COHESIÓN DEL PARTIDO DE COBIERNO Y SUS ALIADOS
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INTRODUCCIÓN
Se entiende por cohesión del partido de gobierno, el grado de integración del grupo político en el poder, el cual está constituido por los actores que conservan alguna capacidad para imponer o afectar los acuerdos sobre las reglas y los mecanismos de operación del régimen. En ese sentido el grado de cohesión está definido por la lealtad, el acatamiento de las reglas, la identidad ideológica y el acuerdo en torno a políticas.
En términos de gobernabilidad, la lealtad dentro de un partido gobernante se refiere al grado de compromiso, alineamiento y obediencia que los cuadros políticos —gobernadores, legisladores, ministros y operadores— mantienen respecto al liderazgo presidencial, su agenda y su narrativa política.
El acatamiento de reglas dentro de un partido de gobierno implica la obediencia efectiva de sus miembros a las normas formales e informales de funcionamiento político e institucional, incluyendo la disciplina legislativa, la sujeción a los lineamientos del Ejecutivo, la no ruptura con los marcos acordados y la ausencia de conductas disidentes dentro del bloque de poder.
La identidad ideológica se refiere al grado de coherencia doctrinaria y programática compartida entre el liderazgo del Ejecutivo, su partido y sus aliados. Incluye la visión común sobre el modelo de desarrollo, la distribución del poder, el rol del Estado, las relaciones exteriores, y los principios fundacionales del proyecto político.
El criterio de Acuerdo en Torno a Políticas, evalúa hasta qué punto el partido de gobierno y sus aliados coinciden en las principales políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo. No se trata solo de compartir ideología general, sino de respaldar activamente proyectos legislativos, reformas estructurales, presupuestos y estrategias sectoriales con efectos concretos.
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
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La cohesión interna del gobierno permite anticipar si habrá continuidad o rupturas en la política energética, regulaciones ambientales, incentivos fiscales o contratos públicos. Si el gobierno tiene una coalición fragmentada o desleal, las políticas pueden cambiar abruptamente o quedar paralizadas, lo que incrementa el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica.
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Las empresas requieren marcos regulatorios estables y políticas sostenidas para operar con eficiencia. Un gobierno cohesionado tiene más capacidad para aprobar reformas clave (por ejemplo, en transición energética, tarifas, contratos público-privados) y ejecutar decisiones sin bloqueos internos.
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La falta de cohesión suele desembocar en choques entre poderes, bloqueos legislativos, renuncias de ministros o rupturas con gobernadores. Estas dinámicas afectan la ejecución de obras, licencias, permisos y financiamiento. Evaluar este indicador ayuda a anticipar cuellos de botella políticos o institucionales en sus proyectos.
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Un gobierno con fuerte identidad ideológica y disciplina partidaria tiene más probabilidades de proyectar una agenda clara y sostenida. En cambio, si hay fractura entre el Ejecutivo, su partido y los aliados, el horizonte político se vuelve difuso. Esto es relevante para empresas, que operan con visión de mediano y largo plazo.
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La lealtad interna y el acuerdo en torno a políticas permiten saber con qué actores clave (ministros, parlamentarios, gobernadores, etc.) se puede dialogar y negociar con estabilidad. Las empresas necesitan identificar interlocutores legítimos y estables, no figuras aisladas o en disputa dentro del aparato estatal.
MAPA DE CALOR
Este mapa de calor permite visualizar, comparar y analizar el nivel de cohesión interna de los gobiernos y sus aliados en cinco países clave de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México), desagregado en cuatro dimensiones críticas: lealtad, acatamiento de reglas, identidad ideológica y acuerdo sobre políticas. La herramienta facilita una lectura rápida de fortalezas y debilidades institucionales, identifica factores de estabilidad o fragmentación, y orienta el análisis político y estratégico sobre la gobernabilidad de cada país.
ARGENTINA
LEALTAD
El oficialismo de Javier Milei (La Libertad Avanza) evolucionó desde una coalición de mando altamente personalista hacia una estructura algo más disciplinada por la vía de resultados electorales, selección de candidaturas y una mayor gravitación parlamentaria, aunque sin transformarse en un partido plenamente institucionalizado. La lealtad mejora de forma incremental porque el triunfo legislativo de octubre y la posibilidad de articular un bloque mayor (incluida la cooperación con el PRO) refuerzan el alineamiento de cuadros y socios, pero la dinámica sigue siendo más vertical y centrada en el “triángulo de hierro” que convive orgánicamente con fricciones con el macrismo y tensiones de armado territorial (de 2.90 en abril a 3.05 en diciembre).
IDENTIDAD IDEOLÓGICA
La identidad ideológica se mantiene alta, pero se vuelve algo más pragmática: el núcleo libertario preserva coherencia discursiva y agenda, aunque la necesidad de sostener mayorías y acuerdos operativos con aliados introduce transacciones que atenúan la “pureza” doctrinaria (de 3.90 en abril a 3.80 en diciembre).
ACATAMIENTO DE REGLAS
El acatamiento de reglas sube moderadamente por el efecto “ordenador” de la competencia electoral y por decisiones de conducción (Karina Milei como articuladora/depuradora de listas y estructura), pero persisten señales de fragilidad: rotación, crisis de coordinación política y episodios que exponen costos reputacionales y tensiones internas (de 2.05 en abril a 2.35 en diciembre).
ACUERDO EN TORNO A POLÍTICAS
El acuerdo en torno a políticas mejora (sin volverse robusto) porque el fortalecimiento parlamentario posterior a la elección amplía el margen para sostener proyectos y blindar la hoja de ruta, pero la gobernabilidad sigue dependiendo de pactos tácticos, de la relación fluctuante con el PRO y del manejo de costos políticos derivados de escándalos y disputas internas (de 2.50 en abril a 2.90 en diciembre).
BRASIL
LEALTAD
La lealtad a Lula se mantuvo relevante dentro del PT y de su “núcleo político” (gobierno federal y liderazgo partidario), pero en la coalición ampliada se confirmó que el apoyo es condicionado y contractual: cargos, presupuesto, enmiendas y control de agenda en el Congreso. En 2025 se consolidó un equilibrio donde la base aliada responde menos a una verticalidad presidencial y más a la lógica de intermediación del centro parlamentario, que actúa como “bisagra” y preserva autonomía. La renovación del liderazgo de la Cámara (con Hugo Motta) reforzó esa arquitectura negociadora: mayor capacidad del Congreso para imponer costos y límites al Ejecutivo, incluso cuando sigue formando parte de la gobernabilidad cotidiana (de 3.00 en abril a 2.95 en diciembre).
IDENTIDAD IDEOLÓGICA
La identidad ideológica del “lulismo” se mantuvo clara en el PT (agenda social, reindustrialización, enfoque ambiental y narrativa democrática), pero el gobierno siguió operando con una coalición heterogénea donde los aliados centrales no comparten un programa doctrinario estable. En el período, la identidad funcionó más como marco discursivo que como pegamento de coalición: los acuerdos se sostienen por ingeniería parlamentaria y por administración de intereses, no por convergencia programática. Dicho de forma operativa, la identidad del bloque gobernante es dual: coherente en el núcleo (PT) y pragmática en los socios, lo cual preserva gobernabilidad, pero debilita cohesión estratégica cuando aparecen costos fiscales, regulatorios o de seguridad pública (de 3.15 en abril a 3.05 en diciembre).
ACATAMIENTO DE REGLAS
Entre abril y diciembre, el acatamiento de reglas dentro del bloque gobernante mostró fragilidad: el Congreso no solo presionó por cambios, sino que derrotó iniciativas del Ejecutivo, evidenciando disciplina insuficiente de la coalición para sostener medidas impopulares. El episodio emblemático fue la decisión de la Cámara de anular el decreto de Lula que elevaba el IOF (impuesto a operaciones financieras), aun tras ajustes del gobierno, señalando que la base aliada puede votar en contra cuando percibe costo electoral o sectorial. Posteriormente, el conflicto escaló al plano institucional (judicialización), lo que refuerza la idea de una coalición con cumplimiento más transaccional que orgánico, y con reglas internas que se reescriben caso por caso (de 2.85 en abril a 2.65 en diciembre).
ACUERDO EN TORNO A POLÍTICAS
En abril–diciembre se observó un acuerdo suficiente pero parcial en políticas: el Ejecutivo logró sostener líneas de continuidad social y parte de su agenda económica, pero enfrentó vetos o diluciones en medidas sensibles, como se vio con el IOF. Aun así, el tramo final de 2025 mostró capacidad de construcción legislativa en piezas complejas, con avances en la reglamentación de la reforma tributaria (aunque con negociación intensa y concesiones), lo que indica que la coalición puede converger cuando el incentivo es sistémico y el costo se distribuye. En síntesis: hay acuerdo para “hacer funcionar” el gobierno y aprobar paquetes estructurales bajo presión, pero no para un programa coherente y continuo en todas las áreas; por eso el puntaje sube solo de manera incremental (de 3.00 en abril a 3.15 en diciembre).
CHILE
LEALTAD
La lealtad hacia Boric se mantuvo funcional pero más condicionada por la lógica de “fin de mandato” y la transición hacia la competencia por la sucesión presidencial. El bloque oficialista siguió evitando una ruptura abierta, pero la gravitación del liderazgo presidencial disminuyó a medida que los partidos ordenaron sus apuestas electorales, y el costo de alinearse sin matices aumentó. La nominación de una candidata del PC como carta del oficialismo tensionó el equilibrio entre la izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, que tiende a priorizar credenciales de gestión y moderación. Esa tensión se volvió más visible cuando figuras técnicas clave reacomodaron posiciones en el tramo preelectoral, incluida la salida del ministro de Hacienda Mario Marcel en plena coyuntura de campaña, señal de reordenamiento político y de reconfiguración interna de apoyos. En síntesis, la lealtad siguió existiendo, pero menos “orgánica” y más transaccional, con mayor autonomía de los socios frente al centro del Ejecutivo (de 3.00 en abril a 2.80 en diciembre).
IDENTIDAD IDEOLÓGICA
La identidad ideológica del oficialismo se mantuvo relativamente alta porque el gobierno preservó un marco doctrinario reconocible (progresismo de derechos, énfasis social y transición verde), pero sufrió mayor fricción interna por el modo de traducir esa identidad en gobernabilidad y agenda concreta. El hito más favorable para la coherencia fue la aprobación de una reforma previsional relevante (aunque moderada por compromisos), que funcionó como logro de ciclo y como símbolo de continuidad programática de centroizquierda con sello social. Al mismo tiempo, la necesidad de pragmatismo fiscal y de acuerdos amplios consolidó una identidad “híbrida” (FA/PC + Socialismo Democrático), que en campaña tiende a tensionarse: una parte del bloque busca diferenciarse por pureza programática y otra por credenciales de gestión. Por eso, más que una caída fuerte, se observa un desgaste incremental: la identidad persiste, pero con bordes más disputados y con menor capacidad integradora dentro de la coalición (de 3.40 en abril a 3.25 en diciembre).
ACATAMIENTO DE REGLAS
El Ejecutivo ha respetado la institucionalidad democrática de forma irreprochable, y la coalición de gobierno no ha mostrado rupturas visibles con los procedimientos formales. Sin embargo, la disciplina legislativa ha sido irregular. En varias ocasiones, Boric ha tenido que negociar proyecto por proyecto con el Congreso, incluso con votos divididos en su propia coalición. La estructura de gobierno responde a un modelo colegiado, con múltiples vocerías y liderazgos parciales. Las decisiones políticas —como los cambios de gabinete o la relación con el nuevo proceso constitucional— han reflejado tensiones internas más que un acatamiento cohesionado. Aun así, los partidos oficialistas han evitado crisis graves o rupturas internas abiertas. (de 2.80 en abril a 2.60 en diciembre).
ACUERDO EN TORNO A POLÍTICAS
El acuerdo sobre políticas fue el componente más frágil en el cierre de 2025, no porque desapareciera un piso común, sino porque la coalición mostró dificultades crecientes para sostener acuerdos operativos estables en el tramo final del mandato. La reforma de pensiones evidenció que, cuando el objetivo es compartido y el diseño se modera, el oficialismo puede converger y producir resultados; sin embargo, ese mismo proceso dejó expuestas las diferencias de fondo sobre el alcance del cambio y el rol del Estado, lo que reaparece con fuerza al entrar en modo electoral. A medida que el calendario presidencial se impuso, el bloque se movió de la lógica de “gestionar y cerrar legado” hacia la lógica de “posicionarse y diferenciarse”, debilitando la coordinación programática cotidiana. El desenlace electoral de diciembre, con una victoria amplia de la oposición, sugiere que el oficialismo llegó al cierre del año sin un relato y una coalición plenamente sincronizados, y con menor cohesión para sostener prioridades compartidas bajo presión. Por eso la variación también es incremental: el acuerdo ya era parcial, pero se volvió más costoso de sostener en el terreno político (de 2.60 en abril a 2.45 en diciembre).
COLOMBIA
LEALTAD
Entre abril y diciembre, la lealtad se mantuvo concentrada en el núcleo del Pacto Histórico y en el círculo presidencial, pero se debilitó en la periferia aliada, que actuó con lógica transaccional y alta autonomía en el Congreso. La necesidad recurrente de recomponer gobernabilidad mediante reacomodos políticos y gabinete, sumada a los choques por el trámite de las reformas, reforzó una coalición más “de coyuntura” que orgánica. La controversia por la consulta/referendo y el alineamiento irregular de bancadas frente a esa estrategia mostraron que el apoyo a Petro es volátil y depende de incentivos y cálculo legislativo más que de disciplina de bloque (de 2.50 en abril a 2.20 en diciembre).
IDENTIDAD IDEOLÓGICA
La identidad ideológica del proyecto de Petro se mantuvo alta y reconocible (agenda social, reformas estructurales, transición, “paz total”), y el presidente conservó coherencia discursiva. Sin embargo, la coalición efectiva siguió siendo heterogénea, y la incorporación/negociación con sectores de centro (y las fracturas dentro de aliados como el Partido Verde) confirmaron que el bloque gobernante no comparte una misma matriz doctrinaria, sino un acuerdo parcial alrededor del liderazgo presidencial y objetivos generales. La ideología es fuerte en el “centro” del gobierno, pero se diluye en el ensamblaje parlamentario necesario para gobernar. (de 3.92 en abril a 3.85 en diciembre).
ACATAMIENTO DE REGLAS
El período estuvo marcado por un patrón de tensión con los canales institucionales cuando las reformas enfrentaron bloqueo: el gobierno buscó atajos políticos (consulta/referendo) y esto derivó en controversias constitucionales y decisiones judiciales que frenaron la vía decretada. En el Legislativo, el oficialismo mostró dificultad para ordenar mayorías estables, lo que obligó a negociar versiones recortadas o alternativas de iniciativas emblemáticas; el resultado fue un acatamiento intermitente a la línea del Ejecutivo por parte de aliados, y un “cumplimiento” más condicionado que disciplinado (de 2.50 en abril a 2.20 en diciembre).
ACUERDO EN TORNO A POLÍTICAS
Entre abril y diciembre, el acuerdo sobre políticas se deterioró: las reformas clave continuaron atravesando un Congreso fragmentado y, cuando avanzaron, lo hicieron bajo formatos modificados; cuando no, se estancaron o se hundieron, elevando el costo político del Ejecutivo y exponiendo la falta de un bloque programático consistente. La insistencia en mecanismos plebiscitarios para destrabar la agenda, lejos de unificar, acentuó la polarización y endureció resistencias, incluso entre aliados tácticos. El cierre del año reflejó una gobernabilidad legislativa más reactiva que estratégica: acuerdos puntuales, pero sin arquitectura estable para sostener el paquete reformista. (de 2.55 en abril a 2.10 en diciembre).
MÉXICO
LEALTAD
La lealtad hacia Claudia Sheinbaum se mantuvo alta, pero con señales más visibles de “lealtad condicionada” que de disciplina orgánica homogénea: el centro de gravedad del bloque sigue siendo Morena, y la presidenta conserva autoridad política y control de agenda, pero enfrenta fricciones internas asociadas a cuotas, liderazgos legislativos y equilibrios territoriales. En el tramo abril–diciembre se observaron episodios que revelan autonomía y disputas intra-bloque, como la presión de legisladores de Morena para remover a una secretaria clave del área social, lo que expone competencia interna por control de recursos y narrativa de gobierno. Al mismo tiempo, la coalición siguió funcionando bajo un esquema de cohesión pragmática: aliados sostienen gobernabilidad, pero no siempre por adhesión personal a Sheinbaum, sino por cálculo de poder y preservación del arreglo de mayoría. Esta combinación sostiene una lealtad robusta, aunque menos “vertical” que, en el arranque, y por eso la variación se evalúa como incremental a la baja (de 4.40 en abril a 4.10 en diciembre).
IDENTIDAD IDEOLÓGICA
La identidad ideológica del oficialismo se mantuvo reconocible como continuidad de la 4T, pero con mayor evidencia de hibridación entre núcleo doctrinario (Morena) y aliados con agendas propias (PVEM/PT), lo que tiende a “ensanchar” el paraguas ideológico y a diluir bordes programáticos. La necesidad de preservar la coalición mostró costos ideológicos concretos: por ejemplo, la negociación para mantener al PVEM dentro del arreglo mayoritario implicó moderaciones y concesiones en reformas de integridad política (como el calendario/alcance de medidas antinepotismo), lo que evidencia que la identidad del bloque no es plenamente coherente, sino administrada. Aun así, la narrativa gubernamental y los ejes simbólicos (Estado social, prioridad a programas, soberanía y agenda de transformación) siguieron cohesionando al núcleo duro y ordenando el discurso público. Por eso, la identidad permanece relativamente alta, aunque con una baja incremental por la creciente impronta pragmática de la coalición (de 3.68 en abril a 3.55 en diciembre).
ACATAMIENTO DE REGLAS
El acatamiento de reglas dentro del bloque oficialista se mantuvo elevado en términos operativos (capacidad de votar, ordenar prioridades y cerrar acuerdos), pero mostró que la disciplina no es automática ni monolítica: requiere negociación continua con PT y PVEM, y también gestión de facciones dentro de Morena. La aprobación de piezas fiscales relevantes hacia el cierre del año confirma que el Ejecutivo conserva capacidad de conducción legislativa y que el bloque puede alinearse cuando hay costos de no hacerlo. Sin embargo, la tramitación de iniciativas de seguridad y económicas con abstenciones o tensiones públicas refleja que el cumplimiento de la línea no siempre es pleno, y que existen márgenes de indisciplina “tolerada” o negociada sin ruptura. En síntesis: reglas operan y se cumplen, pero más por arquitectura de coalición y transacciones políticas que por obediencia partidaria uniforme, lo que justifica una corrección leve (de 3.80 en abril a 3.65 en diciembre).
ACUERDO EN TORNO A POLÍTICAS
Entre abril–diciembre de 2025 el acuerdo en torno a políticas mostró una dinámica mixta: por un lado, el bloque logró coordinarse para sostener decisiones y marcos relevantes, lo que indica que existe un “mínimo común programático” suficiente para gobernar y aprobar prioridades. Por otro lado, la evidencia legislativa y política sugiere que ese acuerdo se produce más por convergencia táctica que por consenso programático pleno: algunas iniciativas avanzaron con fisuras (abstenciones, presiones cruzadas o negociación intensa), mostrando que el acuerdo es real pero no necesariamente estable ni automático. En conjunto, el período cierra con una leve mejora del acuerdo efectivo (capacidad de cerrar votaciones y sostener agenda), pero dentro de una coalición que sigue siendo altamente transaccional y sensible a disputas internas y costos distributivos (de 3.21 en abril a 3.35 en diciembre).
CONCLUSIONES
Con los puntajes de diciembre, México (3.66) se mantiene como el sistema de mayor cohesión relativa, pero con una cohesión más “administrada” que automática: Sheinbaum conserva alta lealtad y disciplina legislativa, aunque en el segundo semestre se observan fricciones internas y tensiones por cuotas y control de agenda que obligan a un liderazgo más negociador dentro de Morena y con aliados (PVEM/PT). Brasil (2.95) confirma una cohesión funcional sin unidad programática: Lula sostiene gobernabilidad mediante el presidencialismo de coalición, pero el bloque sigue estructuralmente transaccional, con disciplina condicionada por reparto de poder y acuerdos puntuales, lo que limita coherencia y previsibilidad en políticas. Chile (2.78) permanece en un nivel intermedio-bajo, reflejando un oficialismo de Boric con identidad progresista relativamente compartida, pero con lealtades y acuerdos inestables entre Frente Amplio, PC y socialismo democrático, lo que reduce la capacidad de actuar como “bloque” y obliga a renegociar cada tramo de la agenda. Argentina (3.03) queda por encima de Chile y Brasil en el índice agregado, pero no por fortaleza partidaria clásica: Milei sigue apoyado en una identidad ideológica nítida y un núcleo duro, mientras la baja disciplina y el acuerdo parcial con aliados parlamentarios mantienen una cohesión más personalista que institucional, dependiente de transacciones coyunturales. Colombia (2.59) continúa con la cohesión más débil: Petro conserva una narrativa ideológica potente, pero la lealtad efectiva y el acatamiento dentro del bloque gobernante siguen erosionados por fragmentación, pérdida de apoyos y dificultades para sostener acuerdos estables en torno a políticas, lo que deja a la coalición vulnerable a crisis políticas recurrentes.
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