EFICACIA DECISIONAL DEL GOBIERNO
INTRODUCCIÓN
Se entiende por eficacia decisional la capacidad real del Poder Ejecutivo para identificar problemas prioritarios, adoptar decisiones estratégicas, coordinar al Estado, implementar políticas públicas, producir resultados verificables y corregir oportunamente aquellas decisiones que no funcionan. No mide únicamente la cantidad de anuncios o medidas adoptadas, sino la capacidad de convertir autoridad política en ejecución estatal efectiva.
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
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Un gobierno con baja eficacia decisional —es decir, con dificultades para implementar políticas públicas— genera incertidumbre regulatoria, demoras en aprobaciones y cambios abruptos en el entorno normativo. Esto afecta directamente la planificación, licitaciones y operaciones, especialmente en sectores regulados como energía.
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La ejecución de políticas públicas es clave para proyectos de transición energética, infraestructura eléctrica, licencias ambientales y subsidios. Un gobierno eficaz puede implementar estas reformas de forma coherente, mientras que uno débil puede quedar estancado en conflictos internos o presiones sectoriales.
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Evaluar la eficacia decisional permite prever momentos de parálisis legislativa, inestabilidad ejecutiva o, por el contrario, ventanas de oportunidad para alianzas público-privadas, inversiones en renovables o acceso a fondos internacionales.
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Conociendo la capacidad real de gobierno para ejecutar decisiones, las empresas pueden ajustar su estrategia de entrada, expansión o retiro, decidir en qué regiones avanzar con mayor rapidez y en cuáles actuar con mayor prudencia o exigir garantías adicionales.
MAPA DE CALOR
Mapa de calor: Eficacia Decisional del Gobierno por componente en 5 países (Mayo 2026)
El siguiente Mapa de Calor permite visualizar de forma clara y comparativa la capacidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México para tomar decisiones eficaces en cuatro áreas clave: Política Económica, Política Exterior, Política Social y Política Interior. A través de una escala cromática que va del rojo (baja eficacia) al verde (alta eficacia), se identifican los ámbitos en los que cada gobierno presenta mayores fortalezas o debilidades. Esta herramienta resulta especialmente útil para comprender las capacidades institucionales reales más allá del discurso político, ofreciendo una base comparativa para evaluar la calidad de la gobernabilidad, anticipar posibles disfuncionalidades y definir estrategias de relacionamiento, monitoreo o cautela frente a actores estatales en cada país.
ARGENTINA
Niveles de Eficacia Decisional del Gobierno por componente (Mayo 2026)
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica continúa siendo el componente más sólido de la eficacia decisional del gobierno argentino, aunque entre enero y mayo de 2026 muestra una leve pérdida de impulso respecto del cierre de 2025. La calificación baja marginalmente de 4.50 a 4.45, no porque el Ejecutivo haya abandonado su orientación central, sino porque los resultados del período muestran una combinación más compleja: continuidad del ancla fiscal, desaceleración inflacionaria todavía significativa, recuperación parcial de la actividad, pero también persistencia de vulnerabilidades externas, dificultades en la acumulación de reservas y señales de que la estabilización sigue siendo frágil. El principal elemento positivo sigue siendo la disciplina fiscal. En marzo y abril de 2026, el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero luego del pago de intereses, lo que confirma que el Ejecutivo mantiene una capacidad alta para sostener su prioridad de equilibrio presupuestario. En abril, el Gobierno informó un superávit financiero de $268.103 millones, mientras que en marzo había registrado un superávit financiero de $484.789 millones. Esta continuidad refuerza la idea de que la política económica conserva claridad estratégica, disciplina de implementación y capacidad para ordenar al aparato estatal en torno a una meta central. La inflación también ofrece señales favorables, aunque con matices. En abril de 2026, el IPC registró un aumento mensual de 2,6%, acumuló 12,3% en el año y marcó una variación interanual de 32,4%. El dato confirma una desaceleración frente a marzo, cuando la inflación mensual había sido de 3,4%, y mantiene la tendencia de reducción respecto de los niveles críticos de años anteriores. Sin embargo, el acumulado del primer cuatrimestre ya superaba la proyección anual de inflación incluida en el Presupuesto 2026, lo que muestra que la estabilización nominal sigue siendo efectiva, pero no completamente controlada. En materia de actividad, el balance también es mixto. El INDEC informó que en marzo de 2026 el Estimador Mensual de Actividad Económica creció 5,5% interanual, lo que sugiere una recuperación importante luego de meses de desempeño irregular. Sin embargo, la recuperación no fue lineal: sondeos previos mostraban una mejora leve en enero y una situación más débil en febrero, con fuerte disparidad sectorial y concentración del crecimiento en rubros como agro, minería, energía y finanzas, mientras que industria, comercio y consumo interno seguían mostrando fragilidad. La relación con el FMI confirma el mismo patrón: reconocimiento de avances, pero advertencia sobre vulnerabilidades. En mayo de 2026, el Fondo aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares tras la segunda revisión del programa, destacando avances fiscales, comerciales y laborales. Sin embargo, también señaló que el desempeño fue “mixto” hasta fines de 2025 por el incumplimiento de metas de reservas internacionales netas, y subrayó la necesidad de seguir reconstruyendo reservas y consolidando la desinflación. Esto limita la posibilidad de elevar la calificación, porque una política económica plenamente eficaz no solo debe ordenar el frente fiscal, sino también reducir vulnerabilidades externas y consolidar confianza cambiaria. Por tanto, la política económica mantiene una eficacia alta, pero deja de mostrar una trayectoria claramente ascendente. El Ejecutivo conserva capacidad de decisión, coherencia programática y control fiscal, pero la estabilización enfrenta tres límites: inflación todavía superior a la meta presupuestaria, recuperación económica heterogénea y dependencia de financiamiento externo o respaldo financiero internacional. La reducción de la calificación de 4.50 a 4.45 refleja precisamente esa lectura: el gobierno sigue siendo eficaz en economía, pero el período enero-mayo de 2026 muestra que la fase de consolidación es más difícil que la fase inicial de estabilización.
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior argentina conserva una eficacia moderada-alta, pero entre enero y mayo de 2026 muestra una leve baja de 3.60 a 3.55. La razón principal es que, si bien el Ejecutivo continuó utilizando la diplomacia como instrumento de apoyo a la estabilización económica, también aumentaron los costos de una política exterior excesivamente alineada con Estados Unidos y con menor margen de equilibrio frente a China, socios regionales y temas de alta sensibilidad nacional como Malvinas. El aspecto más eficaz de la política exterior sigue siendo su utilidad financiera. El gobierno argentino mantuvo una relación privilegiada con Washington y logró sostener una interlocución favorable con el FMI, lo que permitió el desembolso aprobado en mayo de 2026. Desde el punto de vista de la eficacia decisional, esto muestra que la política exterior no es un área aislada, sino una pieza funcional del programa económico. El Ejecutivo utilizó su alineamiento geopolítico para mejorar señales hacia organismos, mercados e inversores, reforzando el objetivo interno de estabilización. Sin embargo, el mismo alineamiento genera costos crecientes. El debate sobre la posible influencia china en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay mostró que la competencia entre Estados Unidos y China empieza a impactar directamente sobre decisiones estratégicas argentinas. En mayo de 2026, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió sobre presuntos vínculos chinos en una licitación de alrededor de 10.000 millones de dólares para la gestión y dragado del río Paraná, una ruta vital para las exportaciones argentinas. La controversia muestra que la política exterior argentina queda cada vez más atravesada por presiones de seguridad económica y disputa geopolítica. El vínculo con China también confirma esta tensión. En abril de 2025, Argentina había renovado por un año la parte activada del swap chino por 5.000 millones de dólares, instrumento relevante para reforzar reservas durante la transición macroeconómica. Pero hacia 2026, la administración de ese vínculo se volvió más delicada por la presión estadounidense y por el objetivo argentino de profundizar su alineamiento occidental. La eficacia exterior, por tanto, no desaparece, pero se vuelve más compleja: el gobierno logra apoyo de Estados Unidos, pero reduce su margen de maniobra con China, un actor todavía importante para comercio, financiamiento, infraestructura y sectores estratégicos. Otro elemento que limita la calificación es la cuestión Malvinas. En abril de 2026, Milei caminaba una línea fina en torno al tema, en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido. El presidente, que había enfrentado críticas por su admiración histórica hacia Margaret Thatcher, endureció parcialmente el tono sobre Malvinas, intentando equilibrar su alineamiento occidental con una demanda nacional profundamente sensible para la sociedad argentina. Esta situación muestra una política exterior con capacidad táctica, pero también expuesta a contradicciones simbólicas y restricciones domésticas. En síntesis, la política exterior sigue siendo eficaz para producir resultados inmediatos: apoyo financiero, señales de confianza y articulación con la estrategia económica. Pero su eficacia estratégica es menor, porque el alineamiento con Estados Unidos aumenta la exposición argentina a tensiones geopolíticas, reduce flexibilidad frente a China y no necesariamente fortalece consensos regionales o multilaterales de largo plazo. La baja de 3.60 a 3.55 expresa esta tensión: la política exterior es útil, pero menos equilibrada; produce beneficios financieros, pero también costos de autonomía y previsibilidad.
POLÍTICA SOCIAL
La política social es el componente más débil de la eficacia decisional del gobierno argentino y, entre enero y mayo de 2026, registra un deterioro adicional. La calificación baja de 2.15 a 2.05, porque el período muestra que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una arquitectura social capaz de amortiguar costos, recomponer ingresos o reducir conflictos en áreas sensibles. El Ejecutivo conserva coherencia fiscal, pero su capacidad de gobernar socialmente los efectos del ajuste sigue siendo limitada. El conflicto universitario es uno de los indicadores más claros de esta debilidad. A fines de mayo de 2026, las universidades públicas intensificaron protestas, ocupaciones estudiantiles y huelgas docentes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional citado por la prensa, las transferencias universitarias habrían caído más de 45% desde 2023 y los salarios docentes habrían perdido más de 37% de poder adquisitivo. Más allá de la disputa presupuestaria, el conflicto revela un problema de eficacia decisional: el Ejecutivo puede sostener la restricción fiscal, pero no logra estabilizar institucionalmente un área de alta legitimidad social como la educación pública. También se profundizan tensiones en sectores vulnerables. En mayo de 2026, AP reportó que servicios esenciales para personas con discapacidad enfrentaban riesgo de colapso por congelamiento de pagos y recortes a organizaciones que brindan terapias, educación, transporte y servicios vocacionales. El gobierno justificó la política como parte de una reforma antifraude, pero el impacto social y judicial muestra problemas de diseño, implementación y corrección. En términos de eficacia decisional, no basta con identificar abusos o reducir gastos: una política social eficaz debe distinguir entre depuración administrativa y preservación de servicios esenciales. La situación previsional también continúa siendo un foco de fragilidad. Reportes de mayo de 2026 describen que más adultos mayores siguen trabajando por insuficiencia de ingresos jubilatorios, con una jubilación mínima que, según la información citada, perdió poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Este fenómeno evidencia que la política social y previsional no ha logrado recomponer de manera suficiente la protección de sectores de alta vulnerabilidad, especialmente jubilados con haberes mínimos y trayectorias laborales informales. La baja de la inflación debería, en principio, mejorar la eficacia social del gobierno, porque reduce la presión sobre ingresos y precios básicos. Sin embargo, entre enero y mayo de 2026 esa mejora todavía no compensa el deterioro acumulado ni las tensiones distributivas. La inflación mensual de abril fue menor que la de marzo, pero los precios regulados subieron por encima del índice general y el acumulado anual seguía siendo alto. Esto significa que la estabilización nominal todavía convive con presión sobre tarifas, transporte, servicios y gastos esenciales. La política social, por tanto, no muestra ausencia total de decisión, sino una decisión subordinada casi por completo al objetivo fiscal. El problema es que esa subordinación reduce la capacidad del gobierno para producir gobernabilidad social. La administración puede contener gasto, pero no logra construir una narrativa ni una red de compensación suficientemente robusta para evitar que educación, discapacidad, jubilaciones y servicios públicos se conviertan en focos recurrentes de conflicto. La calificación de 2.05 refleja una eficacia baja: hay control fiscal, pero débil capacidad de protección, coordinación y corrección social.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior registra una mejora leve, de 3.30 a 3.35, porque entre enero y mayo de 2026 el Ejecutivo mostró mayor capacidad para avanzar con parte de su agenda legislativa y sostener iniciativa política, aunque dentro de una gobernabilidad todavía transaccional, polarizada y vulnerable. El gobierno no alcanza una eficacia alta, pero demuestra que puede operar en minoría, negociar con actores parlamentarios y territoriales, y mantener el control de la agenda pública pese a conflictos sociales y desgaste de popularidad. El principal punto a favor es la capacidad de avanzar con reformas estructurales. En febrero de 2026, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por Milei, una pieza central de su agenda promercado. La aprobación se produjo tras un debate extenso, con concesiones incorporadas para responder a preocupaciones de gobernadores, sindicatos y otros actores. Esto muestra un rasgo importante de eficacia interior: el Ejecutivo no solo presiona o comunica, sino que empieza a transformar su capital político posterior a las legislativas de 2025 en resultados institucionales concretos. El gobierno también buscó ampliar su agenda con reformas tributarias y electorales. En marzo de 2026, Milei planteó ante el Congreso la necesidad de reducir impuestos y avanzar en nuevas reformas durante el año. En abril, anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las PASO obligatorias, presentada como una medida de reducción de costos, transparencia y ordenamiento partidario. Estas iniciativas muestran voluntad de profundizar el rediseño institucional y económico, aunque su eficacia final dependerá de la capacidad de aprobación, implementación y aceptación política. Sin embargo, la mejora es limitada porque el gobierno enfrenta signos de desgaste político. En marzo de 2026, Reuters informó una caída de casi cinco puntos en la aprobación presidencial en distintas encuestas, vinculada a denuncias de corrupción que afectaron al gobierno. En mayo, también se observó una recomposición opositora: líderes peronistas, con Axel Kicillof como figura destacada, comenzaron a buscar una alianza amplia para desafiar a Milei en 2027. Estos elementos no anulan la eficacia interior del Ejecutivo, pero muestran que el capital político se vuelve más disputado y que la oposición empieza a encontrar incentivos para coordinarse. Otro límite relevante es el distanciamiento de Mauricio Macri. En mayo de 2026, el expresidente cuestionó públicamente el estilo de liderazgo de Milei, al que describió como emocional y personalista, aunque mantuvo respaldo general al rumbo económico. Este distanciamiento importa porque el PRO fue un actor clave para la gobernabilidad legislativa y territorial del gobierno. La crítica de Macri sugiere que la coalición de apoyo no es plenamente estable y que la cooperación con sectores de centroderecha puede volverse más condicional. En consecuencia, la política interior argentina mejora, pero no cambia de categoría. El Ejecutivo tiene más capacidad de iniciativa que en 2024 y parte de 2025, logra avanzar con reformas y conserva disciplina política. Pero su gobernabilidad sigue dependiendo de acuerdos ad hoc, negociaciones con gobernadores, apoyos parciales de bloques aliados y una oposición que, aunque fragmentada, empieza a buscar mayor coordinación. La nueva calificación de 3.35 reconoce una eficacia moderada con leve avance: el gobierno puede producir decisiones y obtener algunos resultados legislativos, pero aún no consolida consensos previsibles ni una coalición institucional plenamente estable.
BRASIL
Niveles de Eficacia Decisional del Gobierno por componente (Mayo 2026)
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica del gobierno brasileño mantiene una eficacia media, con una leve mejora respecto de diciembre de 2025, pasando de 3.20 a 3.25. La variación positiva no responde a una superación estructural de los problemas fiscales y financieros, sino a una mayor capacidad del Ejecutivo para administrar restricciones simultáneas: sostener actividad económica, responder a presiones sociales en un año electoral, contener parcialmente el deterioro fiscal y preservar credibilidad ante los mercados. Brasil no muestra una política económica paralizada, pero tampoco una política económica plenamente transformadora. Predomina una lógica de gestión defensiva, con decisiones orientadas a evitar desbordes más que a inaugurar una nueva fase de crecimiento sostenido. El principal elemento positivo del período enero–mayo de 2026 es que la economía mostró señales de mayor resiliencia que las observadas hacia fines de 2025. Un sondeo de Reuters estimaba que el PIB del primer trimestre de 2026 habría crecido alrededor de 1,0% trimestral, apoyado por manufacturas más fuertes, mercado laboral resistente, servicios, comercio, exportaciones petroleras y medidas de estímulo al consumo. Esto sugiere que el gobierno logró evitar un enfriamiento más severo de la economía, pese a tasas de interés todavía muy elevadas y a la incertidumbre política previa a las elecciones de octubre. También hubo señales favorables en la recaudación. En abril de 2026, la recaudación federal alcanzó un récord de 278.823 millones de reales, con un aumento real interanual de 7,82%, impulsado especialmente por ingresos vinculados al petróleo, mayores pagos de impuesto a la renta corporativa, contribuciones de seguridad social e impuestos sobre inversiones de renta fija. Esta mejora dio oxígeno fiscal al gobierno y reforzó su capacidad de financiar prioridades sin un ajuste abrupto adicional. Sin embargo, el fuerte componente petrolero de este resultado también introduce un elemento de vulnerabilidad, porque parte de la mejora depende de factores externos y no solamente de eficiencia estructural de la política fiscal. El frente fiscal, precisamente, sigue siendo el principal límite de la eficacia económica. En mayo, el gobierno anunció un bloqueo adicional de gasto de 22.100 millones de reales, elevando el total restringido a 23.700 millones, para intentar cumplir con el marco fiscal que limita el crecimiento real del gasto. La decisión muestra capacidad de reacción y cierta disciplina administrativa, pero también revela que el Ejecutivo opera bajo presión permanente de gastos obligatorios, especialmente beneficios sociales, pensiones y nómina salarial. Además, la proyección de déficit primario fue revisada a 60.300 millones de reales, equivalente a 0,44% del PIB, aunque las reglas fiscales permiten excluir ciertos gastos para alcanzar formalmente la meta. La inflación y la política monetaria agregan otra restricción. La inflación anual medida en la primera quincena de mayo llegó a 4,64%, superando el techo del rango objetivo del Banco Central, lo que complicó la trayectoria de reducción de tasas. Aunque el Banco Central había recortado la Selic en 25 puntos básicos hasta 14,50%, el mensaje siguió siendo cauteloso por expectativas inflacionarias elevadas, presión de alimentos y costos de vivienda y salud. Esto reduce la eficacia económica del gobierno porque encarece el crédito, limita la inversión y obliga a una administración más prudente de los estímulos. Por tanto, la mejora de 3.20 a 3.25 debe leerse como una mejora incremental y defensiva. El gobierno brasileño logró sostener crecimiento, empleo, consumo y recaudación mejor de lo esperado, pero no resolvió la tensión de fondo entre expansión social, credibilidad fiscal, inflación y costo del crédito. La política económica es eficaz para administrar restricciones, evitar deterioros abruptos y mantener cierta previsibilidad, pero sigue limitada por un marco fiscal estrecho, una política monetaria restrictiva y una economía que todavía depende de estímulos, ingresos extraordinarios y condiciones externas favorables.
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior brasileña mantiene una eficacia relativamente alta y registra una leve mejora, de 3.70 a 3.80, durante el período enero–mayo de 2026. Brasil conserva una diplomacia activa, profesionalizada y con vocación de protagonismo internacional. A diferencia de otros países de la región, donde la política exterior aparece subordinada casi exclusivamente a necesidades financieras o alineamientos ideológicos, Brasil sigue utilizando su aparato diplomático para proyectar liderazgo global, sostener autonomía relativa y ocupar espacios en agendas estratégicas como cambio climático, Amazonía, transición energética, Sur Global y gobernanza multilateral. El principal activo del período fue la continuidad de la agenda ambiental y climática, especialmente en torno a la COP30. El gobierno comprometió 3.100 millones de reales, equivalentes a unos 617,5 millones de dólares, para ampliar el programa Eco Invest en la Amazonía, con un modelo de financiamiento mixto orientado a bioeconomía, infraestructura sostenible, turismo ecológico y preservación de recursos naturales. La iniciativa busca movilizar inversión privada e internacional y fortalece la narrativa de Brasil como actor indispensable en la agenda climática global. Esta capacidad de iniciativa externa es relevante para la eficacia decisional porque muestra coordinación entre política exterior, política ambiental, financiamiento y reputación internacional. El gobierno no se limita a participar en foros multilaterales; intenta transformar su capital diplomático en instrumentos concretos de inversión, cooperación y posicionamiento estratégico. En un contexto global marcado por competencia geopolítica y fragmentación, Brasil preserva una identidad de potencia intermedia con autonomía de movimiento y capacidad de interlocución con diversos polos. Sin embargo, la eficacia exterior brasileña no está exenta de tensiones. La propia agenda ambiental enfrenta contradicciones internas. Mientras el Ejecutivo intenta fortalecer su imagen internacional como defensor de la Amazonía, sectores conservadores del Congreso y del agronegocio impulsan iniciativas que debilitan controles ambientales o flexibilizan licencias. Pese al compromiso del gobierno con metas climáticas, esfuerzos legislativos recientes de la Cámara baja conservadora amenazan la fiscalización ambiental y generan preocupación entre organizaciones ambientalistas. Este punto es importante: la política exterior puede ser eficaz en la proyección internacional, pero su credibilidad depende de la capacidad interna de implementación. Brasil tiene diplomacia, narrativa y liderazgo, pero enfrenta límites cuando la agenda climática choca con coaliciones legislativas, intereses productivos y disputas territoriales dentro del país. Por eso la calificación sube solo levemente y no alcanza niveles superiores. También debe considerarse la creciente internacionalización de la disputa política brasileña. En mayo de 2026, Flávio Bolsonaro viajó a Washington y se reunió con figuras de alto nivel del gobierno estadounidense, incluyendo al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, en el marco de una estrategia política que buscaba fortalecer vínculos internacionales de la oposición bolsonarista. En esas conversaciones se trataron temas como crimen organizado, tierras raras y libertad de expresión, además de la situación de Jair Bolsonaro. Este fenómeno no reduce directamente la capacidad diplomática del Estado brasileño, pero sí introduce una nueva presión: la política exterior se convierte también en terreno de disputa doméstica. La oposición busca vínculos internacionales propios, mientras el gobierno de Lula intenta preservar canales institucionales y mantener autoridad diplomática. En este sentido, la política exterior sigue siendo eficaz, pero opera en un entorno más politizado.
POLÍTICA SOCIAL
La política social brasileña se mantiene como uno de los componentes más eficaces del gobierno de Lula, con una leve mejora de 3.93 a 3.98. La variación es pequeña porque el subíndice ya partía de un nivel alto en diciembre de 2025 y porque, aunque el gobierno conserva capacidad de protección social, esta sigue condicionada por restricciones fiscales, inflación de alimentos y tensiones entre expansión de derechos y sostenibilidad presupuestaria. No obstante, entre enero y mayo de 2026 el Ejecutivo logró sostener una orientación social activa, mantener empleo e ingresos y avanzar en medidas con impacto directo sobre trabajadores y consumidores. Uno de los hechos más relevantes fue la aprobación en la Cámara baja de una enmienda constitucional, respaldada por Lula, para reducir la semana laboral estándar de 44 a 40 horas, sin reducción salarial. La propuesta fue aprobada en segunda vuelta por una mayoría muy amplia de 461 votos contra 19 y todavía debe ser ratificada por el Senado. Aunque no está plenamente implementada, su avance legislativo muestra capacidad política para instalar una agenda social-laboral de alto impacto, con potencial beneficio para más de 37 millones de trabajadores según estimaciones oficiales. Desde la perspectiva de eficacia decisional, esta medida es importante porque combina política social, política laboral y política electoral. Lula busca reforzar su vínculo con trabajadores formales y sectores populares en un contexto de competencia electoral. Pero, a diferencia de una medida meramente simbólica, la reducción de jornada implica un rediseño normativo relevante, con implementación gradual y necesidad de regulación sectorial posterior. Por eso fortalece la evaluación de eficacia social, aunque su efecto final dependerá de la aprobación en el Senado y de la capacidad de aplicación en sectores productivos diversos. Otra señal social relevante fue la eliminación del impuesto federal a importaciones extranjeras de hasta 50 dólares, una medida dirigida a reducir el costo de bienes comprados en plataformas de comercio electrónico utilizadas ampliamente por consumidores de ingresos bajos y medios. El gobierno revirtió así un impuesto impopular, buscando aliviar el bolsillo de los consumidores antes de la elección. La decisión puede tensionar ingresos fiscales, pero desde el punto de vista social muestra sensibilidad política y capacidad de corrección frente a una medida percibida como regresiva por una parte importante de la población. La política social también se benefició de un mercado laboral relativamente resistente y de estímulos al consumo. El consumo de los hogares habría repuntado en el primer trimestre de 2026 por empleo fuerte, mayores ingresos y medidas recientes de alivio de deuda y exenciones tributarias. Esto sugiere que el gobierno logró sostener un piso social relativamente estable, incluso en un contexto de tasas de interés altas y restricciones fiscales. Sin embargo, el subíndice no debe subir demasiado porque la política social continúa operando bajo fuerte presión fiscal. El bloqueo de gasto anunciado en mayo se explica en parte por el aumento de gastos obligatorios en beneficios sociales, pensiones y nómina pública. Esto muestra que el Estado brasileño posee una arquitectura social amplia, pero que esa misma arquitectura reduce el margen fiscal y obliga a decisiones de priorización. Además, la inflación de alimentos vuelve a ser una restricción social relevante. El aumento de precios en alimentos y bebidas fue el principal factor detrás del salto de inflación de comienzos de mayo, afectando directamente a los hogares de menores ingresos. Esto limita la eficacia social porque reduce parte del impacto de las políticas de ingreso y obliga al gobierno a compensar, corregir o contener efectos distributivos que provienen de la dinámica de precios.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior es el componente más frágil de la eficacia decisional del gobierno brasileño y registra una leve baja de 2.95 a 2.90. El gobierno de Lula conserva capacidad institucional, experiencia política y canales de negociación, pero entre enero y mayo de 2026 se observa una intensificación de la fricción Ejecutivo–Congreso, una mayor judicialización de la disputa política y una creciente proyección electoral de la polarización bolsonarismo–lulismo. Brasil no muestra parálisis institucional, pero sí una gobernabilidad interior cada vez más costosa. El principal problema es que el Ejecutivo debe gobernar con un Congreso fragmentado, conservador y con capacidad real de veto. El episodio más importante del período fue la decisión del Congreso de revertir un veto presidencial sobre un proyecto que reducía de manera significativa la condena de Jair Bolsonaro por conspiración golpista. El hecho mostró que, incluso en temas altamente sensibles para la defensa institucional, el Ejecutivo no controla plenamente la agenda parlamentaria ni puede impedir que mayorías circunstanciales desafíen su autoridad política. La intervención posterior del Supremo Tribunal Federal, mediante una decisión del juez Alexandre de Moraes que suspendió la aplicación de la reducción de la pena, evitó un desenlace institucional más favorable a Bolsonaro, pero al mismo tiempo reforzó la judicialización del conflicto político. Desde una perspectiva de gobernabilidad, esto tiene una doble lectura. Por un lado, muestra fortaleza institucional: el sistema judicial actúa como contrapeso frente a una decisión legislativa polémica. Por otro lado, evidencia que la resolución de conflictos centrales depende cada vez más del Poder Judicial, lo que puede alimentar la narrativa de persecución de la oposición y profundizar la polarización. El ciclo político-electoral también aumenta la presión sobre la política interior. En mayo, algunas encuestas mostraban que Lula lideraba a Flávio Bolsonaro, pero el escenario confirma que el bolsonarismo mantiene capacidad competitiva y que la disputa electoral se organiza nuevamente alrededor de una polarización de alta intensidad. La internacionalización del bolsonarismo agrega otra dimensión a la fricción interna. Flávio Bolsonaro buscó interlocución con autoridades estadounidenses de alto nivel, mientras enfrentaba cuestionamientos por presuntos vínculos con financiamiento de una película sobre su padre. Aunque este episodio no pertenece estrictamente a la gestión interna del Ejecutivo, sí afecta la política interior porque muestra que la oposición intenta construir legitimidad externa y activar redes ideológicas internacionales. No obstante, la política interior no cae más porque el gobierno todavía demuestra capacidad de negociación selectiva. La aprobación en la Cámara baja de la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, con una mayoría abrumadora, muestra que Lula aún puede construir acuerdos amplios cuando la iniciativa conecta con demandas sociales fuertes o con incentivos electorales compartidos. El problema es que esa capacidad es irregular. En algunos temas sociales, el Ejecutivo logra mayorías amplias; en temas institucionales, fiscales o ligados a Bolsonaro, enfrenta vetos fuertes, rebeliones legislativas o decisiones que luego deben ser corregidas judicialmente. Por eso la eficacia interior brasileña es inferior a su eficacia social o exterior. El gobierno sabe negociar, pero negocia con altos costos; conserva iniciativa en algunas agendas, pero no controla el centro político; mantiene institucionalidad, pero bajo tensión polarizada.
CHILE
Niveles de Eficacia Decisional del Gobierno por componente (Mayo 2026)
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica chilena registra una leve baja entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, pasando de 3.30 a 3.25. El descenso no implica una pérdida severa de capacidad macroeconómica, sino una transición desde una etapa de prudencia económica y destrabe regulatorio bajo el cierre del gobierno de Boric hacia una fase inicial del gobierno de Kast marcada por mayor presión fiscal, revisión crítica de las cuentas públicas heredadas y tensiones en torno al ajuste presupuestario. Chile conserva instituciones económicas sólidas, pero el período muestra una eficacia menos fluida que a fines de 2025. El principal activo heredado del ciclo anterior fue la agenda de permisos sectoriales. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aprobada y publicada en 2025, buscó reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir estándares ambientales ni técnicos. En febrero de 2026 avanzó su implementación mediante normas de gradualidad y consulta reglamentaria, orientadas a fortalecer certeza regulatoria y agilizar proyectos estratégicos. Esta continuidad muestra capacidad estatal para transformar un diagnóstico ampliamente compartido —la “permisología”— en un instrumento normativo concreto. Sin embargo, la eficacia económica se ve limitada por el cuadro fiscal. En mayo de 2026, el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior y elevó en aproximadamente 10.500 millones de dólares la estimación de deuda pública a 2030. Según esa revisión, el déficit efectivo para 2026 sería de 2,9% del PIB, frente al 1,8% previsto previamente, y la deuda pública podría superar el umbral prudencial de 45% del PIB hacia 2028. Más allá de la disputa política sobre responsabilidades, este episodio reduce la eficacia decisional porque introduce incertidumbre sobre la calidad de la información fiscal, obliga a un ajuste defensivo y eleva los costos de coordinación entre Hacienda, Congreso y gobiernos subnacionales. El gobierno de Kast respondió con una agenda de ajuste y “reconstrucción” fiscal, pero esa decisión generó rápidamente conflictos en áreas sensibles como salud, educación y municipios. Desde la perspectiva de eficacia decisional, esto muestra capacidad para tomar decisiones fiscales, pero también dificultad para implementarlas sin abrir frentes políticos simultáneos. Una política económica eficaz no solo debe ordenar cuentas públicas, sino hacerlo con previsibilidad, coordinación territorial y manejo político de los costos. La resistencia transversal de alcaldes y parlamentarios frente a la megarreforma y los recortes sugiere que la ejecución económica inicial del nuevo gobierno enfrenta fricciones importantes. En materia macroeconómica, Chile mantiene fortalezas relativas. El Banco Central había señalado que la inflación convergió a la meta a inicios de 2026, llegando a 2,4% en febrero, mientras que el PIB de 2025 cerró con crecimiento de 2,5%. Estos datos sostienen una base de estabilidad que diferencia a Chile de economías regionales más desordenadas. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo elevada, con 8,9% en el primer trimestre de 2026, lo que limita la traducción de estabilidad macro en bienestar social y dinamismo político.
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior chilena baja de 3.60 a 3.50 entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. La reducción no responde a una crisis diplomática, sino a una pérdida de continuidad y densidad estratégica asociada al cambio de gobierno. Durante el cierre del mandato de Boric, Chile mantuvo una política exterior activa, multilateralista, centrada en derechos humanos, cambio climático, autonomía estratégica y equilibrio entre Estados Unidos y China. Con la llegada de Kast, esa línea comienza a reorientarse hacia una política exterior más ideológica, más cercana a gobiernos conservadores y más enfocada en seguridad, orden interno y alineamientos políticos. El gobierno saliente dejó una política exterior relativamente profesionalizada. La Cancillería de Boric buscó consolidar una narrativa de multilateralismo, derecho internacional y derechos humanos, con especial énfasis en democracia, medio ambiente y gobernanza global. Human Rights Watch destacó que Chile, bajo Boric, aplicó una política exterior basada en principios y centrada en derechos, incluyendo iniciativas como la cumbre “Democracia Siempre” de 2025. Esta continuidad daba al país una eficacia externa moderada-alta: no era una política exterior de gran potencia, pero sí coherente, institucional y con baja improvisación. El cambio de mando introduce, sin embargo, una alteración de prioridades. Kast llega al poder con una agenda más centrada en seguridad, control migratorio, orden interno y afinidades con liderazgos de derecha regional. Incluso antes de asumir, su agenda internacional incluyó contactos simbólicos, como el viaje a El Salvador de Nayib Bukele, lo que sugería una orientación más política y securitaria. Esto no implica necesariamente aislamiento diplomático, pero sí una probable reducción del perfil multilateralista y de derechos humanos que caracterizó al gobierno anterior. La eficacia exterior chilena también se ve condicionada por el hecho de que, durante los primeros meses de Kast, la agenda doméstica absorbió gran parte de la atención gubernamental. La denuncia de una “crisis profunda” en seguridad y finanzas, la revisión fiscal, los recortes, el conflicto con alcaldes y el primer cambio de gabinete redujeron el espacio para una política exterior activa y consistente. En términos decisionales, la Cancillería puede seguir funcionando profesionalmente, pero la conducción presidencial parece más concentrada en recomposición interna que en proyección internacional. La baja a 3.50 debe leerse entonces como una reducción moderada, no como deterioro severo. Chile conserva institucionalidad diplomática, pertenencia a redes multilaterales, tratados comerciales, capacidad técnica y prestigio relativo. Pero el período enero–mayo muestra una política exterior menos visible, menos coherente como relato de Estado y más expuesta a la redefinición ideológica del nuevo gobierno. La eficacia externa disminuye porque la transición reduce continuidad estratégica y porque la política exterior todavía no muestra resultados nuevos equivalentes a los del ciclo anterior.
POLÍTICA SOCIAL
La política social chilena registra una baja más clara, de 3.55 a 3.40, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. La razón principal es que el período combina avances importantes heredados del gobierno de Boric —reforma previsional, sistema nacional de cuidados, subsidios y continuidad de programas sociales— con una nueva etapa marcada por recortes, conflictos en salud pública, presión municipal y temor a retrocesos en áreas sensibles. No se trata de un colapso de la política social, pero sí de una pérdida de eficacia relativa. Durante los primeros meses de 2026 todavía se observaron efectos positivos de la agenda social del gobierno saliente. En febrero, Boric promulgó la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, conocida como Chile Cuida, que reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Además, el gobierno destacó que la reforma previsional comenzaba a sentirse en los ingresos de personas mayores, particularmente mediante mejoras asociadas a la Pensión Garantizada Universal y beneficios previsionales. Estos avances justificaban la calificación alta-media de diciembre, porque mostraban capacidad de transformar compromisos sociales en instrumentos institucionales. Sin embargo, el cambio de gobierno altera el balance. En mayo, el gobierno de Kast enfrentó una fuerte controversia por el recorte de 413.000 millones de pesos al presupuesto de salud pública, equivalente aproximadamente a 460 millones de dólares y a 2,5% del financiamiento del Ministerio de Salud. La medida provocó reacción de gremios, alcaldes, oposición, organizaciones ciudadanas e incluso autoridades locales de distintos sectores políticos, que advirtieron impactos en hospitales y atención primaria. Desde la perspectiva de eficacia decisional, la señal es negativa: el Ejecutivo puede decidir ajustar, pero no logra implementar la medida sin activar un frente social e institucional amplio. El conflicto sanitario no es aislado. La megarreforma del nuevo gobierno, con más de 50 artículos en materias tributarias, laborales y medioambientales, generó críticas transversales de alcaldes y parlamentarios, en particular por la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años, que implicaría una pérdida de ingresos municipales estimada en 200 millones de dólares, compensada solo parcialmente. Esto afecta la eficacia social porque muchas políticas de bienestar dependen de ejecución territorial. Si municipios perciben desfinanciamiento, la capacidad estatal de implementar beneficios, servicios y programas se debilita. También existe presión sobre los hogares por tarifas y costos básicos. En mayo se abrió una nueva convocatoria al subsidio eléctrico para mitigar alzas en las cuentas de electricidad, en un contexto de normalización tarifaria tras años de congelamiento y una deuda acumulada con generadoras estimada en 6.000 millones de dólares. La existencia del subsidio muestra capacidad de focalización, pero también revela que la política social debe actuar de manera defensiva frente a costos acumulados de decisiones anteriores. La baja de 3.55 a 3.40 no elimina los logros sociales acumulados, pero reconoce que la eficacia social se vuelve más incierta. Chile conserva instrumentos de protección, avances legislativos y capacidad administrativa; sin embargo, el nuevo ciclo introduce una tensión entre ajuste fiscal y preservación de derechos sociales. La política social deja de avanzar con lógica incremental y pasa a una fase de disputa por financiamiento, sostenibilidad y alcance de los beneficios.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior muestra el punto más exigido: el Ejecutivo avanzó en agenda La política interior es el componente que más se deteriora, bajando de 3.10 a 2.90. El descenso refleja una transición política de alta exigencia, el inicio de un gobierno con fuerte mandato de cambio, pero también con señales tempranas de improvisación, conflictos de coordinación, tensiones con actores territoriales y desgaste prematuro en áreas centrales como seguridad. Chile no entra en una crisis de gobernabilidad, pero la eficacia interior del Ejecutivo se vuelve más frágil que a fines de 2025. El gobierno de Kast llegó con una agenda clara de seguridad, orden, reconstrucción fiscal y corrección del ciclo anterior. Esa claridad programática podía elevar la eficacia decisional si se traducía en coordinación rápida y resultados verificables. Sin embargo, los primeros meses muestran problemas de instalación. Ya en enero, antes de asumir, la conformación del gabinete fue descrita como inusual, informada “a goteo” y con retrocesos, lo que anticipaba cierta dificultad para ordenar equipos y mensajes. La señal más grave apareció en mayo, cuando Kast realizó su primer cambio de gabinete apenas dos meses después de asumir, removiendo a la ministra de Seguridad y a la vocera presidencial. La salida temprana de dos figuras centrales del arranque gubernamental muestra problemas de coordinación política, comunicación y ejecución en un área —seguridad— que era precisamente el eje identitario del nuevo gobierno. En términos de eficacia decisional, este episodio pesa mucho: revela que el Ejecutivo decide, pero aún no logra convertir prioridad política en arquitectura operativa estable. El conflicto en seguridad es particularmente relevante porque Kast había construido gran parte de su legitimidad política sobre la promesa de orden. La rápida crisis del equipo responsable de seguridad redujo la percepción de control y permitió comparar negativamente la retórica de campaña con la capacidad efectiva de gobierno. Un análisis publicado por El País señaló que la salida de la ministra de Seguridad y de la vocera, tras solo 69 días, expuso la falta de un plan suficientemente estructurado y coherente, pese a que el nuevo ministro reconoció elementos del marco contra el crimen organizado desarrollado durante el gobierno anterior. La política interior también se complica por el choque con municipios y Congreso. Los recortes en salud y la megarreforma tributaria-laboral-medioambiental generaron críticas no solo desde la oposición, sino también desde la derecha tradicional y alcaldes oficialistas. Esta resistencia transversal reduce la eficacia interior porque obliga al Ejecutivo a gastar capital político en defender medidas iniciales, corregir diseños o abrir mesas de negociación. La baja a 2.90 no implica que el gobierno haya perdido capacidad de mando. Kast conserva mayoría social reciente, autoridad presidencial, una agenda clara y posibilidad de reorganizar su equipo. Pero la eficacia interior depende de algo más que mandato electoral: requiere coordinación ministerial, interlocución territorial, control comunicacional y capacidad de convertir prioridades en resultados. En sus primeros meses, el nuevo gobierno muestra más energía política que capacidad institucional consolidada.
COLOMBIA
Niveles de Eficacia Decisional del Gobierno por componente (Mayo 2026)
POLÍTICA ECONÓMICA
La eficacia decisional económica del gobierno colombiano muestra un deterioro leve entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, pasando de 2.70 a 2.60. La baja no responde a una crisis económica abierta ni a una pérdida completa de capacidad de gestión, sino a la persistencia de una contradicción central: el gobierno logró sostener algunos avances sociales, consumo interno y niveles relativamente favorables de empleo, pero no consiguió resolver los problemas de fondo en materia fiscal, inversión, confianza regulatoria y sostenibilidad macroeconómica. En términos de eficacia decisional, Colombia muestra una economía que todavía funciona, pero bajo una conducción que no logra transformar sus prioridades políticas en un marco estable de crecimiento, inversión y credibilidad. Durante los primeros meses de 2026, los indicadores sociales y de actividad mostraron algunos elementos positivos. El balance del ciclo Petro exhibe niveles de desempleo bajos en perspectiva histórica, reducción de pobreza multidimensional y dinamismo en sectores como turismo, café y cacao. Sin embargo, esos resultados aparecen fuertemente sostenidos por gasto público, subsidios, aumentos salariales y estímulo al consumo, más que por una expansión robusta de la inversión productiva. La inversión cayó a niveles cercanos a mínimos de dos décadas, alrededor de 16% del PIB, afectada por incertidumbre regulatoria, inseguridad, presión tributaria y falta de señales estables para el sector privado. El frente fiscal es el principal factor que reduce la eficacia económica. Diversos análisis señalan que Colombia cerró el ciclo con un déficit elevado, entre los más altos de América Latina, y con advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la necesidad de un ajuste significativo del gasto para evitar una crisis de sostenibilidad. El País reportó un déficit de 6,4% del PIB, mientras ANIF proyectó un déficit incluso mayor, de 7,1% del PIB para 2025, destacando que el desequilibrio fiscal elevó la deuda pública y la prima de riesgo colombiana. Esta situación afecta directamente la eficacia decisional porque muestra que el Ejecutivo tiene capacidad para expandir gasto y sostener programas, pero menor capacidad para ordenar el financiamiento de sus prioridades. La inflación y las tasas de interés también limitan la eficacia económica. El Banco de la República señaló que en 2025 la inflación anual se ubicó en 5,1%, todavía por encima de la meta de 3%, y que la economía creció impulsada por consumo vigoroso, impulso fiscal, mayores ingresos de los hogares y bajo desempleo. Esta combinación revela una economía con demanda interna activa, pero también con presiones que dificultan una normalización monetaria más rápida. A marzo de 2026, BBVA Research proyectaba crecimiento de 2,8% para 2026, pero advertía que la recuperación estaba condicionada por desbalances macroeconómicos, inflación persistente y altas tasas de interés, haciendo indispensable reactivar la inversión privada. La reducción de la calificación a 2.60 refleja, por tanto, una eficacia económica baja-media. El gobierno no perdió completamente la conducción macroeconómica, pero sus decisiones siguen produciendo una brecha entre objetivos redistributivos y capacidad de sostenibilidad. El Ejecutivo logró sostener consumo, empleo y ciertos indicadores sociales, pero no logró generar una señal suficientemente consistente para inversión, confianza empresarial y disciplina fiscal. En términos MedOr, la política económica colombiana muestra más capacidad de administración coyuntural que de conducción estratégica.
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior mantiene una eficacia baja-media y registra una leve caída, de 2.40 a 2.35, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El gobierno conserva alta visibilidad internacional y una narrativa intensa en derechos humanos, migración, paz, transición energética y crítica al orden internacional, pero esa visibilidad no se traduce en una mayor capacidad de construir ventajas estables. La política exterior continúa siendo activa, pero irregular; tiene capacidad de instalar posiciones, pero menor capacidad para convertirlas en resultados diplomáticos sostenidos, previsibles y funcionales a los intereses estratégicos del Estado colombiano. El vínculo con Estados Unidos siguió siendo el punto más sensible. En febrero de 2026, una reunión entre Petro y Trump evitó una crisis mayor, pero no produjo acuerdos formales ni anuncios relevantes. Esa lectura es importante porque muestra una política exterior que logra contener episodios de tensión, pero no necesariamente convertir la relación bilateral en una plataforma estable de cooperación. En mayo, Petro volvió a elevar el tono contra el gobierno estadounidense tras el suicidio de un colombiano detenido por ICE, calificando las condiciones de detención como inhumanas y pidiendo protesta diplomática. El tema tiene alta sensibilidad humanitaria, pero también muestra una relación bilateral con tendencia recurrente a la confrontación pública. La adquisición de aviones Gripen a Suecia es uno de los hechos más relevantes del período y de la fase final del gobierno. El acuerdo por 17 aeronaves Gripen, firmado con Saab por aproximadamente 3.600 millones de dólares, moderniza la capacidad aérea colombiana y reemplaza los antiguos Kfir. Desde el punto de vista de eficacia decisional, la compra muestra capacidad de tomar una decisión estratégica postergada durante años y de diversificar proveedores de defensa. Sin embargo, también genera tensiones: se produce en un contexto de restricciones fiscales, deterioro presupuestario y fricciones diplomáticas con Estados Unidos, que competía indirectamente con su oferta de F-16. El gobierno también lanzó en enero de 2026 un plan de defensa antidrones por 1.680 millones de dólares para responder al uso creciente de drones por grupos armados ilegales. La medida tiene una dimensión de seguridad interna, pero también de política exterior y defensa, porque requiere cooperación tecnológica, adquisición internacional y coordinación con socios externos. En términos decisionales, muestra reacción ante una amenaza concreta; sin embargo, también evidencia que la agenda exterior-defensiva está cada vez más condicionada por el deterioro de la seguridad territorial. La baja de 2.40 a 2.35 se justifica porque, aunque el gobierno adopta decisiones relevantes, la política exterior conserva un patrón de alta exposición y baja previsibilidad. La relación con Estados Unidos sigue atravesada por tensiones personales, ideológicas y migratorias; la relación con Europa gana peso por la compra de defensa, pero no compensa plenamente el deterioro con Washington; y la política internacional de Petro continúa mezclando principios, confrontación discursiva y decisiones estratégicas con baja articulación institucional.
POLÍTICA SOCIAL
La política social baja de 3.45 a 3.40 entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El descenso no desconoce que el gobierno de Petro logró avances sociales relevantes durante su mandato, sino que evalúa la eficacia decisional del período reciente: entre enero y mayo de 2026, el Ejecutivo llegó al tramo final con logros acumulados, pero también con reformas estructurales trabadas, judicializadas o incompletas. La política social conserva orientación redistributiva y capacidad programática, pero muestra menor eficacia para convertir ambición reformista en implementación institucional estable. El balance social del gobierno es más favorable que el económico. Colombia llega al cierre del ciclo Petro con algunos de los mejores indicadores sociales del siglo: desempleo en torno al 8,9%, pobreza multidimensional en 9,9% y mejoras vinculadas al consumo, ingresos y programas sociales. Estos resultados son relevantes porque muestran que la política social no fue simplemente retórica; hubo efectos concretos en hogares, empleo y reducción de vulnerabilidades. Sin embargo, el mismo balance advierte que estos logros se sostuvieron con alto gasto público y subsidios, lo que tensiona la sostenibilidad fiscal. El problema central está en la implementación de las grandes reformas. La reforma pensional, una de las piezas más importantes del proyecto social de Petro, continuó atrapada en revisión constitucional. En mayo de 2026, La República informó que la Corte Constitucional evaluaba devolver el debate al Congreso y que la decisión definitiva probablemente solo se conocería después de las elecciones presidenciales. Esto debilita la eficacia social porque una reforma aprobada políticamente, pero suspendida o incierta en sede constitucional, no produce todavía resultados plenos ni previsibilidad para trabajadores, pensionados, fondos y Estado. La reforma laboral muestra una trayectoria similar: el gobierno logró que el Congreso aprobara una versión revisada después de la suspensión del decreto de consulta popular en 2025, pero el episodio dejó una marca institucional. El Consejo de Estado había suspendido el decreto de Petro que convocaba un referendo laboral por falta de aprobación del Senado, lo que evidenció problemas de alineación entre estrategia política, diseño jurídico y marco institucional. Aunque el gobierno consiguió rescatar parte de la agenda laboral, la eficacia quedó dañada por el camino utilizado y por la necesidad de retroceder frente a controles judiciales. En salud, la situación también confirma un patrón de alta ambición y ejecución desigual. La reforma sanitaria continuó enfrentando obstáculos legislativos, resistencias institucionales y problemas de coordinación con actores del sistema. En conjunto, pensiones, trabajo y salud muestran que la política social de Petro tuvo capacidad de instalar prioridades y movilizar apoyo, pero menor capacidad para cerrar reformas complejas dentro de reglas institucionales estables. Esto es especialmente importante para el indicador de eficacia decisional: no basta con proponer reformas redistributivas; el gobierno debe convertirlas en normas viables, implementables y sostenibles. La baja a 3.40 refleja, por tanto, una política social con logros reales pero con rendimiento decreciente. El gobierno mantiene mejor desempeño social que económico o interior, pero su eficacia ya no puede calificarse como plenamente medio-alta porque las reformas más estructurales llegan a mayo de 2026 con incertidumbre, judicialización o implementación parcial. La política social funciona mejor en programas, transferencias y resultados acumulados que en transformación institucional de largo plazo.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior continúa siendo el componente más débil de la eficacia decisional del gobierno colombiano y registra una caída de 2.20 a 2.05. El deterioro obedece a tres factores principales: la persistente dificultad para construir mayorías estables en el Congreso, la judicialización de instrumentos políticos impulsados por el Ejecutivo y el debilitamiento de la autoridad estatal en territorios afectados por violencia armada. El gobierno conserva iniciativa política, pero su capacidad de traducirla en control institucional sostenido es cada vez más limitada. La relación Ejecutivo–Congreso siguió marcada por fragmentación, confrontación y bloqueo. Petro mantuvo una estrategia de presión política sobre las instituciones, acusando al Congreso y a la Corte Constitucional de dilatar reformas centrales. En mayo de 2026 volvió a reclamar públicamente por la reforma pensional, señalando que llevaba meses aprobada sin entrar en vigor y pidiendo a la Corte retomar su estudio. Este tipo de confrontación mantiene viva la agenda presidencial, pero también evidencia una baja eficacia de coordinación institucional: el Ejecutivo no logra alinear Congreso, Corte y administración en torno a su programa. La experiencia del plebiscito o consulta popular laboral dejó un precedente especialmente negativo para la eficacia interior. El intento de sortear el bloqueo legislativo mediante decreto terminó suspendido por el Consejo de Estado por falta de aprobación del Senado. Aunque posteriormente la reforma laboral avanzó por el Congreso, el episodio mostró que el Ejecutivo recurrió a un instrumento institucionalmente vulnerable y debió corregir el rumbo. En términos de gobernabilidad, esto sugiere capacidad de presión, pero baja capacidad de diseño político-jurídico y de construcción de mayorías antes de escalar el conflicto. La seguridad interna y la Paz Total son el otro gran factor de deterioro. Desde enero de 2025 los diálogos con el ELN permanecían suspendidos tras una escalada de violencia, y los análisis de 2026 muestran que la política de Paz Total redujo algunos niveles de violencia en ciertos momentos, pero también permitió que grupos armados se fortalecieran territorialmente. ACLED describió la paradoja de una política que buscaba negociar y reducir violencia, pero que en varios territorios terminó conviviendo con mayor capacidad operativa de actores armados ilegales. La amenaza de drones utilizados por grupos armados ilegales confirma esa pérdida de control territorial. En enero de 2026, el gobierno anunció un plan antidrones de 1.680 millones de dólares después de registrar 264 incidentes entre 2024 y 2025, con 15 soldados muertos y 153 heridos. La medida muestra reacción estatal, pero también evidencia que el conflicto interno evoluciona tecnológicamente y obliga al gobierno a responder desde una posición defensiva. Una política interior eficaz debería anticipar, contener y reducir amenazas; en este caso, el Estado parece adaptarse tarde a una amenaza que ya se expandió en zonas cocaleras y periféricas. La baja a 2.05 expresa una eficacia interior muy limitada. El gobierno no está paralizado: mantiene iniciativa, presiona por reformas, anuncia medidas de seguridad y conserva capacidad de movilización discursiva. Pero decide con alta fricción, baja coordinación interinstitucional y resultados territoriales insuficientes. En el tramo final del mandato, la política interior colombiana muestra más desgaste que aprendizaje: las reformas siguen trabadas o judicializadas, la seguridad territorial se deteriora en zonas críticas y la gobernabilidad depende cada vez más de confrontación que de acuerdos sostenibles.
MÉXICO
Niveles de Eficacia Decisional del Gobierno por componente (Mayo 2026)
POLÍTICA ECONÓMICA
La política económica mexicana muestra una leve pérdida de eficacia entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, pasando de 2.55 a 2.50. El deterioro no responde a una crisis macroeconómica abierta, sino a una combinación de bajo crecimiento, inversión débil, incertidumbre comercial externa y persistencia de presiones inflacionarias superiores al objetivo del Banco de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum conserva capacidad de administración macroeconómica y continuidad institucional, pero tiene dificultades crecientes para convertir esa estabilidad relativa en dinamismo productivo, inversión sostenida y mayor confianza empresarial. El principal dato negativo del período es la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento. A fines de mayo, el Banco de México redujo su previsión de crecimiento para 2026 de 1,6% a 1,1%, atribuyendo el ajuste al debilitamiento del sector exportador, la baja del consumo privado y el estancamiento de la inversión en sectores clave como construcción, manufactura y servicios. Además, la economía se contrajo 0,6% en el primer trimestre de 2026, lo que confirma que el bajo dinamismo observado al cierre de 2025 no era un fenómeno transitorio, sino una restricción más profunda para la eficacia económica del Ejecutivo. La inflación ofrece un cuadro menos negativo, pero tampoco plenamente favorable. El Banco de México redujo la tasa de referencia a 6,50% en mayo, aunque con una decisión dividida y con mensajes de cautela. En su comunicado de política monetaria del 7 de mayo, Banxico señaló que las expectativas de inflación para cierre de 2026 aumentaron, que las de largo plazo permanecían por encima de la meta y que las previsiones de inflación general para el segundo y tercer trimestre de 2026 fueron revisadas al alza por presiones del componente no subyacente. Esto implica que la estabilización nominal sigue siendo parcial: hay menor inflación que en ciclos anteriores, pero aún no existe plena convergencia a la meta de 3%. El gobierno intentó responder con instrumentos de activación productiva, como el “Plan México” y una nueva Ley de Infraestructura, orientados a impulsar inversión, sustituir importaciones, fortalecer cadenas productivas y aprovechar el nearshoring. Sin embargo, hasta mayo de 2026 esos instrumentos no logran revertir la debilidad de la inversión real ni la cautela empresarial. La IED puede mostrar cifras positivas, pero una parte significativa corresponde a reinversión o movimientos financieros, no necesariamente a nuevos proyectos productivos capaces de cambiar el ritmo de crecimiento. En términos de eficacia decisional, esto revela una brecha entre planificación gubernamental y resultados agregados. La incertidumbre externa es otro factor clave. La apertura de negociaciones formales entre Estados Unidos y México para revisar el T-MEC, especialmente en reglas de origen automotriz y contenido regional, introduce un elemento de riesgo para el principal motor exportador mexicano. Washington busca requisitos más estrictos de contenido estadounidense en vehículos fabricados en México, lo que podría alterar cadenas de valor profundamente integradas. Para una economía tan dependiente del mercado norteamericano, este proceso limita la capacidad del Ejecutivo mexicano de ofrecer previsibilidad a inversionistas y exportadores. La calificación baja de 2.55 a 2.50 porque el gobierno administra, pero no logra dinamizar. México mantiene continuidad macro, capacidad de interlocución con el Banco Central y una narrativa de política industrial, pero el desempeño real se debilita. La eficacia económica sigue siendo parcial: controla ciertos riesgos, evita desorden, preserva canales de inversión y contiene la inflación mejor que otros países de la región, pero no consigue traducir esas condiciones en crecimiento robusto, inversión acelerada ni una mejora sustantiva de expectativas.
POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior mexicana registra una leve baja, de 3.50 a 3.45, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El gobierno de Claudia Sheinbaum conserva una política exterior funcional, pragmática y concentrada en la administración de la relación con Estados Unidos, pero el período muestra un entorno externo más áspero, con mayor presión comercial, migratoria, de seguridad y geopolítica. México sigue evitando rupturas mayores, pero la política exterior opera cada vez más en modo defensivo. El eje central sigue siendo la relación con Estados Unidos. Durante los primeros meses de 2026, México logró preservar canales de negociación con Washington, contener choques mayores y sostener la lógica de cooperación en migración, comercio y seguridad. Sin embargo, la apertura formal de conversaciones para revisar el T-MEC introduce una presión considerable. La discusión sobre reglas de origen automotriz, contenido estadounidense y eventuales restricciones en acero y metales afecta directamente el corazón económico de la relación bilateral. La política exterior mexicana, por tanto, mantiene capacidad de interlocución, pero su margen de autonomía se reduce frente a una administración estadounidense más proteccionista. La gestión de la relación con Washington muestra eficacia táctica. Sheinbaum evitó una escalada abierta, defendió la soberanía mexicana frente a presiones externas y mantuvo una postura negociadora. Pero esa eficacia es principalmente de contención, no de proyección estratégica. México sigue reaccionando a presiones estadounidenses más que imponiendo una agenda propia. Esto significa que la política exterior cumple una función estabilizadora, pero no transforma el peso estratégico del país ni diversifica de manera sustantiva sus dependencias. La política comercial también refleja esa tensión. A partir de enero de 2026, México aplicó aranceles de hasta 50% sobre más de 1.000 productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, incluyendo China e India. La medida buscó proteger industrias nacionales, responder a preocupaciones sobre importaciones de bajo costo y alinearse parcialmente con presiones norteamericanas sobre cadenas de suministro. Sin embargo, también muestra que México debe equilibrar su relación con China bajo la sombra del T-MEC y de la rivalidad estratégica entre Washington y Beijing. El gobierno también enfrentó mayor presión externa en materia de seguridad y crimen organizado. La relación con Estados Unidos estuvo marcada por exigencias más fuertes frente al narcotráfico, el fentanilo y los cárteles. México respondió con cooperación, operativos y despliegues, pero sin aceptar una lógica de intervención directa. Esta capacidad de cooperación sin ceder formalmente soberanía es un activo de la política exterior mexicana, aunque también evidencia que la seguridad interna condiciona cada vez más la agenda diplomática. La baja de 3.50 a 3.45 debe interpretarse como una corrección leve. México no pierde control de su política exterior ni queda aislado. Por el contrario, conserva diplomacia profesional, interlocución con Washington y capacidad de negociación. Pero su eficacia se reduce porque el entorno externo se vuelve más exigente y porque los principales temas internacionales —T-MEC, migración, seguridad, China, reglas de origen— colocan al país en una posición reactiva. La política exterior funciona, pero bajo presión.
POLÍTICA SOCIAL
La política social es el componente más sólido de la eficacia decisional mexicana y registra una leve mejora, de 3.65 a 3.75, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. A diferencia de la política económica, donde los resultados son débiles, la política social muestra continuidad, capacidad de implementación y decisiones con impacto visible sobre trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El gobierno de Sheinbaum conserva el legado distributivo del ciclo anterior, pero además lo refuerza con medidas laborales y salariales que tienen alta legitimidad social. El primer elemento relevante es el aumento del salario mínimo para 2026. El gobierno anunció un incremento de 13%, elevando el salario mínimo general de 278,80 a 315,04 pesos diarios, con acuerdo entre gobierno, sindicatos y empresarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo subió de 419,87 a 440,87 pesos diarios. Esta decisión muestra capacidad de concertación tripartita y continuidad de una política salarial que desde 2018 ha tenido impacto importante en ingresos laborales y reducción de pobreza. La agenda de reducción de la jornada laboral también fortalece la evaluación. En febrero de 2026, legisladores mexicanos aprobaron la iniciativa de Sheinbaum para reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas. La reforma apunta a mejorar condiciones laborales, balance vida-trabajo y estándares sociales, con implementación gradual para reducir resistencia empresarial y costos abruptos. Desde el punto de vista de eficacia decisional, este es un avance importante porque transforma una demanda social ampliamente discutida en una decisión institucional concreta. La eficacia social mexicana se explica también por continuidad programática. El gobierno preserva programas sociales, transferencias y una narrativa de derechos que mantiene apoyo en sectores populares. Aun con restricciones fiscales, la administración ha buscado proteger su base social mediante instrumentos relativamente implementables y de alta visibilidad. En comparación regional, México muestra mayor capacidad que Colombia para sostener programas sin enfrentar bloqueos institucionales equivalentes, y mayor estabilidad que Argentina en materia de contención social. Sin embargo, el puntaje no debe subir demasiado. La política social mexicana enfrenta tres límites. El primero es fiscal: el aumento de compromisos sociales, laborales y salariales puede tensionar el gasto público si no se acompaña de crecimiento suficiente. El segundo es productivo: mejores salarios y menor jornada pueden fortalecer bienestar, pero también requieren productividad, formalización e inversión para evitar efectos adversos en pequeñas empresas. El tercero es territorial: la capacidad de los programas sociales no siempre se traduce en mejora homogénea de servicios públicos, seguridad cotidiana o acceso efectivo a derechos en regiones con alta violencia. La nueva calificación de 3.75 reconoce que, en el período enero–mayo de 2026, el gobierno mostró mayor eficacia social que en otros campos. Hubo continuidad de programas, aumento salarial, avance de reforma laboral y capacidad de negociación con actores económicos y sindicales. No obstante, la eficacia es todavía medio-alta, no plena, porque México sigue sin resolver brechas estructurales en salud, educación, seguridad social, informalidad y calidad de servicios.
POLÍTICA INTERIOR
La política interior mexicana registra una baja moderada, de 3.30 a 3.25, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El Ejecutivo conserva mayoría legislativa, disciplina partidaria y alta capacidad formal de decisión, pero enfrenta un aumento de fricciones institucionales, riesgos de concentración de poder, tensiones por la reforma judicial, presión de seguridad y controversias sobre crimen organizado y política local. En términos de eficacia decisional, México sigue teniendo un gobierno con capacidad de mando, pero la calidad de esa eficacia se vuelve más discutible. El primer elemento es la reforma judicial. En mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones controvertidas vinculadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la extensión de mandato de magistrados alineados con el oficialismo. La medida generó críticas de la oposición y también cuestionamientos internos dentro de Morena y sus aliados. Aunque el oficialismo logró imponer su mayoría, el episodio muestra que la eficacia formal puede tener costos institucionales: el Ejecutivo y su bloque deciden, pero lo hacen elevando la polarización y la percepción de captura de órganos autónomos. A esto se suma la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados para permitir la anulación de elecciones por interferencia extranjera. La medida fue respaldada por Sheinbaum y definida de manera amplia, incluyendo financiamiento ilícito, propaganda, manipulación digital y presiones diplomáticas, económicas o mediáticas de gobiernos extranjeros. Aunque responde a preocupaciones reales sobre injerencia externa, la oposición advirtió que podría usarse de manera discrecional para impugnar resultados electorales válidos o restringir expresión política. Este episodio refuerza la idea de un gobierno con alta capacidad decisional, pero con riesgo de deterioro institucional. El segundo elemento es la seguridad. En enero, el gobierno afirmó que la tasa diaria de homicidios había caído 40% bajo Sheinbaum y que la tasa nacional de homicidios de 2025 fue la más baja desde 2015. Esto constituye una señal positiva de eficacia interior: el gobierno parece haber logrado ciertos resultados mediante inteligencia, coordinación con estados y fortalecimiento de capacidades federales. Sin embargo, los avances en seguridad siguen siendo frágiles. Varios medios de comunicación describieron en febrero una operación militar sin precedentes contra el liderazgo criminal como una apuesta arriesgada para Sheinbaum: aunque la caída de homicidios era significativa, expertos advertían que desestructurar equilibrios criminales podía generar nuevas disputas violentas. Esto reduce la eficacia interior neta: el gobierno muestra más capacidad de acción que el de López Obrador en ciertos aspectos, pero todavía enfrenta un crimen organizado con fuerte capacidad territorial y de adaptación. La tercera dimensión es la gobernabilidad política. Morena mantiene músculo legislativo, capacidad de aprobar reformas y control de agenda. Esto diferencia a México de Colombia o Brasil, donde la fragmentación parlamentaria limita más al Ejecutivo. Pero el problema mexicano no es falta de decisión, sino posible exceso de decisión sin contrapesos suficientes. La eficacia decisional puede ser alta formalmente, pero si las decisiones generan litigios, polarización, erosión de controles o incertidumbre institucional, su eficacia neta disminuye. La baja de 3.30 a 3.25 refleja ese equilibrio. Sheinbaum conserva mando, mayoría y capacidad de implementación, pero la política interior se vuelve más tensionada por seguridad, crimen organizado, reformas institucionales controversiales y riesgos de concentración de poder. El gobierno no está bloqueado; al contrario, decide mucho.
CONCLUSIONES
Eficacia Decisional del Gobierno por Pais (Mayo 2026)
Los resultados comparativos a mayo de 2026 confirman una región con niveles medios de eficacia decisional y sin casos de desempeño plenamente alto. Los gobiernos siguen tomando decisiones y empujando sus prioridades, pero enfrentan restricciones crecientes para convertir autoridad política en ejecución sostenida, resultados verificables y consensos duraderos. Las diferencias entre países no reflejan solo voluntad política, sino también capacidades estatales, restricciones fiscales, coordinación institucional y presión social o territorial.
Brasil (3.48) y Argentina (3.35) integran el bloque de mayor eficacia relativa. Brasil lidera por la combinación de política social robusta, política exterior activa y capacidad económica moderada. Argentina destaca por la fuerza de su política económica, aunque su desempeño global queda limitado por una política social débil y por tensiones de gobernabilidad distributiva.
Chile (3.26) y México (3.24) conforman un bloque intermedio y muy próximo. Chile conserva fortaleza institucional, pero pierde fluidez por la transición política y los problemas de coordinación del nuevo ciclo. México mantiene una política social fuerte y capacidad administrativa, aunque su bajo dinamismo económico y la presión institucional reducen la eficacia neta del gobierno.
Colombia (2.60) cierra el ranking y refleja la brecha más clara entre ambición política y capacidad efectiva de implementación. El gobierno conserva iniciativa y algunos logros sociales, pero enfrenta bloqueos institucionales, deterioro de seguridad territorial y dificultades crecientes para traducir su agenda en resultados sostenibles.
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