CONFLICTIVIDAD
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INTRODUCCIÓN
El conflicto es un componente intrínseco de las relaciones sociales. Para los fines de esta variable, vamos a entender por conflictividad la presencia de movilizaciones, manifestaciones o confrontaciones dirigidas directa o indirectamente contra políticas, decisiones, o actos del gobierno por parte de actores sociales y grupos específicos de la sociedad.
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
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Movilizaciones o bloqueos por parte de actores sociales (campesinos, transportistas, comunidades indígenas o sindicatos) pueden interrumpir obras de infraestructura, acceso a plantas, o redes de distribución.
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Una zona en conflicto permanente con el gobierno tiende a resistirse también a inversiones privadas, especialmente si estas se asocian al Estado o generan impactos percibidos como negativos.
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Invertir en regiones con alta conflictividad puede exponer a las empresas a campañas sociales, juicios mediáticos o percepciones de complicidad con gobiernos impopulares, afectando su marca y legitimidad social.
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Altos niveles de conflicto obligan a diseñar estrategias más complejas de relacionamiento institucional y comunitario, involucrando desde alcaldes y gobernadores hasta actores no institucionales.
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Gobiernos debilitados por la protesta social suelen reaccionar con cambios regulatorios improvisados, congelamiento de tarifas, rupturas contractuales o frenando procesos de licitación.
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La conflictividad es un indicador adelantado de qué territorios pueden convertirse en zonas de alto costo o inviabilidad operativa, y cuáles ofrecen un entorno más predecible y constructivo.
MAPA DE CALOR
Este Mapa de Calor permite visualizar de forma rápida y comparativa qué sectores sociales generan mayor intensidad y frecuencia de conflictos. Con un simple golpe de vista, los colores más intensos indican niveles más altos de conflictividad, mientras que los tonos más claros reflejan situaciones de menor tensión. Esta herramienta facilita identificar focos de presión social, zonas de inestabilidad y actores movilizados, lo cual es clave para el análisis de gobernabilidad y la toma de decisiones estratégicas.
ARGENTINA
MOVIMIENTO CAMPESINO, AGRARIO, COCALERO, INDÍGENA
La conflictividad asociada al movimiento campesino, agrario y campesino-indígena en Argentina ha experimentado un ligero incremento (de 1.60 en abril a 1.95 en diciembre), aunque aún se mantiene en niveles bajos en términos comparativos. Las organizaciones del sector, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE) y agrupaciones nucleadas en el capítulo argentino de La Vía Campesina Internacional, han continuado su labor de organización, formación y articulación con redes regionales, y han expresado repudios y alertas frente a políticas gubernamentales relacionadas con derechos territoriales y tierras indígenas. No obstante, estas expresiones de descontento han sido predominantemente comunicacionales o simbólicas, sin traducirse en grandes movilizaciones masivas, bloqueos de rutas o confrontaciones prolongadas con el Estado durante el periodo analizado. La evidencia disponible indica que las acciones han sido más bien de visibilización y denuncia, así como encuentros de fortalecimiento organizativo, sin una escalada significativa de acciones directas de protesta.
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, ESTUDIANTIL
La conflictividad atribuible al movimiento universitario argentino ha crecido (de 1.70 en abril a 2.52 en diciembre) evolucionado de una fase de protestas sectoriales a una situación de conflictividad sostenida y de mayor articulación social. Durante este período se han registrado tomas de facultades, clases públicas, movilizaciones masivas en varios centros urbanos y convocatorias multisectoriales impulsadas por federaciones estudiantiles, centros de estudiantes y, en algunos casos, sindicatos docentes y organizaciones sociales. Estas acciones no sólo continuaron las demandas por recortes presupuestarios a la educación pública, sino que también ampliaron su foco hacia reclamos de autonomía universitaria y condiciones estructurales de financiamiento y participación estudiantil. La conflictividad mantuvo presencia en el debate público y en la agenda mediática, y si bien no alcanzó niveles de desbordes violentos o crisis social de gran escala, sí reflejó una intensidad y persistencia superiores a las observadas en abril.
MINERÍA, ENERGÍA Y SIDERURGIA
La conflictividad del sector minero y siderúrgico mostró un incremento moderado (de 1.90 en abril a 2.18 en diciembre), impulsado principalmente por el deterioro económico de la industria siderúrgica. Mientras la actividad minera se mantuvo relativamente estable en las principales provincias productoras, sin conflictos laborales de envergadura ni paralizaciones significativas, el segmento siderúrgico atravesó un escenario más complejo, marcado por suspensiones de personal, reducciones salariales y caída de la demanda interna. Estas dificultades dieron lugar a asambleas gremiales y reclamos sindicales de carácter defensivo, aunque sin derivar en paros prolongados ni en acciones de alto impacto logístico o político. La estrategia predominante de los sindicatos fue la negociación y la contención del conflicto, evitando una escalada abierta contra el gobierno nacional. En consecuencia, la conflictividad del sector se incrementa levemente respecto de abril, pero se mantiene en un nivel bajo a medio, sin capacidad de arrastre ni de desestabilización sistémica.
MAGISTERIO
La conflictividad del sector docente se mantuvo alta y sostenida (de 3.08 en abril a 3.35 en diciembre), consolidándose como uno de los principales focos de tensión social del país. Los gremios nucleados en CTERA y organizaciones provinciales continuaron convocando a paros nacionales, jornadas de protesta y movilizaciones en rechazo al congelamiento salarial, el deterioro del poder adquisitivo, los ajustes en jubilaciones docentes y la falta de inversión en infraestructura escolar. El conflicto adquirió un carácter federal, con expresiones simultáneas en la mayoría de las provincias, afectando la normalidad del ciclo lectivo y ampliando su impacto político. La ausencia de una paritaria nacional docente efectiva y la estrategia fiscal restrictiva del gobierno contribuyeron a la cronificación del conflicto, incrementando su intensidad respecto del mes de abril.
TRANSPORTISTAS, CAMIONEROS Y TRABAJADORES DE REPARTO
El grado de conflictividad asociado a transportistas y camioneros en Argentina mostró una persistencia mayor frente a los meses anteriores (de 2.15 en abril a 2.70 en diciembre), aunque sin alcanzar niveles de paralización nacional o escaladas prolongadas. Durante el periodo se registraron bloqueos parciales de rutas, concentraciones de camiones, marchas sindicales y protestas frente a accesos estratégicos, motivados por reclamos sobre la suba de combustibles, peajes y el deterioro de la rentabilidad del sector logístico. La presencia de organizaciones gremiales, incluyendo sectores cercanos a Moyano, contribuyó a movilizaciones más visibles y coordinadas, aunque no se tradujeron en un paro total de actividades a nivel federal. En varios casos, las tensiones fueron abordadas mediante diálogo directo con autoridades nacionales y provinciales, lo que mitigó la posibilidad de escaladas mayores y facilitó la canalización institucional de algunas demandas. En conjunto, estos factores indican una conflictividad activa y sostenida, con manifestaciones de protesta frecuentes e impacto puntual en tramos viales, pero sin consecuencias generalizadas en la economía o el transporte de bienes a gran escala.
PENSIONADOS, RENTISTAS JUBILADOS
La conflictividad del sector de jubilados y pensionados se mantuvo en niveles muy elevados (de 4.10 en abril a 4.32 en diciembre), consolidándose como uno de los principales focos de tensión social frente al gobierno nacional. Las protestas fueron constantes y altamente visibles, con movilizaciones regulares frente al Congreso y otros edificios públicos, motivadas por la pérdida sostenida del poder adquisitivo, el encarecimiento de medicamentos y servicios básicos, y la insuficiencia de los ajustes en los haberes previsionales. La respuesta estatal, caracterizada en varios episodios por el uso de la fuerza pública para dispersar manifestaciones, contribuyó a intensificar el conflicto, otorgándole una fuerte carga simbólica y ampliando su legitimidad social.
GREMIALES, COMERCIANTES, PANADEROS
Estos meses, la conflictividad de gremiales vinculados a comerciantes y panaderos ha mostrado un incremento moderado (de 1.80 en abril a 2.45 en diciembre), reflejando un contexto de creciente presión económica y una respuesta social más activa. La profunda caída del consumo y el cierre de muchas de panaderías y pequeños comercios ha impulsado manifestaciones sectoriales, como actividades simbólicas y expresiones públicas de rechazo a las políticas económicas, aunque sin alcanzar el nivel de paros o protestas masivas directamente organizadas por estos actores. Además, el sector se ha visto influidos por movilizaciones laborales de mayor escala, convocadas por las principales centrales sindicales contra reformas estructurales, en las cuales comerciantes y autónomos han participado de forma convergente en algunos casos.
MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA
La cuestión migratoria adquirió mayor visibilidad política y mediática, impulsada por un endurecimiento del discurso oficial y por medidas orientadas a reforzar controles y revisar el acceso de personas migrantes a determinados servicios públicos. Si bien estas decisiones generaron preocupación y rechazo en sectores de la sociedad civil y en organizaciones de derechos humanos, no se tradujeron en movilizaciones organizadas por parte de las comunidades migrantes. La conflictividad se mantuvo en niveles bajos, con tensiones canalizadas principalmente a través de ONGs, instancias judiciales y pronunciamientos institucionales, más que mediante protestas en el espacio público. La ausencia de articulación colectiva y la situación de vulnerabilidad estructural de estos grupos limitaron la capacidad de confrontación directa con el Estado, lo que explica un aumento apenas marginal del puntaje (de 1.25 en abril a 1.32 en diciembre).
ECONOMÍA INFORMAL
La conflictividad asociada a la economía informal mostró un incremento moderado (de 1.58 en abril a 1.85 en diciembre), vinculado principalmente al deterioro de las condiciones económicas y al aumento de operativos de control, desalojos y decomisos en grandes centros urbanos y ferias del conurbano bonaerense. Sectores como manteros, feriantes y vendedores ambulantes protagonizaron protestas reactivas y de carácter defensivo, con concentraciones espontáneas y enfrentamientos puntuales con fuerzas de seguridad, especialmente ante la pérdida de mercadería o restricciones al uso del espacio público. Sin embargo, estas expresiones continúan siendo fragmentadas, localizadas y carentes de coordinación nacional, sin estructuras organizativas formales ni capacidad de sostener acciones prolongadas.
BRASIL
MOVIMIENTO CAMPESINO, AGRARIO, COCALERO, INDÍGENA
En los últimos meses, el movimiento campesino y agrario brasileño, encabezado por el MST, incrementó de manera moderada su nivel de conflictividad (de 1.60 en abril a 1.85 en diciembre). Tras un primer semestre marcado por la expectativa y la contención, se observaron ocupaciones selectivas de tierras improductivas y movilizaciones regionales destinadas a presionar al Estado por una mayor celeridad en la reforma agraria y en la demarcación de territorios indígenas. No obstante, el conflicto se mantuvo acotado y sin una articulación nacional sostenida. La existencia de canales de diálogo con el gobierno de Lula, así como la decisión estratégica del MST de evitar una confrontación directa con el presidente, contribuyeron a limitar la intensidad del conflicto.
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, ESTUDIANTIL
La conflictividad del movimiento estudiantil brasileño mostró una reducción moderada (de 2.65 en abril a 2.30 en diciembre). Tras un primer semestre marcado por protestas sostenidas contra el Nuevo Ensino Médio, el gobierno avanzó en ajustes parciales a la reforma y habilitó espacios de diálogo con organizaciones estudiantiles, lo que contribuyó a descomprimir el conflicto. Si bien persistieron movilizaciones y expresiones de descontento a nivel local y regional, disminuyeron las acciones nacionales coordinadas y la confrontación directa con el Ejecutivo.
MINERÍA, ENERGÍA Y SIDERURGIA
El sector de minería, energía y siderurgia en Brasil presenta hacia diciembre de 2025 un aumento significativo de la conflictividad (de 1.85 en abril a 3.02 en diciembre)., explicado principalmente por la huelga nacional de los trabajadores de Petrobras. El conflicto, motivado por disputas en torno al déficit del fondo de pensiones y las condiciones del acuerdo colectivo, involucró tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, otorgándole una dimensión estructural y de largo plazo. La huelga tuvo alcance nacional y obligó a la intervención del Poder Judicial, que ordenó la permanencia del 80% de la plantilla operativa, reflejando la sensibilidad estratégica del sector energético para el Estado brasileño. Si bien una contraoferta fue finalmente aceptada por parte de los sindicatos, el acuerdo no resolvió de manera definitiva el problema previsional, manteniendo latente el riesgo de nuevos episodios de conflictividad. En paralelo, los sectores minero y siderúrgico continuaron mostrando una conflictividad baja, sin huelgas nacionales ni movilizaciones relevantes, mientras que la ofensiva del gobierno contra la minería ilegal en territorios indígenas redujo la conflictividad visible, aunque incrementó la presión estructural en zonas ambientalmente sensibles.
MAGISTERIO
Entre abril y diciembre de 2025, el magisterio brasileño mantuvo descontento y presión sindical, pero la conflictividad efectiva contra el gobierno federal se expresó de manera acotada y episódica, sin derivar en una escalada sostenida de paros nacionales prolongados. El hito más relevante del período fue la convocatoria de CNTE a una paralización nacional el 23 de abril, con movilizaciones y agenda reivindicativa, lo que confirma la existencia de conflictividad efectiva (paro/marcha) aunque de baja duración y sin continuidad en el semestre. Al mismo tiempo, el Ejecutivo federal sostuvo incentivos y señales institucionales que moderaron el conflicto: por ejemplo, el reajuste del piso nacional del magisterio (6,27%) formalizado por el MEC para 2025 contribuyó a contener la presión salarial en términos federales (aunque su implementación práctica siga siendo tensionante en estados y municipios). La conflictividad sube levemente (de 1.50 en abril a 1.60 en diciembre).
TRANSPORTISTAS, CAMIONEROS Y TRABAJADORES DE REPARTO
La conflictividad del sector de transportistas y camioneros en Brasil se mantuvo en niveles bajos, con un aumento marginal asociado a reclamos por el precio del diésel y los costos operativos (de 1.30 en abril a 1.60 en diciembre). Si bien se registraron protestas puntuales y concentraciones aisladas de camioneros autónomos en algunos estados, no se concretaron huelgas nacionales ni bloqueos significativos de rutas federales. En abril concluyo la huelga de los Trabajadores de Reparto. La fragmentación del sector y la estrategia preventiva del gobierno de Lula, basada en el diálogo y la moderación de los ajustes de precios, contribuyeron a evitar una escalada del conflicto. En consecuencia, el sector conserva capacidad potencial de presión logística, pero sin activación efectiva hacia diciembre de 2025.
PENSIONADOS, RENTISTAS JUBILADOS
La conflictividad del sector de pensionados, rentistas y jubilados en Brasil se incrementó de manera significativa (de 2.40 en abril a 2.90 en diciembre), pasando de un descontento sectorial relativamente aislado a un componente más estructurado y visible de la conflictividad nacional. Durante el primer semestre del año, la exposición de un fraude masivo en el sistema de pensiones impactó de manera sustantiva en la percepción social del grupo, generando presión política y reclamos por reparación, transparencia y reinstauración de derechos. Hacia fines de 2025, parte de estas demandas se amalgamó con la huelga nacional de Petrobras, donde las discusiones sobre deducciones de fondos de jubilación y pensiones llevaron a que miles de pensionistas figuraran como actores afectados directamente por las políticas laborales y previsionales de esta empresa estratégica.
GREMIALES, COMERCIANTES, PANADEROS
La conflictividad de los gremios de comerciantes, panaderos y pequeños empresarios en Brasil se mantuvo en niveles muy bajos (sin variación). Si bien el sector expresó preocupaciones persistentes sobre la carga tributaria, los costos laborales y la burocracia, estos reclamos se canalizaron principalmente a través de cámaras empresariales y mecanismos institucionales, sin derivar en movilizaciones significativas ni acciones colectivas de presión. La ausencia de protestas organizadas, sumada a la estrategia de diálogo y contención del gobierno federal, limitó la capacidad del sector para escalar el conflicto.
MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA
La conflictividad asociada a la cuestión migratoria en Brasil mostró una reducción moderada, explicada principalmente por la adopción de la Política Nacional sobre Migración, Asilo y Apatridia en octubre de 2025. Este nuevo marco institucional, reconocido por ACNUR como un avance histórico, fortaleció los mecanismos de coordinación intergubernamental, amplió el acceso a servicios esenciales y promovió la participación activa de personas migrantes y refugiadas en la formulación de políticas públicas. Si bien persisten tensiones operativas y desafíos territoriales vinculados a la capacidad de acogida e integración, estas no se tradujeron en un aumento de la movilización confrontacional contra el gobierno federal. Por el contrario, la conflictividad se desplazó hacia canales institucionales y de implementación, reduciendo la probabilidad de escalamiento político del conflicto. En consecuencia, la calificación se ajusta a la baja (de 2.90 en abril a 2.00 en diciembre).
ECONOMÍA INFORMAL
La economía informal en Brasil continuó enfrentando condiciones de alta precariedad, con impactos significativos del costo de vida y la desaceleración del consumo. No obstante, estas tensiones no derivaron en procesos de movilización colectiva sostenida contra el gobierno federal. Los conflictos registrados fueron mayormente locales y reactivos, asociados a desalojos, controles municipales o disputas por el uso del espacio público, sin articulación nacional ni liderazgo sectorial. La ausencia de estructuras organizativas, sumada a políticas de contención social implementadas por el Ejecutivo, limitó la capacidad del sector para transformarse en un actor de conflictividad relevante hacia diciembre de 2025 por eso el incremento de conflictividades insignificante (de 1.37 en abril a 1.45 en diciembre).
CHILE
MOVIMIENTO CAMPESINO, AGRARIO, COCALERO, INDÍGENA
La conflictividad del movimiento campesino, agrario e indígena en Chile se mantiene en niveles moderados y territorialmente concentrados. Si bien persisten demandas históricas no resueltas y una crítica sostenida a la continuidad del Estado de Excepción en el Wallmapu, estas tensiones no derivan en ciclos de movilización nacional ni en una coordinación política ampliada contra el gobierno. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento ha operado como un mecanismo de contención institucional que absorbe parte del conflicto, evitando una escalada mayor. En este contexto, la conflictividad se estabiliza con una leve tendencia a la baja (de 2.30 en abril a 2.20 en diciembre), reflejando un escenario de tensión estructural persistente pero controlada.
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, ESTUDIANTIL
La conflictividad del movimiento universitario/estudiantil en Chile se mantuvo en un nivel bajo-medio, con predominio de acciones localizadas y heterogéneas. En el plano de demandas estructurales, el gobierno avanzó en la tramitación y socialización del paquete “fin al CAE / nuevo FES” mediante instancias participativas (Diálogos Ciudadanos), lo que contribuyó a absorber presión y desplazar parte del conflicto hacia canales institucionales, reduciendo la probabilidad de una escalada nacional persistente contra el Ejecutivo. En paralelo, se observaron episodios de conflictividad efectiva circunscritos a universidades específicas (paros y tensiones por condiciones internas) y movilizaciones asociadas a agendas político-valóricas internacionales (tomas por Palestina), con direccionalidad ambigua respecto del gobierno central y mayor anclaje en la vida universitaria. En conjunto, existe estabilidad con leve ajuste marginal de la calificación (de 1.95 en abril a 1.90 en diciembre).
MINERÍA, ENERGÍA Y SIDERURGIA
La conflictividad del sector Minería, Energía y Siderurgia en Chile registra un incremento significativo, explicado por la irrupción de conflictos laborales efectivos de alta intensidad y por la judicialización de empresas estratégicas con impacto territorial y binacional. En diciembre, los trabajadores de la mina Mantoverde (Capstone Copper) iniciaron una huelga legal tras fracasar la mediación ante la autoridad laboral, involucrando a más de 600 trabajadores y afectando directamente la producción de cobre en un contexto de precios internacionales récord. A ello se suma la crisis de la minera Quiborax en la región de Arica y Parinacota, donde decisiones judiciales impulsadas por el Consejo de Defensa del Estado derivaron en despidos, cierre de plantas y bloqueos de rutas estratégicas, afectando tanto a la economía regional como al transporte internacional con Bolivia. La magnitud del impacto obligó a la intervención de autoridades regionales y elevó el conflicto al plano político-administrativo. En conjunto, estos episodios reflejan una escalada de la conflictividad real contra el gobierno (de 2.48 en abril a 3.25 en diciembre).
MAGISTERIO
El magisterio chileno incrementó su nivel de conflictividad respecto de comienzos de año. A las movilizaciones registradas hasta abril se sumaron un paro nacional preventivo convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores en mayo, amenazas explícitas de movilización indefinida ante la falta de avances en su “agenda corta” y episodios críticos como los despidos y reducciones horarias de docentes en el municipio de Talca, que reforzaron la narrativa de crisis estructural de la educación pública. Si bien el conflicto no derivó en una huelga indefinida prolongada ni en una ruptura institucional con el Ejecutivo, la reiteración de paros, la presión pública directa al presidente Boric y la capacidad de coordinación nacional del gremio evidencian una conflictividad efectiva y latente superior a la observada en abril (de 2.10 en abril a 2.70 en diciembre).
TRANSPORTISTAS, CAMIONEROS Y TRABAJADORES DE REPARTO
La conflictividad del sector Transportistas, Camioneros y Trabajadores de Reparto muestra un leve incremento, manteniéndose dentro de un rango bajo, pero con mayor densidad de focos de tensión. Se registran episodios puntuales de conflictividad efectiva, principalmente bloqueos o amenazas de interrupción de rutas en contextos de tensiones binacionales con Argentina, así como presiones territoriales asociadas a la actividad logística en el norte del país. Si bien estos hechos no se orientan de forma directa contra el gobierno del presidente Boric, demandan intervención estatal y elevan el costo político-operativo. Paralelamente, el conflicto en torno a Quiborax introduce un factor de inestabilidad sectorial indirecta, afectando a transportistas y proveedores sin traducirse en movilización gremial organizada contra el Ejecutivo. En el ámbito urbano, los trabajadores de reparto mantienen una conflictividad predominantemente latente, marcada por la precariedad e informalidad. En conjunto, la combinación de conflictos territoriales acotados, justifica un ajuste incremental de la calificación (de 1.60 en abril a 1.90 en diciembre)
PENSIONADOS, RENTISTAS JUBILADOS
La conflictividad del sector pensionados, rentistas y jubilados se mantuvo activa pero contenida, con un desplazamiento desde la protesta masiva hacia una dinámica más institucionalizada. Tras la publicación de la reforma previsional en marzo de 2025, el eje del conflicto se reconfiguró alrededor de la implementación gradual de los beneficios y de la evaluación de su suficiencia, en particular por el calendario de alzas de la PGU y la arquitectura mixta que no elimina a las AFP. En términos de conflictividad efectiva, el período muestra menor evidencia de una secuencia continua de marchas nacionales de gran escala, mientras que la conflictividad latente se expresa en críticas y presiones sobre montos, cobertura, tiempos de implementación y el desempeño del sistema. Los factores de descompresión provienen del propio ciclo de reforma (señal política de respuesta parcial al malestar) y de la calendarización de mejoras, que reduce incentivos a la confrontación sostenida en el corto plazo. En consecuencia, la conflictividad se ajusta a la baja hacia diciembre (de 2.75 en abril a 2.25 en diciembre).
GREMIALES, COMERCIANTES, PANADEROS
La conflictividad asociada a gremiales, comerciantes y rubros tradicionales como panaderías se mantiene baja, con predominio de tensiones no estructuradas y de alcance local, más que movilizaciones sectoriales sostenidas. En este período, el foco se desplaza hacia la crisis de control del espacio urbano-comercial, ejemplificada por el caso del barrio Meiggs y zonas céntricas, donde la expansión del comercio ilegal/informal y los problemas de seguridad elevan la presión pública por respuestas estatales y reordenamiento. La evidencia disponible sugiere conflictividad latente (malestar, demandas y tensión institucional por fiscalización y seguridad), pero sin señales robustas de coordinación gremial nacional ni de escalamiento a paros o bloqueos generalizados dirigidos contra el gobierno. Por ello, la calificación sube (de 1.10 en abril a 1.25 en diciembre), reflejando el deterioro del contexto urbano que impacta al comercio, más que por una confrontación organizada y sostenida contra el Ejecutivo.
MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA
El componente Migrantes/Crisis migratoria mantiene una conflictividad moderada, con predominio de eventos episódicos y territorializados en el norte del país. La evidencia del período muestra hechos de conflictividad efectiva asociados a la gestión de frontera —incluyendo un episodio de bloqueo/obstrucción en el paso Chile–Perú en Arica protagonizado por migrantes que buscaban abandonar Chile en un contexto de nuevas restricciones del lado peruano— que obligan a intervención estatal y revelan fricciones operativas persistentes. En paralelo, se observa una presión transfronteriza creciente a fines de 2025, con anuncios de medidas extraordinarias en la frontera por parte de Perú ante el aumento de flujos irregulares, lo que incrementa el riesgo de nuevos episodios de tensión local y eleva la carga de gestión para el Estado chileno. En términos de conflictividad latente, el fortalecimiento del encuadre de seguridad y del discurso político de control migratorio durante el ciclo electoral actúa como factor de endurecimiento del entorno, sin traducirse necesariamente en movilización estructurada del actor migrante a escala nacional. Por estas razones, la calificación aumenta (de 2.15 en abril a 2.25 en diciembre), ya que crecen los episodios verificables de tensión frontera–Estado, pero no se configura una conflictividad sostenida, coordinada y directamente orientada contra el gobierno central en todo el territorio.
ECONOMÍA INFORMAL
La conflictividad del sector de economía informal en Chile se incrementa de forma leve (de 1.16 en abril a 1.26 en diciembre). Si bien el sector mantiene limitaciones estructurales de coordinación nacional, se registran hechos de conflictividad efectiva concentrados en puntos críticos del comercio callejero, con especial visibilidad en Barrio Meiggs, donde se ejecutaron operativos de fiscalización y despeje (incautaciones y retiro de estructuras) que reactivaron tensiones entre vendedores informales y autoridades. Hacia fines de año, la reiteración de intervenciones en el mismo eje territorial sugiere una conflictividad recurrente pero localizada, más asociada al control del espacio público y la seguridad que a una confrontación política contra el gobierno central.
COLOMBIA
MOVIMIENTO CAMPESINO, AGRARIO, COCALERO, INDÍGENA
La conflictividad de este sector, muestra un incremento moderado (de 1.66 en abril a 2.10 en diciembre), explicado por la aparición de episodios de protesta con capacidad de presión territorial y demanda directa de intervención estatal. En particular, el paro arrocero derivó en afectaciones viales y negociación con el Gobierno, expresando una conflictividad agraria organizada orientada a modificar condiciones de precio, financiamiento y regulación del mercado, con alta visibilidad pública. De forma complementaria, se registraron bloqueos intermitentes asociados a disputas por adjudicación de tierras y presuntos incumplimientos, donde comunidades campesinas exigieron la presencia de delegados nacionales para instalar mesas de diálogo, lo que confirma conflictividad efectiva vinculada a decisiones del Estado (ANT) y con impacto logístico regional.
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, ESTUDIANTIL
La conflictividad de este sector se mantuvo en un rango bajo, con episodios principalmente intermitentes y más asociados a la dinámica política general que a una confrontación sectorial sostenida con el Ejecutivo. El ciclo de tensión gobierno-Congreso por la reforma laboral y la consulta popular incrementó la activación latente del repertorio de protesta (marchas y llamados a movilización), generando un entorno favorable para articulaciones sociales donde el estudiantado suele participar; sin embargo, no se consolidó un patrón estable de paros universitarios prolongados de alcance nacional dirigidos contra el gobierno. En paralelo, persistieron tensiones estructurales vinculadas al financiamiento educativo (ICETEX) como fuente de conflictividad latente, parcialmente contenida por señales de gestión administrativa durante el segundo semestre. En conjunto, la evidencia sugiere una pequeña variación incremental de la conflictividad (de 1.75 en abril a 1.85 en diciembre).
MINERÍA, ENERGÍA Y SIDERURGIA
El sector mostró un incremento de la conflictividad (de 2.0 en abril a 2.47 en diciembre), impulsado por la convergencia de conflictos laborales efectivos, tensiones regulatorias persistentes y episodios de confrontación territorial vinculados a la minería formal e informal. El hecho más relevante del período fue la huelga minera en Zaragoza (Antioquia) iniciada en septiembre de 2025 por trabajadores de la minera Soma Gold, luego del fracaso de la negociación colectiva. La paralización de operaciones durante varias semanas, con respaldo de organizaciones sindicales nacionales, constituyó un episodio claro de conflictividad efectiva, al implicar interrupción productiva, presión sobre autoridades laborales y demanda de mediación estatal. Paralelamente sube la direccionalidad política por la escalada discursiva y de responsabilización pública desde el propio Presidente frente a grandes mineras del carbón (Glencore/Cerrejón y Drummond), lo que eleva el conflicto a un plano político–institucional (posibles acciones judiciales/administrativas, confrontación abierta, señalamiento de “responsabilidades” en el conflicto). Continuaron registrándose bloqueos, protestas y enfrentamientos localizados en zonas de minería informal —especialmente en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba— asociados a operativos de control, decomisos y políticas de formalización parcial. Estos episodios mantuvieron una dinámica intermitente pero recurrente, con capacidad de afectar la movilidad, el orden público y la relación entre comunidades mineras y el Estado.
MAGISTERIO
La conflictividad del magisterio colombiano mostró un aumento (de 1.20 en abril a 2.10 en diciembre). FECODE sostuvo capacidad de coordinación nacional y participación en jornadas de movilización de alcance amplio, lo que confirma un actor con alta densidad organizativa; sin embargo, una parte de esas acciones se insertó en dinámicas de respaldo político a la agenda gubernamental y presión al Legislativo, por lo que su efecto sobre la conflictividad “contra el gobierno” es parcial. El incremento efectivo de la conflictividad se explica por episodios de presión sectorial directa sobre el Ejecutivo, incluyendo un paro nacional y el sostenimiento de tensiones vinculadas a la provisión de servicios y compromisos con el magisterio, que configuraron un patrón de conflictividad intermitente pero recurrente, con capacidad de escalar en ventanas específicas del período (especialmente en el último trimestre).
TRANSPORTISTAS, CAMIONEROS Y TRABAJADORES DE REPARTO
La conflictividad del sector muestra un leve incremento (de 1.80 en abril a 2.08 en diciembre). Se registró una amenaza de cese de actividades con anclaje territorial en el suroccidente (Nariño y Cauca) asociada a reclamos por incumplimientos, seguridad vial e infraestructura, que alcanzó un umbral de conflictividad efectiva, pero fue contenida mediante negociación con autoridades nacionales y territoriales, evitando su escalamiento a paro nacional. En paralelo, el Ejecutivo avanzó en mecanismos de contención institucional mediante ajustes regulatorios (Decreto 1017 de 2025) orientados a recomponer condiciones económicas de la cadena logística y plazos de pago, explicitando su vínculo con presiones previas del sector. En conjunto, el período sugiere una conflictividad intermitente y territorialmente segmentada, con capacidad de coordinación suficiente para generar presión y negociación, pero sin evidencia de una dinámica sostenida de parálisis nacional durante la ventana analizada. La implementación de la normativa que incorpora a los trabajadores de plataformas de reparto (como Rappi) al marco laboral formal generó tensiones latentes en el sector. Si bien la regulación apunta a reducir la precariedad y ampliar la protección social, surgieron resistencias parciales vinculadas al aumento de costos operativos.
PENSIONADOS, RENTISTAS JUBILADOS
La conflictividad del sector se mantuvo en un nivel moderado con leve descompresion (de 2.15 en abril a 2.05 en diciembre), con demandas orientadas a mejoras en pensiones bajas y a la implementación/operación del sistema, pero sin consolidarse un patrón verificable de movilización masiva y sostenida exclusivamente atribuible al sector en el período analizado. En paralelo, se observan factores de contención a través de tramitaciones y decisiones institucionales que introducen o restablecen beneficios para segmentos relevantes (por ejemplo, la aprobación de una mesada adicional para docentes pensionados), lo que tiende a canalizar parte de la agenda por vías legislativas y reduce la probabilidad de escalamiento inmediato del conflicto.
GREMIALES, COMERCIANTES, PANADEROS
El sector mantuvo una conflictividad baja (de 1.10 en abril a 1. 20 en diciembre), pero con mayor densidad política. No se identifican evidencias de huelgas nacionales del sector ni de una estrategia unificada de bloqueo o cierre coordinado contra el Gobierno; predominaron acciones de incidencia pública y presión institucional. El principal vector de tensión se concentró en la discusión de la reforma laboral y su tramitación conflictiva, que elevó la fricción con el Ejecutivo (incluyendo episodios de confrontación con el Congreso y judicialización del mecanismo de consulta), y reactivó la oposición de sectores empresariales por el potencial aumento de costos laborales.
MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA
La conflictividad ha tenido un incremento (de 2.30 en abril a 2.72 en diciembre). El período combina presión estructural asociada al volumen y la complejidad del fenómeno migratorio con hechos nuevos que elevan la sensibilidad política y territorial del tema. En particular, durante 2025 se registra un “flujo inverso” de migrantes en la región —con retornos hacia el sur y aumento de la vulnerabilidad en rutas expuestas a redes criminales—, lo que incrementa la conflictividad latente por demanda de asistencia, protección y coordinación interinstitucional. Adicionalmente, la dimensión de seguridad adquiere mayor visibilidad con episodios de violencia dirigida contra población exiliada venezolana en Bogotá, generando presiones sobre el Estado en materia de garantías, investigación y protección de solicitantes de asilo y refugiados, con potencial de activación de redes de derechos humanos y organizaciones vinculadas al exilio.
ECONOMÍA INFORMAL
Colombia muestra un país donde más de la mitad de los trabajadores sigue fuera de la formalidad, pese a esto la economía informal no constituye un actor de confrontación directa y sostenida contra el Gobierno, pero sí eleva ruido social y episodios de protesta localizada. Por ello, la variación es incremental (pasando de 1.35 en abril a 1.80 en diciembre), por encima de un malestar meramente estructural, pero por debajo de una conflictividad políticamente organizada.
MÉXICO
MOVIMIENTO CAMPESINO, AGRARIO, COCALERO, INDÍGENA
La conflictividad del movimiento campesino/agrario e indígena transita desde un patrón predominantemente latente hacia episodios de protesta efectiva de mayor alcance marcándose un significativo incremento (de 1.20 en abril a 2.50 en diciembre). En abril, el componente hídrico emerge como un factor de tensión estructurante: la necesidad de cumplir compromisos de entrega de agua en el marco del tratado bilateral con Estados Unidos y la posibilidad de intervención federal en la distribución incrementan el riesgo de fricción con productores y autoridades estatales del norte, aunque sin evidencia aquí de una escalada sostenida en carreteras en ese punto del período. Hacia noviembre-diciembre, el conflicto se materializa con mayor intensidad y coordinación: organizaciones de productores, articuladas con actores del transporte, ejecutan bloqueos de gran escala (cerca de 40 carreteras federales) vinculando demandas de seguridad y precios agrícolas con el rechazo a la propuesta de Ley General de Aguas y su reordenamiento del régimen de concesiones. La protesta adquiere direccionalidad política directa contra el gobierno federal y su agenda legislativa, elevando el alcance territorial y la capacidad de presión, aunque manteniéndose como un ciclo de movilización focalizado más que permanente.
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO, ESTUDIANTIL
El movimiento universitario y estudiantil transita desde una conflictividad baja —marcada por demandas estructurales sin movilización sostenida— hacia un escenario de conflictividad moderada (de 0.95 en abril a 1.80 en diciembre), explicado por episodios de alta visibilidad e intensidad concentrados en focos específicos. Destaca la reactivación del eje Ayotzinapa como motor de confrontación política: se registran acciones directas y protestas orientadas a presionar al Estado (en particular a fuerzas armadas y autoridades federales) para la entrega de información y el avance investigativo, en un contexto de ajustes institucionales en la investigación que no descomprimen plenamente el conflicto. Paralelamente, la crisis de seguridad en la UNAM genera afectación operativa y tensión institucional con expresiones de paro/suspensión y protestas vinculadas a gobernanza y protección de la comunidad universitaria. A nivel político-discursivo, la controversia del Ejecutivo frente a observaciones internacionales sobre desaparición forzada contribuye a mantener conflictividad latente en torno a derechos humanos, reforzando la direccionalidad del conflicto hacia el gobierno.
MINERÍA, ENERGÍA Y SIDERURGIA
La conflictividad en este sector presentó una dinámica mixta: se registró un factor de contención relevante en minería por la desactivación institucional de un conflicto histórico en Cananea, lo que redujo la tracción de movilización sostenida desde un nodo sindical con capacidad de irradiación simbólica y política. En el mismo período persistieron focos de conflictividad latente en el segmento energético por tensiones de liquidez y pagos con proveedores/contratistas de Pemex, incorporando amenazas de afectación operativa como mecanismo de presión hacia el Estado, con alcance regional y coordinación principalmente empresarial, más que sindical. En siderurgia, la conflictividad se concentró en reclamos laborales asociados a AHMSA, con protestas de alcance local y dependencia alta de decisiones administrativas/judiciales, sin traducirse en un ciclo nacional de movilización contra el gobierno federal. En términos estructurales, la frecuencia de eventos fue intermitente, la intensidad moderada, y el alcance territorial fragmentado; la direccionalidad contra el gobierno se expresó sobre todo en demandas por intervención estatal (mediación, pagos, definiciones administrativas) más que en una confrontación político-programática sostenida. Por ello, la calificación se ajusta levemente a la baja (de 1.45 en abril a 1.25 en diciembre).
MAGISTERIO
La conflictividad del magisterio en México se sostuvo en un nivel alto, con una dinámica de escalamiento–contención–reactivación. En el segundo trimestre, la CNTE materializó su capacidad de movilización mediante un ciclo de presión prolongado (paro/plantón y negociación tensa), que derivó en concesiones gubernamentales, incluido un aumento salarial escalonado (9% y un 1% adicional) y anuncios asociados a la gestión laboral docente. Sin embargo, la emisión de medidas sobre jubilación/carrera docente sin un acuerdo político con la CNTE mantuvo la disputa estructural abierta, especialmente por la demanda de fondo vinculada al régimen de pensiones (ISSSTE 2007). En el cuarto trimestre, el conflicto reingresó en fase activa con un paro nacional de dos días y acciones de presión sobre instituciones, bajo el argumento de incumplimientos y de insuficiencia de las medidas adoptadas. En diciembre, el cuadro combina capacidad organizativa probada, agenda estructural no resuelta y reactivación reciente, lo que justifica una calificación levemente superior (de 3.40 en abril a 3.55 en diciembre).
TRANSPORTISTAS, CAMIONEROS Y TRABAJADORES DE REPARTO
La conflictividad del sector transportistas, camioneros y trabajadores de reparto pasa de un escenario de reclamos principalmente focalizados a un cuadro de mayor presión política en el último trimestre (de 1.25 en abril a 2.35 en diciembre). Durante el período, la conflictividad efectiva se concentra en episodios de bloqueos de camioneros y movilizaciones con demandas dirigidas al Estado por seguridad y condiciones de operación. En noviembre se registran acciones coordinadas con afectación de corredores estratégicos Edomex–CDMX y movilización hacia el Zócalo, motivadas por denuncias de inseguridad, extorsión y secuestros, así como un megabloqueo con alcance multiestatal y alto impacto territorial, lo que eleva intensidad y visibilidad del conflicto. En el segmento de reparto por plataformas, el debate e implementación del nuevo marco regulatorio introduce conflictividad latente adicional (tensiones públicas y reacciones ante los cambios), aunque con menor capacidad de traducción inmediata en bloqueos de infraestructura crítica.
PENSIONADOS, RENTISTAS JUBILADOS
El sector mantiene una conflictividad moderada, pero con mayor saliencia política hacia el cierre del período. En abril predominaba un escenario de expectativas y críticas dispersas respecto del diseño e implementación de instrumentos para mejorar pensiones, sin una dinámica de movilización sostenida a escala nacional. Hacia el segundo semestre se observa un aumento (de 1.55 en abril a 1.90 en diciembre) de la conflictividad efectiva y latente asociada a la disputa por el régimen pensional: se registran protestas de alta visibilidad en la capital, con demandas explícitas de transformación del sistema (incluida la crítica al marco ISSSTE y el reclamo por esquemas solidarios), mostrando capacidad de coordinación y direccionamiento directo hacia el gobierno federal, aunque con concentración territorial en CDMX. En paralelo, emergen conflictos puntuales vinculados a cumplimiento de pagos/beneficios, que tienden a judicializarse o canalizarse por presión pública, reforzando la dimensión prestacional del conflicto, pero sin articular todavía un movimiento nacional de jubilados con continuidad. En términos estructurales, la frecuencia es episódica (picos en mayo–junio y noviembre), la intensidad es moderada (con episodios de tensión/represión en protestas), el alcance territorial es principalmente urbano-central (con casos subnacionales), y la coordinación se apoya en organizaciones con alta capacidad movilizadora vinculadas a la agenda pensional. La existencia de programas y anuncios orientados a adultos mayores opera como factor de descompresión y limita la escalada, por lo que la variación se califica como moderada y no significativa.
GREMIALES, COMERCIANTES, PANADEROS
El actor “gremiales, comerciantes y panaderos” mantuvo una conflictividad baja con componente latente (de 1.05 en abril a 1.35 en diciembre). No se registran acciones nacionales coordinadas (paro general del sector o movilización sostenida) dirigidas contra el gobierno; en cambio, predominaron señales de tensión institucional vinculadas a inseguridad y al entorno económico-regulatorio. Hacia el último trimestre se incrementa el malestar por el endurecimiento del enfoque fiscal y recaudatorio y por el impacto sobre márgenes en un contexto de consumo sensible, lo que reforzó el tono crítico del sector en el plano público-institucional. En paralelo, durante noviembre se observaron episodios de conflictividad efectiva de carácter multisectorial (protestas, bloqueos), que si bien no fueron protagonizados exclusivamente por este actor, aumentaron su exposición y su predisposición a la confrontación puntual, sin consolidar una dinámica de conflicto estructural contra el Ejecutivo.
MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA
La conflictividad del sector MIGRANTES/CRISIS MIGRATORIA evoluciona desde un cuadro de presión social sostenida pero intermitente hacia un patrón más activo y coordinado, con episodios de movilización orientados a incidir directamente en decisiones y tiempos del Estado. La evidencia del segundo semestre muestra acciones colectivas (marchas/caravanas desde Tapachula) cuyo objetivo explícito es forzar aceleración de trámites de regularización/asilo y romper la contención territorial en el sur, lo que incrementa la frecuencia y visibilidad del conflicto y amplía su alcance territorial hacia rutas nacionales y la capital. En términos de intensidad y direccionalidad, el conflicto se dirige principalmente contra agencias estatales (INM/COMAR) por demoras, discrecionalidad y denuncias asociadas a intermediación irregular, manteniendo un núcleo de conflictividad latente que se activa en protestas cuando se perciben cierres de oportunidad o endurecimiento administrativo. A ello se suma un componente de judicialización/polarización asociada a la detención de un referente pro-migrante en Tapachula, que eleva el nivel de tensión con autoridades y refuerza la lectura de conflicto con el Estado más que meras dificultades humanitarias. Por estos elementos (mayor organización, eventos efectivos de presión, y mayor direccionalidad institucional), la calificación aumenta de forma moderada (de 2.80 en abril a 3.20 en diciembre).
ECONOMÍA INFORMAL
La conflictividad asociada a la economía informal se mantuvo en niveles bajos, con predominio de expresiones fragmentadas y limitada capacidad de coordinación nacional, el periodo muestra un leve aumento (de 1.23 en abril a 1.38 en diciembre). El principal vector de tensión identificable en el período fue la judicialización de demandas vinculadas a trabajo informal en espacios públicos/servicios urbanos, destacando el caso de las vagoneras del Metro de CDMX: la controversia incorporó denuncias de trato y condiciones estructurales, escaló a instancias judiciales y derivó en exigencias explícitas hacia autoridades y operadores estatales, configurando conflictividad latente con direccionalidad indirecta contra el Estado (por regulación, control y garantías). En términos estructurales, la frecuencia de episodios relevantes se concentró en hitos puntuales (más que en ciclos de protesta), la intensidad fue media-baja, el alcance territorial acotado y la coordinación sectorial (apoyada en redes/organizaciones y litigio) antes que sindical o confederal.
CONCLUSIONES
El análisis comparado de la conflictividad social a diciembre de 2025 muestra una estructura más equilibrada, pero mantiene una geografía clara: Argentina continúa como el país de mayor conflictividad relativa, mientras que Chile se consolida como el caso de menor presión social dentro del grupo. Brasil, México y Colombia quedan en una franja intermedia muy cercana entre sí, con tensiones presentes, pero sin un patrón dominante de estallido sostenido a escala nacional. Argentina (2.52) se mantiene como el país con mayor conflictividad del conjunto. La presión social conserva centralidad en actores tradicionales (pensionados, magisterio, sectores universitarios y movilizaciones multisectoriales), y tiende a expresarse con mayor recurrencia y visibilidad pública que en el resto de los países evaluados. En términos comparados, sigue siendo el entorno con mayor probabilidad de protestas recurrentes y episodios de confrontación política en torno a decisiones económicas y distributivas. México (2.14), Brasil (2.11) y Colombia (2.04) conforman un bloque intermedio con diferencias más de “composición” que de magnitud. En México, la conflictividad se explica por la persistencia de actores con capacidad de movilización (especialmente magisterio) y por tensiones sociales latentes que se activan por coyunturas específicas. En Brasil, predomina una conflictividad más sectorial y episódica: puede elevarse por temas sensibles (pensiones, sectores estratégicos) pero tiende a canalizarse por negociación institucional y presión focalizada. En Colombia, la conflictividad aparece en un punto medio: se mantienen focos territoriales y sectoriales con capacidad de presión, pero el agregado no refleja —en este corte— un salto de coordinación nacional sostenida superior al de México o Brasil. Chile (1.98) queda como el país con menor conflictividad relativa en diciembre de 2025. Esto no implica ausencia de tensiones, sino que, comparativamente, los conflictos se presentan más contenidos, con menor frecuencia de episodios sostenidos a escala nacional o con menor capacidad de coordinación transversal entre actores sociales. A nivel sectorial regional, se confirma que: magisterio, pensionados y movimiento universitario siguen siendo los actores más transversales y con mayor potencial de presión; migración mantiene relevancia, pero su impacto suele ser más latente/político-institucional que explosivo; los conflictos en minería/energía pueden ser puntuales, pero de alto impacto operativo, por su efecto sobre infraestructura, rutas y cadenas de suministro. En conjunto, diciembre de 2025 describe una región donde la conflictividad no se “dispara” de manera homogénea, sino que se distribuye en un gradiente moderado, con Argentina como principal foco relativo y Chile como el caso más contenido. Este mapa comparado sigue siendo útil para anticipar escenarios de gobernabilidad y ajustar estrategias de presencia corporativa, priorizando monitoreo de actores con capacidad real de movilización y de conflictos con impacto territorial u operativo.
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