino en la normalización de la excepcionalidad. Cuando un régimen extraordinario se prolonga por años, aumenta la exposición a incidentes, errores operativos, superposición de funciones entre policías y Fuerzas Armadas, y debilitamiento de la frontera entre seguridad pública y defensa. Por ello, la trazabilidad de procedimientos, el mando civil, la proporcionalidad y el control externo se vuelven fundamentales. El debate sobre las Reglas de Uso de la Fuerza confirma que el sistema político reconoce la necesidad de ordenar normativamente el accionar coercitivo. Este marco puede operar como factor de contención si incorpora estándares claros, gradualidad, proporcionalidad e investigación independiente. Sin embargo, también puede ampliar márgenes de uso de fuerza si habilita respuestas potencialmente letales o eximentes de responsabilidad sin salvaguardas efectivas. El antecedente de la muerte del teniente Robert Ruiz Yáñez en una unidad COP de Ercilla, ocurrida en noviembre de 2025, mantiene valor analítico por su sensibilidad institucional. Aunque no constituye violencia estatal contra civiles, revela estrés operativo, problemas de custodia de armamento y necesidad de investigaciones transparentes en unidades desplegadas en territorio de alta tensión. Por ello, la calificación sube de 2.95 a 3.00. El aumento es leve porque no se registra una ola nacional de represión ni un salto de letalidad policial durante enero–mayo de 2026. Sin embargo, Chile permanece en rango medio-alto por la prolongación del estado de excepción, la militarización funcional de la seguridad en la Macrozona Sur, el debate sobre reglas de uso de la fuerza y los costos institucionales de mantener durante años un esquema excepcional de control territorial.
VIOLENCIA POLÍTICA
La Violencia Política se mantiene en Chile en un nivel bajo-medio. El país no registra una escalada sostenida de agresiones organizadas contra el sistema político, partidos o candidaturas a escala nacional. Tampoco existe una dinámica de asesinatos políticos o violencia partidaria comparable a Colombia, ni una amenaza contra el orden democrático similar a la brasileña. Sin embargo, el período incorpora señales que justifican elevar marginalmente la calificación. El primer elemento es la continuidad del caso Ronald Ojeda. Aunque el secuestro y asesinato del exteniente venezolano ocurrió en 2024, la investigación continúa proyectando efectos políticos durante 2026. La eventual motivación política, la posible participación de redes transnacionales y la posibilidad de requerir cooperación o interrogatorios de alto nivel mantienen el caso como un hecho excepcional dentro del escenario chileno. Su relevancia radica en que introduce una dimensión de violencia política externa dentro del territorio nacional. El segundo elemento es la presión sobre autoridades locales. Las amenazas contra alcaldes y representantes comunales vinculadas a crimen organizado deben leerse como una advertencia institucional. No constituyen violencia política partidaria clásica, pero sí muestran que economías ilegales pueden intentar condicionar decisiones públicas, intimidar autoridades y erosionar la democracia local. El tercer elemento es la consolidación de la guerra sucia digital como componente de la competencia política. Durante el ciclo electoral de 2025 se denunciaron redes de bots, cuentas anónimas y campañas de desinformación contra candidaturas relevantes, incluyendo Evelyn Matthei y Jeannette Jara. Estas prácticas no constituyen violencia física, pero sí violencia política de baja intensidad: buscan dañar reputaciones, manipular percepciones, intimidar candidaturas y degradar la confianza en la competencia democrática. En enero–mayo de 2026 no se verifica un salto hacia violencia física organizada. El ataque armado contra el expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica parece corresponder a delincuencia común, no a un atentado político. Sin embargo, su alto impacto público refuerza la percepción de vulnerabilidad de figuras institucionales en un contexto de inseguridad creciente. Por ello, la calificación sube de 2.10 a 2.15. El incremento es leve porque Chile conserva una institucionalidad sólida, competencia democrática funcional y bajo nivel de violencia política física.
DELINCUENCIA COMÚN
La subvariable Delincuencia Común se mantiene en un umbral alto, aunque con una leve corrección a la baja durante enero–mayo de 2026. El fenómeno continúa teniendo marcada visibilidad urbana y sigue afectando la movilidad cotidiana, el comercio, los barrios residenciales y la percepción de seguridad, especialmente en la Región Metropolitana y en otros centros urbanos relevantes. El dato más importante del período es la reducción de los robos violentos durante el primer trimestre de 2026. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, los robos violentos cayeron 13% a nivel nacional, mientras los robos con violencia e intimidación bajaron 16,9% y el robo violento de vehículos motorizados disminuyó 18,3%. Estos datos sugieren una mejora parcial en modalidades altamente sensibles para la ciudadanía, como encerronas, portonazos y asaltos con intimidación. Sin embargo, la mejora estadística no equivale a una reversión estructural. La delincuencia común sigue siendo una de las principales preocupaciones públicas y mantiene capacidad de generar episodios de alto impacto. El asalto armado al domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica, en San Miguel, con un adolescente fallecido y heridos, confirma que los robos violentos siguen teniendo alta visibilidad social y capacidad de alterar la sensación de seguridad en zonas urbanas residenciales. La dimensión política también es relevante. La salida temprana de la ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast muestra que la seguridad pública continúa siendo un eje crítico de gobernabilidad. Incluso con indicadores parciales a la baja, la ciudadanía mantiene una elevada sensibilidad frente a delitos contra la propiedad y contra las personas. Por ello, la calificación baja levemente de 3.70 a 3.55. La corrección refleja la mejora del primer trimestre en robos violentos, pero el puntaje se mantiene alto porque persisten patrones de victimización urbana, temor ciudadano, delitos oportunistas, presión sobre comercios y costos de seguridad para empresas y hogares.
COLOMBIA
Niveles de Violencia y Descomposición Social por componente (Mayo 2026)
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad Terrorista y Guerrillera se mantiene en niveles críticos, con un nuevo incremento respecto del cierre de 2025. A diferencia de otros países de la región, donde predominan riesgos latentes o episodios aislados, Colombia presenta actividad armada efectiva, recurrente y territorialmente extendida, protagonizada principalmente por disidencias de las FARC —incluidas estructuras del Estado Mayor Central, facciones vinculadas a Iván Mordisco, Calarcá y la estructura Carlos Patiño— y por el ELN en corredores específicos. Entre enero y mayo de 2026 se registraron hechos de alta gravedad: atentados contra infraestructura crítica como el oleoducto Caño Limón–Coveñas en Arauca; ataques coordinados en el suroccidente; uso creciente de explosivos y drones; emboscadas contra fuerza pública; y el atentado de abril en Cauca, atribuido por el Estado Mayor Central, que dejó 21 civiles muertos y 56 heridos. Este último hecho constituye uno de los puntos de mayor gravedad del período, por su letalidad, impacto civil, visibilidad nacional y cercanía al proceso electoral. La violencia no se limita a acciones simbólicas. Tiene capacidad de disrupción territorial, control social, afectación económica y presión institucional. El desmantelamiento de una fábrica de explosivos en El Tambo, Cauca, evidencia preparación sistemática para ataques de mayor escala, mientras que la muerte de cuatro soldados en Guaviare por explosivos improvisados confirma la continuidad de tácticas guerrilleras contra la fuerza pública. A ello se suma la consolidación del uso de drones explosivos, que modifica la naturaleza de la amenaza y aumenta la exposición de instalaciones militares, policiales, infraestructura y población civil. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando Colombia ya mostraba un deterioro humanitario severo, 2026 no registra una desescalada. Por el contrario, mantiene el patrón de expansión territorial, sofisticación táctica y alta letalidad civil. La advertencia del CICR sobre el peor deterioro humanitario de la década confirma que la violencia armada se ha convertido en un factor estructural de descomposición social, debilitamiento institucional y riesgo directo para operaciones empresariales, infraestructura estratégica, movilidad logística y seguridad de empleados. Por ello, la calificación sube de 4.75 a 4.85. No se propone llegar a 5.00 porque el Estado aún conserva capacidad de respuesta militar, judicial y operativa, y porque no existe una insurgencia nacional unificada con control pleno del territorio. Sin embargo, Colombia se mantiene muy cerca del extremo superior de la escala por la combinación de frecuencia, letalidad, expansión territorial, sofisticación tecnológica y presión directa sobre el Estado y la población civil.
SECUESTRO
La subvariable Secuestro se mantiene en Colombia en un umbral crítico, con un incremento durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no puede ser analizado como delito común aislado, porque opera en la intersección entre grupos armados ilegales, crimen organizado, bandas urbanas, extorsión, control territorial y economías ilícitas. El dato más relevante es el fuerte deterioro registrado en 2025: el Ministerio de Defensa contabilizó 651 secuestros extorsivos, un aumento de 108% frente al año anterior. Esta cifra confirma que el secuestro recuperó centralidad como herramienta de financiación, coerción y presión social. No se trata solo de casos oportunistas, sino de una práctica utilizada por organizaciones capaces de retener víctimas, negociar rescates y administrar el riesgo frente a la respuesta estatal. Durante los primeros meses de 2026, la Operación Jade confirmó la persistencia y amplitud del fenómeno. La Policía capturó 121 personas acusadas de secuestro y extorsión en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, y en departamentos como Chocó, Huila y Cesar. Los grupos señalados incluyeron Clan del Golfo, ELN y Tren de Aragua, lo que muestra una combinación de actores armados, crimen organizado transnacional y redes urbanas. El secuestro en Colombia mantiene una función que va más allá de la obtención de rescates. Sirve para financiar grupos ilegales, intimidar comunidades, disciplinar economías locales, presionar autoridades, restringir movilidad y demostrar control en territorios disputados. Por eso su impacto institucional es especialmente alto: erosiona el monopolio legítimo de la fuerza y aumenta la percepción de que el Estado no puede garantizar seguridad sostenida en determinadas zonas. La respuesta estatal opera como factor de contención, pero no como reversión estructural. Las capturas masivas, el seguimiento estadístico del Ministerio de Defensa y el bloqueo de señales móviles en cárceles por extorsiones telefónicas muestran actividad institucional. Sin embargo, la magnitud del aumento de 2025 y la amplitud territorial de las operaciones de 2026 indican que el fenómeno conserva resiliencia. Por ello, la calificación sube de 4.45 a 4.55.
CRIMEN ORGANIZADO
La subvariable Crimen Organizado se mantiene en Colombia en un nivel muy alto, con un nuevo incremento respecto del cierre de 2025. El fenómeno combina narcotráfico, extorsión, minería ilegal, lavado de activos, control territorial, redes transnacionales y capacidad de coerción armada sobre comunidades, autoridades locales, economías regionales y corredores estratégicos. Durante enero–mayo de 2026, el Clan del Golfo —también denominado Ejército Gaitanista de Colombia en el marco de los diálogos socio jurídicos— volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad. La incautación de 4 toneladas de cocaína en Urabá, Antioquia, con destino Londres y valor estimado superior a 170 millones de dólares en Europa, confirmó la capacidad de esta organización para infiltrar mercados internacionales y sostener redes logísticas de alto valor. A ello se suman capturas de cabecillas, sicarios, operadores financieros y redes de extorsión en Magdalena, Córdoba, Boyacá, Risaralda y Bolívar. La dimensión financiera y patrimonial del fenómeno se volvió más visible. La captura de alias “Bola Ocho”, señalado como cabecilla financiero del Clan del Golfo, reveló el uso de prestamistas informales como fachada para lavar dinero y seleccionar víctimas de extorsión. En Bolívar, la captura de cinco presuntos integrantes del Clan mostró una red que generaba rentas ilegales cercanas a 400 millones de pesos mensuales. Estos casos indican que la estructura criminal no depende únicamente del narcotráfico, sino de un sistema diversificado de rentas ilegales. La minería ilegal refuerza la descomposición institucional en territorios periféricos. La información atribuida a la Procuraduría sobre el origen ilegal de buena parte del oro extraído en la Amazonia colombiana confirma que las economías ilícitas se extienden hacia recursos naturales, territorios de baja presencia estatal y corredores fronterizos, ampliando el margen de captura criminal y degradación ambiental. La respuesta estatal es significativa, pero no suficiente para reducir la calificación. Las operaciones policiales, incautaciones, capturas y cooperación internacional muestran capacidad de contención; sin embargo, la necesidad de ofensivas permanentes, persecución patrimonial, operación regional antinarcóticos y negociación con el Clan del Golfo evidencia que el fenómeno conserva escala nacional, resiliencia financiera y poder territorial. Por ello, la calificación sube de 4.68 a 4.78. No se propone una nota superior porque el Estado mantiene capacidad operativa, cooperación internacional y herramientas de persecución penal y patrimonial. Sin embargo, Colombia permanece en un umbral muy alto por la combinación de control territorial, economías ilícitas diversificadas, articulación transnacional, coerción extorsiva, lavado de activos y persistencia de gobernanzas criminales en nodos estratégicos.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Corrupción Política se mantiene en un umbral alto, con ingreso a una zona muy alta de deterioro institucional durante enero–mayo de 2026. El fenómeno ya no puede leerse solo como corrupción administrativa o redes subnacionales de contratación, sino como una convergencia entre contratación pública, gobernabilidad legislativa, financiación electoral, órganos de control e infiltración de dineros ilícitos. El caso UNGRD continúa siendo el principal eje de descomposición. El avance del proceso contra los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, ambos privados de libertad y acusados por cohecho impropio y peculado por apropiación, representa un hito institucional: la sospecha no recae sobre operadores menores, sino sobre autoridades centrales del Congreso. La hipótesis de sobornos para facilitar reformas del Gobierno refuerza la percepción de intercambio de rentas públicas por gobernabilidad legislativa. En paralelo, la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue tensionando el sistema de control electoral. La Corte Constitucional ratificó que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar directamente al presidente en ejercicio por su fuero, remitiendo esa competencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Aunque jurídicamente la decisión se fundamenta en el fuero presidencial, políticamente aumenta la percepción de opacidad y de baja probabilidad de sanción efectiva, dado el historial débil de esa instancia. El caso “Papá Pitufo” añade un componente adicional de gravedad. Las revelaciones sobre el llamado zar del contrabando, sus presuntos intentos de infiltración en la campaña presidencial y los contactos con actores estatales elevan el riesgo de penetración de dineros ilícitos en la política. Aunque varias afirmaciones requieren validación judicial, el caso refuerza la percepción de permeabilidad del sistema político frente a redes criminales y contrabandistas. La respuesta institucional opera como contención parcial. La Corte Suprema, la Procuraduría, el CNE, la Fiscalía, la prensa y organizaciones como Transparencia por Colombia mantienen escrutinio activo. Sin embargo, esa misma judicialización revela la profundidad del problema: la corrupción aparece en la contratación pública, la financiación electoral, el Congreso, entidades reguladoras y redes de intermediación política. Por estas razones, la calificación sube de 3.85 a 4.00. No se propone una nota superior porque los órganos de control y el sistema judicial siguen actuando, y varios procesos aún están en etapa de investigación o juicio. Pero Colombia ingresa en un umbral muy alto porque la corrupción política afecta simultáneamente legitimidad electoral, gobernabilidad legislativa, confianza en controles, contratación pública y credibilidad del Ejecutivo.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La Violencia Militar o Policial se mantiene en un umbral muy alto, con un leve incremento. El fenómeno no se explica por una escalada nacional de represión urbana, sino por la persistencia de operaciones militares en teatros complejos, el riesgo de daño a población civil, las fallas de control y rendición de cuentas, y el peso histórico de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado. El hito más sensible del ciclo reciente sigue siendo el bombardeo de noviembre de 2025 en Guaviare contra disidencias de las FARC, que dejó menores de edad muertos. El hecho reabrió el debate sobre reglas de enfrentamiento, proporcionalidad, calidad de inteligencia y obligaciones de protección reforzada frente a niños reclutados por actores armados. Aunque el Estado enfrenta grupos ilegales que reclutan menores y utilizan campamentos en zonas rurales, ello no elimina la exigencia de precaución, verificación y rendición de cuentas después de operaciones letales. En paralelo, la actualización de la cifra de falsos positivos por parte de la JEP elevó nuevamente el costo institucional de la violencia estatal histórica. El reconocimiento de 7.837 víctimas entre 1990 y 2016 confirma que el problema no fue episódico, sino parte de un patrón de graves violaciones cometidas con recursos estatales. La primera sentencia de la JEP contra exintegrantes del Batallón La Popa representa un avance de rendición de cuentas, pero su efecto sigue siendo principalmente correctivo y restaurativo, no una garantía automática de no repetición. La tensión institucional persiste. El freno al decreto que buscaba retirar medallas y honores a militares condenados por falsos positivos muestra que incluso las sanciones simbólicas encuentran resistencia política y jurídica. Esto revela que la depuración institucional y la construcción de una cultura de responsabilidad dentro de la Fuerza Pública siguen siendo incompletas. Por ello, la calificación sube de 4.20 a 4.25. El aumento es leve porque no se registra entre enero y mayo de 2026 un episodio nuevo de magnitud equivalente al bombardeo de Guaviare. Sin embargo, Colombia permanece en un nivel muy alto por la combinación de operaciones militares en zonas de conflicto, víctimas civiles o menores en acciones armadas, antecedentes masivos de ejecuciones extrajudiciales, tensión sobre sanciones a responsables y persistente necesidad de fortalecer inteligencia, control externo y rendición de cuentas.
VIOLENCIA POLÍTICA
La Violencia Política muestra un deterioro moderado durante enero–mayo de 2026, ingresando en un umbral muy alto. El fenómeno no es nuevo, pero se vuelve más sensible por su impacto sobre la competencia presidencial, la seguridad de los candidatos y la libertad de participación democrática. El antecedente central del ciclo es el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrido en junio de 2025 durante un acto público, y su posterior desenlace fatal. Este hecho trasladó la violencia política desde los territorios periféricos hacia el centro de la disputa nacional. Su efecto intimidatorio persiste en 2026: los principales candidatos han denunciado amenazas y han reforzado sus esquemas de seguridad durante la campaña presidencial. La dimensión territorial continúa siendo crítica. En 2025 fueron asesinados al menos 187 líderes y lideresas sociales, una cifra superior a la de 2024. En los primeros cinco meses de 2026, Indepaz reportó 59 líderes sociales asesinados y 54 masacres con 233 víctimas mortales. Aunque no toda masacre tiene motivación política directa, este contexto de violencia incide sobre la participación, el liderazgo comunitario y la capacidad del Estado para garantizar condiciones democráticas en zonas bajo disputa armada. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre riesgos electorales derivados de la hegemonía, coexistencia o disputa territorial de grupos armados ilegales. Su informe de seguimiento registra 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. Esto confirma que la violencia política opera como mecanismo de presión, silenciamiento y control social. La respuesta estatal existe —alertas tempranas, esquemas de protección, despliegues de seguridad y seguimiento institucional—, pero es insuficiente frente a la magnitud territorial del fenómeno. En muchos municipios, la presencia de actores armados ilegales restringe la movilidad de campañas, condiciona la organización comunitaria y reduce la libertad efectiva de participación. Por ello, la calificación sube de 3.90 a 4.10. No se propone una nota máxima porque el Estado mantiene capacidad institucional, procesos electorales en marcha, protección a candidatos y alertas tempranas. Pero Colombia se ubica en un umbral muy alto por la combinación de asesinato de un aspirante presidencial, amenazas contra campañas, violencia letal contra liderazgos sociales y control armado en territorios donde la democracia formal no siempre se traduce en participación libre y segura.
DELINCUENCIA COMÚN
La Delincuencia Común se mantiene en un umbral alto-muy alto, aunque con una leve corrección a la baja durante enero–mayo de 2026. La inseguridad urbana sigue siendo un factor central de la vida cotidiana en las principales ciudades, con persistencia de hurtos, atracos, robos de celulares, violencia interpersonal, robos en transporte, delitos contra comercios y modalidades de secuestro asociadas a delincuencia común. El período muestra señales parciales de contención. El Gobierno reportó reducciones en hurto a personas, hurto a comercio, extorsión y secuestro frente a 2025. Medellín registró bajas en homicidios y hurto a personas, mientras Bogotá reportó una reducción de homicidios en los primeros meses del año. Estos datos permiten corregir levemente la calificación, porque no hay evidencia suficiente de un deterioro generalizado de la delincuencia común durante enero–mayo de 2026. Sin embargo, la mejora no es estructural. En Bogotá, el aumento del hurto de celulares en varias localidades confirma que la delincuencia se reconfigura por modalidad y territorio. Además, los casos de secuestros cometidos mediante taxis, incluido el asesinato del profesor Neill Cubides y el secuestro de Diana Ospina, reactivaron el temor por los llamados “paseos millonarios” y expusieron fallas de control en transporte público individual, reincidencia penal y debilidad de registros institucionales. La frontera metodológica con crimen organizado y actores armados exige cautela. Muchas expresiones de violencia extrema en Colombia —masacres, sicariato, control territorial o extorsión estructural— pertenecen a otras subvariables ya analizadas. No obstante, su coexistencia con delitos urbanos comunes eleva la percepción general de inseguridad y dificulta que la ciudadanía perciba una mejora clara. Por ello, la calificación baja de 4.20 a 3.95. La reducción es marginal y refleja señales de contención en algunos indicadores, pero Colombia permanece en un rango alto-muy alto por la persistencia de victimización urbana, violencia interpersonal, robos de celulares, secuestros de delincuencia común, reincidencia y presión sobre la gobernabilidad cotidiana en grandes ciudades.
MÉXICO
Niveles de Violencia y Descomposición Social por componente (Mayo 2026)
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
México no presenta entre enero y mayo de 2026 terrorismo convencional ni una guerrilla organizada con agenda ideológica nacional. Sin embargo, la violencia del crimen organizado mantiene rasgos cuasi-insurgentes por su capacidad de coerción territorial, confrontación directa con fuerzas del Estado, control de comunidades, desplazamiento de población y uso creciente de tácticas explosivas, particularmente en Michoacán y su corredor con Jalisco. El elemento más relevante del período es la persistencia del uso de artefactos explosivos improvisados. En enero, autoridades de Michoacán desactivaron 48 explosivos improvisados en Apatzingán, algunos modificados para uso con drones. En marzo, la SSP estatal informó que en los primeros 100 días de gestión se habían decomisado 293 artefactos explosivos, localizado 29 narco campamentos y detenido a 933 personas. Estos datos muestran que el fenómeno no es episódico, sino parte de una capacidad operativa sostenida de organizaciones criminales con recursos, logística y presencia territorial. A diferencia de Colombia, no existe en México una insurgencia político-militar articulada contra el Estado nacional. No obstante, los métodos utilizados —minas, IED, drones, coche bomba, bloqueos y ataques contra autoridades locales o comunitarias— generan efectos similares a los de una violencia político-territorial: inhiben la autoridad estatal, elevan los costos de operación empresarial, afectan movilidad logística, presionan a productores y obligan a despliegues militares permanentes. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando la explosión de un artefacto improvisado causó la muerte de ocho militares en Los Reyes, Michoacán, el período enero–mayo de 2026 no registra un hecho individual de igual letalidad. Sin embargo, la continuidad de decomisos masivos de explosivos, la adaptación de dispositivos para drones, la existencia de narco campamentos y la presión territorial en Michoacán y Guerrero impiden reducir la calificación. El coche bomba de Coahuayana en diciembre de 2025 consolidó además la normalización de métodos de alto impacto contra estructuras de seguridad locales. Por ello, la calificación sube de 3.35 a 3.45. No se propone una nota superior porque el fenómeno no configura terrorismo o guerrilla en sentido estricto, ni presenta una agenda ideológica nacional. Pero sí corresponde reconocer un incremento moderado por la persistencia, sofisticación y territorialización de la violencia criminal armada, con efectos de descomposición social.
SECUESTRO
El secuestro se mantuvo en un umbral crítico, con un leve incremento durante enero–mayo de 2026. El fenómeno combina secuestro extorsivo, secuestros masivos, secuestro de migrantes, retención por grupos criminales y una brecha persistente entre cifras oficiales y monitoreos especializados, lo que refuerza la percepción de subregistro y debilidad institucional. Durante los primeros meses de 2026, Alto al Secuestro reportó niveles elevados de víctimas: 209 en enero, 157 en febrero, 171 en marzo y 165 en abril. La disminución de febrero no se consolidó como tendencia, ya que marzo volvió a subir y abril se mantuvo en un volumen compatible con un fenómeno de coerción extendida. Además, febrero registró cinco secuestros masivos con 25 víctimas en Chihuahua y Sinaloa, así como un evento de secuestro de migrantes en Juárez, Chihuahua. El secuestro de migrantes continúa siendo uno de los componentes más graves. Aunque el registro mensual de febrero fue acotado, los análisis de organizaciones especializadas señalan que las rutas de Tamaulipas y la frontera con Texas mantienen niveles intolerables de secuestro y extorsión contra personas migrantes y solicitantes de asilo. La denuncia de tolerancia o participación de autoridades mexicanas en estos delitos eleva la gravedad institucional del fenómeno. La comparación con 2025 muestra persistencia, no reversión. El primer cuatrimestre de 2025 ya había mostrado un aumento de víctimas oficiales de secuestro respecto de 2024, y la cifra negra estimada para secuestro y extorsión era extremadamente elevada. En 2026, el problema continúa con altos niveles mensuales, víctimas múltiples y subregistro. Por ello, la calificación sube levemente de 4.35 a 4.40. El aumento es limitado porque no se identifica un salto cualitativo adicional frente al cierre de 2025. Sin embargo, México permanece en un umbral crítico por la frecuencia, intensidad, secuestros masivos, vulnerabilidad de migrantes, extensión territorial y erosión institucional asociada al subregistro y a la posible connivencia de autoridades en rutas sensibles.
CRIMEN ORGANIZADO
La subvariable Crimen Organizado se mantiene en México en un nivel crítico, con un leve incremento respecto del cierre de 2025. Aunque el Gobierno reporta una reducción relevante de homicidios dolosos y mantiene una estrategia de presión basada en detenciones, despliegue territorial, inteligencia y coordinación federal, el fenómeno criminal se reconfigura más que desactivarse. La reducción de la letalidad abierta no equivale a una pérdida estructural de poder de los cárteles. Durante enero–mayo de 2026, el crimen organizado conservó capacidad de coerción territorial y social en corredores críticos. La disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña Baja de Guerrero provocó desplazamiento forzado de comunidades, ataques armados y vaciamiento de poblaciones indígenas, mostrando que los grupos criminales no solo operan como redes de narcotráfico, sino como actores de control territorial capaces de imponer miedo, movilidad forzada y disciplina comunitaria. La extorsión, el secuestro y el narcomenudeo siguieron apareciendo como mecanismos centrales de renta criminal. La detención de integrantes de Los Linos en Morelos, dedicados a extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de drogas, y las condenas contra miembros de una célula del CJNG en el Estado de México por secuestro y asesinato confirman que el crimen organizado opera en mercados locales mediante coerción directa, no solo mediante tráfico internacional. La dimensión institucional y transnacional aumentó su relevancia. La entrega en Estados Unidos de dos exfuncionarios de Sinaloa acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto con el congelamiento preventivo de cuentas de personas políticamente expuestas y otros acusados, refuerza la hipótesis de una penetración político-financiera que eleva el riesgo institucional y reputacional. Aunque estas medidas no implican culpabilidad definitiva, sí muestran que la agenda de crimen organizado mexicano se desplaza crecientemente hacia finanzas, política local, cooperación bilateral y presión internacional. En comparación con enero–mayo de 2025, cuando hechos como el ataque con explosivos contra militares en Michoacán mostraron rasgos cuasi-militares, el período enero–mayo de 2026 presenta menor espectacularidad letal puntual, pero mayor evidencia de persistencia estructural: desplazamiento, extorsión, secuestro, presión sobre comunidades, redes regionales y dimensión financiera transnacional. Por ello, la calificación sube de 4.70 a 4.73. El aumento es porque existen señales de contención estatal en homicidios, pero México permanece cerca del máximo de la escala por la combinación de control territorial, economías ilícitas diversificadas, infiltración institucional, desplazamiento forzado y capacidad de adaptación de los cárteles.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Corrupción Política se mantiene en un umbral muy alto, con un incremento moderado durante enero–mayo de 2026. El problema no se limita a sobornos administrativos o desvío de recursos, sino que combina captura de instituciones, protección político-criminal, corrupción en empresas estatales, opacidad en procuración de justicia, lavado de activos y penetración de economías ilegales en nodos estratégicos del Estado. El principal eje del período fue Pemex y el huachicol. En mayo de 2026, la empresa reconoció ante inversionistas que el robo de combustibles y la participación de funcionarios públicos en esas redes continúan siendo riesgos operativos y financieros relevantes. La persistencia de más de 30 ordeñas diarias a ductos confirma que el huachicol no puede entenderse solo como delito patrimonial o criminalidad externa, sino como una economía ilegal que requiere complicidad, omisión o protección dentro del aparato estatal. El caso de huachicol fiscal, que en 2025 derivó en detenciones, vínculos con mandos navales y una crisis de confianza en la Fiscalía General de la República, continúa condicionando la lectura de 2026. La renuncia anticipada de Alejandro Gertz Manero a la FGR, en medio de expedientes emblemáticos sin resolver, dejó dudas sobre autonomía, continuidad investigativa y manejo político de casos sensibles. El cambio de conducción no produjo aún una señal inequívoca de descompresión institucional. En paralelo, el caso Tabasco mantiene alta gravedad: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal y presunto líder de La Barredora, sigue siendo un símbolo de la posible captura criminal de aparatos locales de seguridad. Este tipo de caso eleva la corrupción política a un nivel superior, porque ya no se trata solo de enriquecimiento ilícito, sino de protección territorial, impunidad selectiva y articulación entre autoridad pública y estructura criminal. La dimensión político-criminal también se reforzó por el escándalo de Sinaloa. Las acusaciones desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y colaboradores por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto con el congelamiento preventivo de cuentas, generaron un costo político directo para Morena y aumentaron la presión externa sobre el sistema mexicano de rendición de cuentas. Aunque las investigaciones deben determinar responsabilidades, el caso confirma que la corrupción política mexicana tiene una dimensión transnacional y reputacional creciente. Por estas razones, la calificación sube de 3.97 a 4.10. No se propone una nota más alta porque existen medidas de contención: investigaciones abiertas, congelamiento de cuentas, presión internacional, escrutinio mediático y reconocimiento público de algunos riesgos. Sin embargo, México ingresa claramente en un umbral muy alto porque la corrupción política afecta simultáneamente energía, seguridad pública, procuración de justicia, gobiernos subnacionales, finanzas ilícitas y relación con Estados Unidos.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La Violencia Militar o Policial se mantiene en un umbral muy alto. El fenómeno combina militarización estructural de la seguridad pública, operativos letales en territorios de alta presencia criminal, denuncias de tortura y abuso policial, muerte o maltrato bajo custodia y mecanismos de rendición de cuentas que operan principalmente de manera reactiva. El modelo de seguridad mexicano continúa descansando de forma importante en Fuerzas Armadas, Marina y Guardia Nacional para tareas de seguridad interior. Esta configuración aumenta la capacidad operativa frente a cárteles, pero también eleva el riesgo institucional cuando las operaciones se desarrollan con baja transparencia, controles civiles débiles o insuficiente verificación posterior. El hecho más relevante del período fue el caso de Chiapas, donde videos difundidos públicamente mostraron a agentes de la Fiscalía y de la Fuerza Pakal torturando a detenidos mediante asfixia con bolsas plásticas. La posterior detención de 10 policías estatales muestra capacidad de reacción judicial, pero también confirma que los controles preventivos no impidieron el abuso. El caso reactivó preocupaciones sobre uso excesivo de la fuerza en territorios de alta vulnerabilidad y sobre la dificultad de denunciar abusos en comunidades con menor acceso a protección institucional. En paralelo, los operativos federales contra facciones criminales, como el realizado por la Marina contra Los Chapitos en Sinaloa, confirman la centralidad de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Estos operativos pueden generar resultados relevantes en detenciones e incautaciones, pero mantienen el riesgo de enfrentamientos, daños colaterales, uso letal de la fuerza y afectación de comunidades o corredores logísticos. La comparación con el cierre de 2025 muestra continuidad más que descompresión. Los hechos de Tamaulipas y los casos de abuso policial urbano ya habían elevado la calificación por el alto costo institucional de la violencia estatal. En 2026, la tortura documentada en Chiapas y la persistencia del modelo militarizado impiden reducir el puntaje. Por ello, la calificación sube de 4.55 a 4.60. El incremento es leve porque existen investigaciones, detenciones y mecanismos formales de control. Sin embargo, México permanece en un umbral muy alto por la coexistencia de militarización, abusos policiales, tortura, operaciones armadas en territorios criminales y una rendición de cuentas que sigue siendo más correctiva que preventiva.
VIOLENCIA POLÍTICA
La subvariable Violencia Política se mantiene en un nivel medio-alto, con un leve incremento durante enero–mayo de 2026. El fenómeno no se expresa principalmente como violencia ideológica nacionalizada, sino como violencia político-criminal subnacional, concentrada en municipios, gobiernos locales, exautoridades, aspirantes, candidatos y operadores territoriales. El rasgo estructural más relevante es la centralidad del municipio como espacio vulnerable. El 79,3% de los casos de violencia política se registró en municipios, y casi la mitad de los incidentes correspondió a homicidios dolosos. Esto confirma que la violencia política mexicana no es solo hostigamiento o amenaza: tiene una dimensión letal y opera como mecanismo de control sobre el poder local. La comparación con 2025 muestra continuidad. Aunque los incidentes bajaron frente al pico electoral de 2024, el primer trimestre de 2025 ya registró más de cien hechos, incluyendo amenazas, homicidios, atentados, secuestros y desapariciones. Esa reducción fue principalmente coyuntural, asociada a la menor intensidad electoral, no a una reversión estructural de la capacidad criminal para condicionar la política. Durante enero–mayo de 2026, el caso Morelos refuerza el diagnóstico. La detención del presidente municipal de Atlatlahucan y de otras figuras políticas en una investigación por corrupción y crimen organizado muestra la profundidad de la infiltración criminal en gobiernos locales. Además, las autoridades señalaron que esa infiltración estuvo asociada a asesinatos de exalcaldes y agresiones contra aspirantes a candidaturas. El fenómeno, por tanto, no se limita al día electoral: opera en la administración municipal, en la selección de candidatos, en la contratación pública y en la gobernabilidad territorial. La respuesta institucional existe —investigaciones, detenciones, congelamiento de cuentas y monitoreo especializado—, pero sigue siendo más reactiva que preventiva. El problema no es la ausencia total del Estado, sino su capacidad desigual para impedir que redes criminales penetren el poder local antes de que la violencia se materialice. Por ello, la calificación sube de 3.25 a 3.35. No se propone una nota más alta porque no hay en enero–mayo de 2026 una escalada nacional comparable al ciclo electoral de 2024 ni una violencia política presidencial como la colombiana. Sin embargo, México permanece en un nivel medio-alto por la persistencia de homicidios, amenazas, atentados y captura criminal de municipios, con efectos directos sobre competencia democrática, autonomía local y seguridad de inversiones.
DELINCUENCIA COMÚN
La subvariable Delincuencia Común se mantiene en un umbral alto durante enero–mayo de 2026, aunque con señales parciales de contención. El fenómeno continúa combinando robos urbanos, asaltos, delitos patrimoniales, violencia interpersonal, violencia familiar, inseguridad en transporte y riesgos en corredores carreteros. No se observa un único pico de deterioro, sino una dinámica persistente de victimización cotidiana que afecta movilidad, comercio, transporte, hogares y percepción ciudadana de seguridad. El Gobierno reportó descensos en algunos indicadores de seguridad y la Guardia Nacional informó una reducción del robo en carreteras, incluyendo mejoras relevantes en autopistas como México–Querétaro y México–Puebla. Estas señales permiten reconocer capacidad de contención operativa y justifican no elevar la calificación. Sin embargo, la propia persistencia de denuncias de transportistas y la necesidad de mantener despliegues focalizados muestran que el riesgo carretero sigue siendo un componente operativo importante. La delincuencia común mexicana no debe analizarse solo a partir de robos callejeros. La violencia familiar y sexual se han convertido en componentes centrales de la violencia cotidiana, y el Índice de Paz México 2026 advierte que la violencia familiar fue la forma más común de delito violento en 2025. A ello se suma la persistencia de desapariciones, que, aunque muchas veces se vinculan al crimen organizado, alimentan un clima generalizado de temor y desconfianza social. En comparación con el cierre de 2025, el período enero–mayo de 2026 muestra contención parcial, pero no reversión estructural. Hay mejoras focalizadas en algunos indicadores y corredores, pero persisten altos niveles de victimización, inseguridad urbana, violencia interpersonal y vulnerabilidad en carreteras. Por ello, la calificación se ubica en 3.95, con una leve corrección a la baja respecto del cierre de 2025, pero manteniéndose en rango alto por la continuidad del riesgo cotidiano y su impacto directo sobre gobernabilidad, movilidad, comercio y costos empresariales.
CONCLUSIONES
Violencia y Descomposición Social por Pais (Mayo 2026)
Los resultados comparativos a mayo de 2026 confirman una región atravesada por formas de violencia cada vez más complejas, menos homogéneas y crecientemente vinculadas a la expansión del crimen organizado, la pérdida de control territorial, la degradación de la seguridad cotidiana y el debilitamiento de capacidades estatales en zonas críticas. Aunque cada país presenta una configuración distinta, el patrón común es claro: las amenazas ya no provienen únicamente de la delincuencia común o de episodios aislados de violencia, sino de la articulación entre economías ilegales, corrupción, secuestro, violencia estatal y deterioro institucional.
Colombia (4.35) y México (4.08) conforman el núcleo más crítico del indicador. En ambos casos convergen crimen organizado de alta densidad territorial, secuestro persistente y elevados niveles de coerción estatal o paraestatal. Esto configura entornos donde la violencia se vuelve estructural, erosiona la autoridad pública y afecta de forma directa la continuidad operativa, la inversión y la seguridad territorial.
Brasil (3.50) y Chile (3.25) integran un bloque intermedio, aunque con perfiles distintos. Brasil destaca por el peso del crimen organizado, la corrupción política y el secuestro, en un fenómeno cada vez más económico-institucional. Chile, en cambio, muestra un riesgo más concentrado en ciertos territorios y corredores, con expansión del crimen organizado, secuestro, delincuencia común y conflictividad territorial.
Argentina (2.88) mantiene el nivel más bajo del grupo, aunque sin señales claras de descompresión. La persistencia de la delincuencia común, la corrupción política y el crimen organizado en nodos críticos confirma que la región enfrenta una violencia menos ideológica en algunos casos, pero más criminal, territorial, financiera e institucional. Para empresas e inversionistas, esto obliga a incorporar seguridad, gobernanza local, integridad institucional y protección reputacional como variables centrales del análisis de riesgo.
.png)
