EFICACIA DECISIONAL DEL GOBIERNO
INTRODUCCIÓN
Se entiende por eficacia decisional el desempeño del gobierno en su conjunto, incidiendo en su capacidad institucional para instrumentar políticas o actos de gobierno que cumplan cabalmente con los objetivos y metas planteadas y que satisfagan las demandas de la ciudadanía, dentro del marco de competencias legalmente establecidas.
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
-
Un gobierno con baja eficacia decisional —es decir, con dificultades para implementar políticas públicas— genera incertidumbre regulatoria, demoras en aprobaciones y cambios abruptos en el entorno normativo. Esto afecta directamente la planificación, licitaciones y operaciones de ENEL, especialmente en sectores regulados como energía.
-
La ejecución de políticas públicas es clave para proyectos de transición energética, infraestructura eléctrica, licencias ambientales y subsidios. Un gobierno eficaz puede implementar estas reformas de forma coherente, mientras que uno débil puede quedar estancado en conflictos internos o presiones sectoriales.
-
Evaluar la eficacia decisional permite prever momentos de parálisis legislativa, inestabilidad ejecutiva o, por el contrario, ventanas de oportunidad para alianzas público-privadas, inversiones en renovables o acceso a fondos internacionales.
-
Conociendo la capacidad real de gobierno para ejecutar decisiones, Enel puede ajustar su estrategia de entrada, expansión o retiro, decidir en qué regiones avanzar con mayor rapidez y en cuáles actuar con mayor prudencia o exigir garantías adicionales.
MAPA DE CALOR
El siguiente Mapa de Calor permite visualizar de forma clara y comparativa la capacidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México para tomar decisiones eficaces en cuatro áreas clave: Política Económica, Exterior, Social e Interior. A través de una escala cromática que va del rojo (baja eficacia) al verde (alta eficacia), se identifican los ámbitos en los que cada gobierno presenta mayores fortalezas o debilidades. Esta herramienta resulta útil para comprender las capacidades institucionales reales más allá de los discursos, ofreciendo una base objetiva para evaluar gobernabilidad, anticipar posibles disfuncionalidades y definir estrategias de vinculación o cautela frente a actores estatales en cada país.
ARGENTINA
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica consolidó una eficacia alta por la continuidad del ancla fiscal y la estabilización nominal, con cierre de 2025 en superávit primario y también superávit financiero, lo que refuerza la capacidad del Ejecutivo para sostener metas de ordenamiento macro pese a tensiones políticas y sociales. En paralelo, la caída de la inflación se volvió un resultado verificable hacia el final del período, con inflación anual 2025 sustancialmente menor y un registro mensual bajo en diciembre, lo que indica mayor control de expectativas y de la dinámica de precios. La dimensión externa también apoyó la eficacia decisional: el gobierno aseguró oxígeno financiero mediante apoyos y entendimientos con EE.UU. (incluyendo respaldo explícito de alto nivel) y la renovación/administración pragmática de instrumentos con China, mostrando capacidad de manejar restricciones externas sin abandonar la estrategia central. No obstante, la eficacia no es plena porque la recuperación real y la sostenibilidad social siguieron siendo el principal límite: el éxito en estabilización convivió con conflictividad distributiva y con costos sociales que condicionaron la velocidad de recomposición económica (de 4.40 en abril a 4.50 en diciembre).
POLÍTICA SOCIAL
La política social mantuvo una eficacia baja, aunque con señales de ajuste incremental frente a la presión social e institucional: el Ejecutivo preservó la lógica de contención del gasto y focalización, pero debió gestionar resistencias que obligaron a negociar o enfrentar costos políticos en temas sensibles. La conflictividad vinculada a ingresos, universidades y prestaciones mostró que, aun con estabilización macro, la demanda de amortiguadores sociales siguió operando como restricción central, y en algunos casos el Congreso impuso correcciones (por ejemplo, al revertir vetos), evidenciando límites de gobernabilidad social para implementar el diseño original sin concesiones. Hacia el cierre del período, algunos indicadores/estimaciones mostraron mejora respecto de los picos previos, pero el cuadro social siguió frágil y altamente sensible a shocks de precios e ingresos, lo que mantuvo baja la capacidad del gobierno de “satisfacer demandas” sin aumentar tensiones. En conjunto, diciembre sugiere una mejora marginal por aprendizaje político-administrativo, pero sin rediseño social robusto (de 2.00 en abril a 2.15 en diciembre).
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior exhibió una eficacia moderada-alta por su capacidad de producir “resultados útiles” en el frente financiero y diplomático, aun manteniendo un perfil ideológico marcado: se consolidó el alineamiento político con EE.UU. y una agenda de cooperación que incluyó apoyo financiero y coordinación económica. Al mismo tiempo, el vínculo con China transitó hacia un pragmatismo transaccional (por ejemplo, en torno a instrumentos financieros críticos), lo que sugiere que el gobierno logró evitar un choque externo costoso y priorizó objetivos de estabilización. El costo de esta estrategia siguió siendo la fricción con marcos regionales y la menor previsibilidad para socios tradicionales, por lo que la eficacia exterior no puede leerse como “plena” en términos de construcción de consensos regionales estables. En síntesis, el cierre de 2025 muestra una política exterior más efectiva para resolver restricciones inmediatas que para ampliar capital estratégico de largo plazo (de 3.50 en abril a 3.60 en diciembre).
POLÍTICA INTERIOR
La eficacia interior es alta en términos de voluntad de cambio, pero moderada en cuanto a consolidación de consensos sostenibles. la política interior mostró eficacia moderada, con capacidad para destrabar hitos legislativos relevantes (incluida la aprobación del presupuesto) y sostener la iniciativa gubernamental, aunque sin lograr un control estable de la agenda parlamentaria. La dinámica del período confirma un patrón de gobernabilidad negociada: el Ejecutivo combinó presión política, acuerdos puntuales y disciplina comunicacional, pero enfrentó límites estructurales por minoría legislativa y por la capacidad del Congreso de imponer costos (por ejemplo, al anular vetos en materias socialmente sensibles). En paralelo, el calendario político (con resultados y reordenamientos hacia las legislativas) incentivó conductas más transaccionales de actores territoriales y parlamentarios, ampliando márgenes para acuerdos, pero también elevando el “precio” de la cooperación. Por eso, el cierre de 2025 sugiere una mejora incremental (de 3.20 en abril a 3.30 en diciembre): más capacidad de estabilizar coaliciones ad hoc, pero todavía lejos de consolidar consensos sostenibles y previsibles.
BRASIL
POLÍTICA ECONÓMICA
La eficacia económica del gobierno se sostuvo en un rango medio-alto, pero con estrés creciente por el frente fiscal y financiero: la discusión sobre deuda/financiamiento y el encarecimiento del crédito obligaron a priorizar gestión macro y señales de disciplina, más que expansión de políticas. En el período, el costo del dinero y la señal restrictiva de política monetaria condicionaron la velocidad de reactivación y la gobernabilidad económica cotidiana, elevando el peso de decisiones “defensivas” (ajustes, metas, control de gasto) sobre decisiones “transformacionales”. Hacia el cierre del año, el Ejecutivo buscó sostener apoyo social y consumo con medidas tributarias que, aunque políticamente racionales, tensionan el balance entre estímulo y credibilidad fiscal. El resultado neto es una leve baja incremental: no hay colapso de capacidad decisional, pero sí mayor fricción entre objetivos (crecimiento/empleo) y restricciones (cuentas públicas y financiamiento), que reduce eficacia efectiva (de 3.30 en abril a 3.20 en diciembre).
POLÍTICA SOCIAL
La eficacia social se mantuvo estable, apoyada en continuidad de políticas y en decisiones orientadas a aliviar carga tributaria y sostener ingresos disponibles, buscando amortiguar tensiones distributivas. La mejora no es “alta” porque la política social opera bajo el mismo techo fiscal que limita la expansión y obliga a priorización, pero el gobierno mostró capacidad de usar instrumentos (fiscales/administrativos) para sostener legitimidad social y evitar deterioro abrupto. En conjunto, el cierre del año indica mejor ejecución relativa que en abril, por mayor focalización y uso de palancas de política pública con impacto inmediato, aunque sin transformar estructuralmente los determinantes de desigualdad y vulnerabilidad (de 3.90 en abril a 3.93 en diciembre).
POLÍTICA EXTERIOR
Brasil mantuvo una política exterior activa y profesionalizada, con capacidad de iniciativa en foros multilaterales y una narrativa consistente de liderazgo regional/global-sureño, lo que sostiene una eficacia relativamente alta en la dimensión externa. La agenda se vio atravesada por tensiones con EE.UU. (incluyendo fricciones comerciales) y por el reordenamiento geopolítico más amplio, pero el Estado brasileño preservó canales diplomáticos y previsibilidad en su proyección internacional. El cierre del período muestra una eficacia ligeramente superior por desempeño en interlocución multilateral y manejo de agenda, aun cuando el entorno externo fue menos cooperativo (de 3.55 en abril a 3.70 en diciembre).
POLÍTICA INTERIOR
La política interior evidenció capacidad institucional, pero con más fricción en la relación Ejecutivo–Congreso y mayor polarización, lo que reduce eficacia en implementación y estabilidad de acuerdos. Un hito del período fue la dinámica de choque/negociación con el Legislativo (incluyendo reversión de decisiones del Ejecutivo), que expone límites de gobernabilidad cotidiana y aumenta costos de transacción para sostener la agenda. Paralelamente, el ciclo judicial-político asociado al expresidente Bolsonaro (con condena y posterior ejecución de pena durante 2025) operó como factor de alta intensidad política: por un lado, reafirma fortaleza institucional; por otro, incrementa tensión y reordenamientos dentro del sistema político, con efectos sobre coaliciones, calle y opinión pública. El balance hacia diciembre es una baja incremental (de 3.08 en abril a 2.95 en diciembre): el gobierno sigue decidiendo, pero decide con más fricción, más veto y mayor dependencia de negociación defensiva.
CHILE
POLÍTICA ECONÓMICA
El gobierno sostuvo una gestión económica de sesgo prudente y pro-inversión en el margen, combinando continuidad macro con una agenda de destrabe administrativo orientada a acelerar permisos y reducir fricciones regulatorias. La aprobación/impulso legislativo de reformas pro-crecimiento (en particular el marco de autorizaciones sectoriales) refuerza la capacidad de ejecución del Ejecutivo en un terreno sensible para energía y minería, aun cuando el ciclo de bajo crecimiento e inversión cauta mantuvo límites estructurales sobre los resultados (de 3.10 en abril a 3.30 en diciembre).
POLÍTICA SOCIAL
En la política social, la eficacia se sostuvo en un nivel medio-alto por la combinación de implementación programática y logros acumulativos (por ejemplo, despliegue territorial de infraestructura de cuidados y avances en compromisos legislativos sociales ya en curso), aunque con resultados graduales más que transformaciones de alto impacto en el corto plazo. En términos decisionales, se observa capacidad de mover instrumentos y abrir cobertura, pero con restricciones presupuestarias y legislativas que moderan la velocidad de ejecución (de 3.50 en abril a 3.55 en diciembre).
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior mantuvo un perfil activo y relativamente coherente: multilateralismo, énfasis en derechos humanos y búsqueda de autonomía estratégica en el equilibrio EE. UU.–China, sin señales de aislamiento diplomático. El período muestra continuidad de posicionamiento internacional y capacidad de agenda (incluida la dimensión climática/energética) con costos domésticos acotados, lo que sostiene una eficacia exterior levemente superior al punto de partida (de 3.50 en abril a 3.60 en diciembre).
POLÍTICA INTERIOR
La política interior muestra el punto más exigido: el Ejecutivo avanzó en agenda de seguridad y en producción normativa relevante, pero el contexto de fragmentación política y competencia electoral elevó los costos de coordinación y la dificultad de convertir iniciativas en resultados sostenidos. La propia evaluación pública del ciclo legislativo y el clima político (incluyendo presión por seguridad y disputa por conducción del debate) sugiere una eficacia interior que se mantiene, pero con desgaste relativo hacia el cierre de 2025 (de 3.20 en abril a 3.10 en diciembre).
COLOMBIA
POLÍTICA ECONÓMICA
La eficacia decisional económica del gobierno se sostuvo en un nivel bajo–medio: hubo continuidad macro y gestión cotidiana, pero con restricciones claras para producir señales estables pro-inversión y destrabar cuellos institucionales. En el período, los diagnósticos externos destacaron avances en control de la inflación y cierta normalización, pero también insistieron en vulnerabilidades fiscales y en la necesidad de medidas estructurales para reforzar credibilidad y crecimiento, lo que reduce la percepción de capacidad ejecutiva plena. A la vez, el comportamiento de la inversión y el ruido regulatorio mantuvieron una brecha entre narrativa transformadora y resultados agregados, limitando el efecto neto de las decisiones sobre expectativas. En conjunto, el cierre de 2025 muestra mejora incremental respecto de abril (por continuidad y contención), pero sin salto cualitativo en eficacia (de 2.60 en abril a 2.70 en diciembre).
POLÍTICA SOCIAL
La política social preservó orientación redistributiva y capacidad operativa en programas, pero mostró límites claros en su dimensión reformista estructural. La reforma pensional avanzó en el Congreso con correcciones procedimentales, lo que indica capacidad de recomposición legislativa puntual y cierta eficacia para rescatar una pieza central del programa. Sin embargo, el núcleo de la reforma laboral quedó trabado —y el intento de reencauzarla por vía plebiscitaria enfrentó frenos institucionales—, debilitando la capacidad del Ejecutivo de convertir prioridades sociales en políticas implementables. En salud, el proceso legislativo se mantuvo estancado por meses, consolidando un patrón de alta ambición con ejecución desigual. El cierre de 2025, por tanto, sugiere baja moderada de eficacia social respecto de abril (de 3.53 en abril a 3.45 en diciembre): hay gestión, pero la transformación estructural se ralentiza.
POLÍTICA EXTERIOR
Durante abril–diciembre 2025, la política exterior mantuvo alta visibilidad, pero con ejecución irregular y costos de fricción diplomática que afectaron consistencia estratégica. En la relación con EE.UU. y el entorno occidental se observaron señales de tensión política que reducen previsibilidad (incluyendo episodios con impacto público en credenciales y vínculos), mientras que, en paralelo, se mantuvieron decisiones simbólicas de alto perfil que tensionaron agendas comerciales y energéticas. En materia de defensa y posicionamiento internacional, hubo definiciones relevantes (por ejemplo, en adquisiciones estratégicas), pero sin consolidar una línea externa que reduzca volatilidad de corto plazo. Por ello, el balance sugiere variación incremental negativa (de 2.60 en abril a 2.40 en diciembre): más activismo que capacidad sostenida de traducirlo en ventajas estables.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior continuó siendo el componente de menor desempeño: la fragmentación legislativa y la disputa institucional limitaron la capacidad de construir mayorías estables y sostener implementación. El caso del mecanismo plebiscitario para sortear el bloqueo a la reforma laboral —que terminó cuestionado y suspendido en sede judicial/administrativa— operó como señal de baja gobernabilidad operativa y de dificultad para alinear instrumentos con el marco institucional. En seguridad interna, los avances de “paz total” mostraron vulnerabilidad frente a ciclos de violencia territorial y decisiones de suspensión/ajuste en las conversaciones, lo que tensiona autoridad estatal y coordinación interinstitucional. El resultado es una caída moderada de eficacia interior hacia diciembre (de 2.40 en abril a 2.20 en diciembre): el Ejecutivo conserva iniciativa política, pero con rendimiento limitado para traducirla en control institucional sostenido.
MÉXICO
POLÍTICA ECONÓMICA
La eficacia económica mostró una mejora limitada más por estabilización nominal que por reactivación: la inflación continuó desacelerando y se consolidó un marco macro más previsible, pero el desempeño real siguió débil. En el segundo semestre se observaron señales de enfriamiento (incluida contracción trimestral reportada para 2025), lo que restringe la capacidad del Ejecutivo de “convertir” decisiones en crecimiento e inversión sostenida. La gestión económica se sostuvo en continuidad y prudencia, pero con margen acotado por incertidumbres externas y por la cautela empresarial. El balance de cierre sugiere eficacia parcial: controla algunas variables, pero no logra todavía impulsar un ciclo robusto de dinamismo productivo (de 2.30 en abril a 2.55 en diciembre).
POLÍTICA SOCIAL
La eficacia social se sostuvo por la continuidad de programas y por decisiones de política laboral con legitimidad distributiva, reforzando la capacidad del gobierno de mostrar resultados concretos para sectores de ingresos medios y bajos. Hacia el cierre del año, la decisión acordada de aumentar el salario mínimo para 2026 y la agenda de reducción gradual de la jornada laboral constituyen señales de capacidad decisional y articulación con actores económicos y sindicales. Si bien la presión fiscal y la gestión territorial siguen siendo cuellos de botella, el gobierno retuvo gobernabilidad social mediante medidas visibles y relativamente implementables. Por eso, el puntaje sube de forma incremental (de 3.45 en abril a 3.65 en diciembre): mejora la tracción política de la política social, aunque aún no prueba saltos de productividad/servicios públicos a gran escala.
POLÍTICA EXTERIOR
Durante el período analizado, la política exterior se mantuvo funcional y pragmática, con foco en administrar la relación con Estados Unidos (comercio/migración) y evitar shocks reputacionales o comerciales, en un contexto internacional más áspero. La capacidad del gobierno se expresó en contención de tensiones y en preservar canales diplomáticos y de cooperación, sosteniendo una línea de continuidad con ajustes tácticos. A la vez, México buscó presencia en foros y espacios ampliados (p. ej., participación/agenda en marcos como BRICS u otros ámbitos multilaterales), sin que ello altere el núcleo de su dependencia comercial norteamericana. El resultado es una eficacia moderadamente superior a abril: más orden y previsibilidad externa, aunque sin “iniciativas estructurales” que reubiquen el peso estratégico del país (de 3.30 en abril a 3.50 en diciembre).
POLÍTICA INTERIOR
En política interior, el período cerró con una eficacia ligeramente menor que en abril por dos frentes: (i) el estrés persistente de la inseguridad (que sigue tensionando la capacidad estatal de control territorial y protección cotidiana) y (ii) el costo institucional de las reformas políticas/constitucionales debatidas (en especial, el frente judicial), que incrementan polarización y riesgos de litigio/impugnación. Aunque el Ejecutivo conserva herramientas de conducción y músculo legislativo, la implementación enfrenta fricciones con poderes autónomos y con actores subnacionales, lo que reduce la eficacia “neta” de gobierno. El balance final es de gobernabilidad operativa, pero con mayor desgaste: más capacidad de decisión formal que capacidad de producir consensos estables y resultados homogéneos en el territorio (de 3.40 en abril a 3.30 en diciembre).
CONCLUSIONES
Este índice de eficacia es clave para comprender la capacidad real de los gobiernos de convertir sus promesas en hechos. El corte diciembre 2025 muestra un reordenamiento y cierta convergencia en la eficacia decisional regional: Brasil (3.45) conserva el primer lugar, pero con una ventaja estrecha sobre Argentina (3.39) y Chile (3.39), mientras México (3.25) se mantiene en un rendimiento intermedio y Colombia (2.69) sigue cerrando el ranking. En Brasil, Lula sostiene una capacidad de producción de política pública relativamente consistente (aprobación de medidas tributarias y de recaudación), aunque con señales de límites institucionales cuando el Congreso revierte decisiones del Ejecutivo (como ocurrió con un decreto sobre IOF), lo que confirma que la eficacia se apoya en negociación y coaliciones, no en control unilateral. Argentina y Chile aparecen empatados en un segundo peldaño: Milei mantiene tracción en el eje económico-fiscal y en la señalización de objetivos de consolidación (incluida la presentación del presupuesto con metas de déficit), pero su eficacia global queda condicionada por la densidad política del Congreso y el conflicto distributivo que acompaña la implementación. En Chile, Boric cierra el año y su gobierno con evidencia de continuidad institucional y ejecución (presupuesto aprobado y un paquete de leyes de seguridad), lo que estabiliza la eficacia, aunque sin eliminar el “cuello de botella” político de una coalición tensionada y un Parlamento fragmentado. lMéxico sostiene una eficacia moderada-alta: Sheinbaum combina capacidad administrativa (expansión/operación de programas sociales) con un enfoque de orden interno que refuerza la implementación, aunque con costos de debate institucional (por la centralidad de fuerzas armadas en seguridad), lo que deja una eficacia funcional pero políticamente discutida. Colombia, en cambio, consolida el último lugar porque Petro enfrenta una secuencia de bloqueos y derrotas legislativas sobre reformas troncales y recurre a la consulta popular como vía de salida, un indicador de ambición política alta pero capacidad decisional efectiva baja en el tramo final del año.
.png)