La conflictividad asociada al movimiento campesino, agrario, cocalero e indígena experimentó entre enero y mayo de 2026 un incremento leve respecto del informe de diciembre. La subvariable continúa ubicada en un nivel bajo en términos comparativos, pero muestra una tendencia ascendente por la mayor visibilidad de conflictos territoriales, intentos de desalojo, cortes de ruta, caminatas provinciales y denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos frente a la política del gobierno nacional en materia de tierras, consulta previa y protección territorial. El principal núcleo de tensión se concentra en el movimiento indígena y campesino-territorial. La derogación de la emergencia territorial indígena y la pérdida de la suspensión general de desalojos generaron un contexto de mayor vulnerabilidad para comunidades con conflictos históricos de tierra. Durante el periodo se registraron episodios relevantes en Neuquén, donde comunidades mapuche denunciaron la reactivación de una orden de desalojo en Villa La Angostura; en Salta, donde comunidades indígenas del norte provincial realizaron medidas de fuerza, corte de ruta y caminata hacia la capital para exigir respuestas en materia de agua, salud, educación y obras; y en Santiago del Estero, donde el conflicto territorial vinculado al MoCaSE y a tierras reclamadas por familias campesinas indígenas adquirió visibilidad nacional por su conexión con el entorno familiar del presidente. No obstante, la conflictividad no alcanza todavía una escala nacional ni presenta una articulación sostenida capaz de bloquear rutas de manera prolongada, paralizar actividades productivas o imponer una agenda política nacional. Las acciones observadas siguen siendo localizadas, defensivas y orientadas principalmente a la protección territorial, la visibilización pública y la denuncia judicial o comunicacional. En el sector agrario empresarial, las entidades rurales incrementaron sus reclamos por retenciones, costos y obras de infraestructura, pero mantuvieron una relación predominantemente institucional con el Gobierno, sin convocar paros nacionales ni protestas disruptivas de gran escala. En consecuencia, la subvariable debe registrar un aumento moderado pero acotado: de 1.95 en diciembre a 2.25 en mayo de 2026. La tendencia es de mayor conflictividad territorial indígena-campesina, aunque todavía contenida por su baja masividad, su dispersión geográfica y la ausencia de una coordinación nacional sostenida contra el gobierno.

La conflictividad atribuible al movimiento universitario y estudiantil argentino experimentó entre enero y mayo de 2026 un incremento significativo respecto del informe de diciembre, pasando de 2.52 a 3.10. El conflicto dejó de ser únicamente una protesta sectorial por presupuesto universitario y se transformó en una disputa nacional sostenida que involucra a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, hospitales universitarios, federaciones estudiantiles, sindicatos y centrales obreras. El eje principal de la conflictividad sigue siendo el financiamiento de la universidad pública, pero durante este periodo el reclamo se amplió hacia salarios docentes, becas estudiantiles, funcionamiento de hospitales universitarios, ciencia nacional, autonomía universitaria y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La crisis presupuestaria se combinó con pérdida salarial, paros reiterados, clases públicas, suspensión o deterioro de actividades académicas, denuncias de desfinanciamiento y creciente presión sobre el Gobierno nacional. A diferencia del periodo anterior, la conflictividad universitaria ingresó además en una fase de judicialización e institucionalización política. La justicia ordenó al Gobierno cumplir con la actualización de fondos universitarios y becas, mientras las universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional denunciaron emergencia salarial y presupuestaria. Al mismo tiempo, el conflicto escaló hacia el Congreso, la Corte Suprema y la relación entre rectores y el Ministerio de Capital Humano, lo que muestra que ya no se trata solo de una protesta callejera, sino de una disputa entre poderes y actores institucionales. La convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo de 2026 confirma la persistencia y ampliación del conflicto. La movilización fue impulsada por federaciones estudiantiles, universidades nacionales, docentes y no docentes, y recibió el apoyo de la CGT y otros sectores sociales, lo que refuerza el carácter multisectorial de la protesta. La defensa de la universidad pública vuelve a operar como una causa de articulación social amplia frente al ajuste del gobierno de Javier Milei. La tendencia es de incremento significativo, con conflictividad nacional, sostenida y políticamente articulada. Sin embargo, el nivel aún no alcanza una situación crítica o desbordada, porque la protesta mantiene un carácter mayoritariamente pacífico, no se observa violencia generalizada y subsisten canales institucionales de negociación, aunque cada vez más tensionados.