VIOLENCIA Y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
INTRODUCCIÓN
Se entiende por violencia la aplicación voluntaria de la fuerza por parte de un individuo o grupo de tal modo que es intencionalmente lesiva para la persona o grupo a quien se aplica. A su vez por descomposición social entendemos la desarticulación de los patrones asociativos de solidaridad y de respeto a la dignidad de las personas, a la autoridad, al marco normativo del Estado de Derecho y a las Institucion
IMPORTANCIA PARA EMPRESAS ITALIANAS
-
Altos niveles de crimen organizado, delincuencia común o violencia política aumentan los riesgos de ataques, extorsiones, robos de infraestructura, amenazas a empleados y afectaciones logísticas en zonas donde las empresas operan plantas, redes eléctricas o proyectos de expansión.
-
Eventos como secuestros, sabotajes o conflictos armados pueden paralizar operaciones críticas, dañar activos o interrumpir la distribución de energía, afectando el suministro a clientes y generando pérdidas económicas y de reputación.
-
A mayor descomposición social, mayores son los costos en seguridad privada, sistemas de protección, seguros, vigilancia electrónica y protocolos de contingencia, impactando directamente en la rentabilidad de las operaciones.
-
Altos niveles de corrupción política y violencia institucional (militar/policial) dificultan la previsibilidad normativa, la obtención de permisos, las negociaciones con autoridades locales y el cumplimiento regulatorio, incrementando la exposición jurídica.
-
Tener un diagnóstico claro de la violencia y descomposición social permite priorizar territorios más estables para nuevas inversiones, postergar proyectos de alto riesgo o diseñar estrategias diferenciadas de mitigación según la naturaleza de cada amenaza.
MAPA DE CALOR
El siguiente Mapa de Calor permite visualizar de manera rápida y comparativa qué variables contribuyen con mayor fuerza a los niveles de violencia y descomposición social en los países analizados. A través de un simple golpe de vista, los colores más intensos reflejan áreas de riesgo crítico, mientras que los tonos más claros evidencian situaciones de menor gravedad. Esta herramienta facilita la identificación de patrones de inseguridad y deterioro social, proporcionando una base sólida para evaluar la estabilidad de los entornos, anticipar escenarios de crisis y orientar decisiones estratégicas en materia de inversión, operación y gestión de riesgos.
ARGENTINA
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad Terrorista y Guerrillera se mantuvo en nivel bajo, sin registro de atentados consumados ni de planes operativos frustrados confirmados por fuentes oficiales/judiciales en el período. Sin embargo, el componente latente-institucional mostró una leve intensificación: por un lado, se observó un fortalecimiento de la respuesta judicial vinculada al terrorismo a través de la habilitación del juicio en ausencia en el caso AMIA, con impacto en la agenda de seguridad y en la narrativa de riesgo asociada a redes transnacionales (Hezbollah/Irán). Por otro lado, se registraron medidas preventivas y elevación de alertas en zonas fronterizas (particularmente triple frontera/Misiones) ante riesgos de desplazamiento de actores violentos, así como acciones de seguridad bajo un encuadre estatal de “terrorismo” aplicado a estructuras criminales transnacionales, lo que incrementa marginalmente la percepción de exposición y la actividad preventiva del Estado (de 0.90 en abril a 1.05 en diciembre), sin configurar un patrón insurgente o terrorista doméstico sostenido.
SECUESTRO
El secuestro extorsivo se mantuvo en un rango de ocurrencia acotada, sin evidencia de expansión territorial sostenida ni de una dinámica sistemática comparable con otros vectores de violencia, aunque con capacidad de reaparición puntual. El registro oficial de UFECO confirma que diciembre cerró con dos hechos efectivos en Córdoba, con liberación de las víctimas sin pago, lo que indica episodios operativos concretos pero sin consolidación de un patrón de alta rentabilidad o escalamiento prolongado. En perspectiva anual, 2025 totaliza 15 secuestros extorsivos, un nivel relativamente bajo en la serie histórica, consistente con un escenario de contención general del fenómeno. Sin embargo, la verificación del tramo noviembre–diciembre obliga a mantener el indicador en torno al umbral vigente: por lo que la variación es incremental y leve (de 2.17 en abril a 2.20 en diciembre).
CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado se sostuvo como un factor relevante de violencia y degradación institucional en el corredor Rosario–Santa Fe, con efectos directos sobre la seguridad ciudadana y la gobernabilidad territorial, mientras el conurbano bonaerense continuó operando como espacio de apoyo logístico y mercado de consumo. La secuencia de acciones del Plan Bandera mostró capacidad estatal de contención táctica —detenciones, allanamientos e incautaciones—, pero al mismo tiempo evidenció la persistencia de una capacidad operativa que obliga a intervenciones repetidas para interrumpir la venta minorista, el circuito de armas, la recaudación y la recomposición de redes. En términos de desempeño del período, los registros provinciales disponibles para 2025 sugieren que la violencia letal asociada al fenómeno no tuvo una corrección estructural y que la presión criminal siguió demandando respuestas excepcionales, incluida la ampliación de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad como instrumento de aislamiento. La verificación de las últimas 4–6 semanas (noviembre–diciembre) no muestra un quiebre a la baja del riesgo, esto justifica una variación incremental del puntaje (de 3.01 en abril a 3.10 en diciembre).
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La violencia militar y policial se expresa menos como un pico único de letalidad y más como un patrón de riesgo asociado al control del orden público, con denuncias y registros sobre uso de la fuerza y detenciones arbitrarias en contextos de protesta y operativos, lo que eleva el componente de descomposición institucional por normalización de prácticas coercitivas y fricción con estándares de DD.HH. En julio, las advertencias formales de mecanismos de Naciones Unidas respecto del manejo de manifestaciones y el marco operativo vigente constituyen un indicador de escalamiento latente: no prueban por sí solas un salto masivo de violencia letal, pero sí acreditan preocupación internacional por prácticas estatales repetitivas y verificables. En paralelo, la existencia de tramitación y resolución judicial en ventana febrero–abril 2025 vinculada a abusos contra detenidos funciona como factor de contención parcial (judicialización y rendición de cuentas), aunque no alcanza para inferir una reversión sostenida de los incentivos operativos que generan violencia institucional. En el cierre del período, la publicación de observaciones del Comité contra la Tortura refuerza el diagnóstico de tensión estructural entre seguridad y garantías, y sugiere que el problema es lo bastante persistente como para activar supervisión multilateral específica. En conjunto, el escenario de diciembre 2025 justifica un ajuste incremental al alza del puntaje (de 3.20 en abril a 3.40 en diciembre): persiste la capacidad estatal de intervención, pero con costos institucionales visibles y señales externas de deterioro en el estándar de uso legítimo de la fuerza.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La corrupción política en Argentina se mantuvo en un umbral alto y con rasgos de descomposición institucional por la coexistencia de (i) redes subnacionales persistentes y (ii) episodios de alta visibilidad y fuerte impacto político que reconfiguraron el riesgo desde “percepción estructural” hacia conflictos con componente judicial y de control estatal. En el período, el vector más relevante no fue la aparición de un único caso dominante, sino la superposición de frentes: medidas y sanciones externas vinculadas a corrupción de figuras del ciclo anterior, decisiones judiciales en causas emblemáticas, y —crucialmente— investigaciones que alcanzan al entorno inmediato del gobierno por presuntos esquemas de retornos en compras/contrataciones sensibles. Esta combinación eleva la probabilidad de captura, impunidad selectiva o uso discrecional de recursos, y tiende a degradar confianza en reglas y controles, aun cuando existan respuestas puntuales (allanamientos, remociones, investigación formal). El cierre de 2025 no muestra una reversión sostenida: se observan acciones de contención, pero el patrón general sugiere persistencia del riesgo y mayor complejidad político-institucional, justificando un ajuste al alza incremental del puntaje (de 3.15 en abril a 3.55 en diciembre).
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política se manifestó principalmente como riesgo latente asociado a polarización y amenazas, más que como una secuencia sostenida de episodios de agresión física generalizada: en el período se registran señales de intimidación y conflictividad judicial vinculadas a denuncias por amenazas contra figuras del oficialismo, lo que indica una atmósfera de coerción política focalizada, pero con canalización institucional. En paralelo, se observa radicalización del discurso y del ecosistema digital con episodios reportados de incitación/hostigamiento desde franjas militantes, elevando la probabilidad de escalamiento y ampliando la percepción de riesgo sobre prensa, opositores y actores públicos. Hacia el cierre de 2025, el conflicto simbólico sobre el pasado autoritario se reactivó con alta visibilidad (incluyendo movilización pública de ex militares y controversia por políticas de “memoria”) alimentando tensiones políticas de mayor densidad y reforzando un clima de confrontación que erosiona consensos institucionales. En las últimas 4–6 semanas (noviembre–diciembre) no se identificó, un quiebre hacia violencia extendida de calle con saldo significativo, pero sí se consolidó el cuadro de crispación y de presión político-institucional, lo que justifica un aumento incremental del puntaje (de 2.80 en abril a 2.95 en diciembre).
DELINCUENCIA COMÚN
Entre abril y diciembre de 2025, la delincuencia común en Argentina se mantuvo en un umbral alto en los principales conglomerados urbanos, con episodios de robos violentos que sostuvieron presión social y demanda de respuestas operativas, incluyendo hechos con resultado letal en ocasión de robo. Al mismo tiempo, la evidencia pública disponible durante el período no muestra un quiebre generalizado de deterioro en indicadores duros a escala nacional, y la difusión oficial de estadísticas recientes sugiere un marco de estabilidad relativa en la violencia letal, lo que matiza la hipótesis de escalamiento sostenido de la delincuencia común en el cierre de 2025. En términos institucionales, se observan señales de gestión y ordenamiento (incluida producción/armonización de información) más consistentes con contención que con reversión estructural, por lo que el balance del período es de persistencia del problema con corrección marginal del riesgo. Por ello, la calificación de diciembre se ajusta levemente a la baja (variación incremental), manteniéndose dentro de un rango alto por la recurrencia de violencia en delitos contra las personas y la propiedad en áreas urbanas críticas (de 3.80 en abril a 3.70 en diciembre).
BRASIL
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
Brasil no presentó entre abril y diciembre de 2025 actividad guerrillera formal ni patrones sostenidos de insurgencia, pero sí registró un episodio de extremismo violento con planificación operativa (mayo), orientado a un evento masivo y articulado mediante radicalización y reclutamiento digital. La frecuencia del fenómeno en el período fue baja y episódica, sin evidencia de continuidad territorial o escalamiento insurgente; sin embargo, el caso eleva marginalmente el subindicador al mostrar capacidad de organización mínima y potencial lesivo (de 0.95 en abril a 1.25 en diciembre). La respuesta estatal operó como factor de contención, reduciendo el impacto inmediato y limitando la descomposición institucional asociada.
SECUESTRO
Brasil sostuvo un nivel alto y resistente de secuestro/extorsión, con episodios que confirman su funcionalidad como instrumento de coerción en economías ilegales y en corredores críticos, particularmente cuando se combina con robo, retención de víctimas y presión financiera inmediata. La evidencia del período muestra que el fenómeno no se limita a hechos aislados, sino que aparece asociado a estructuras criminales con capacidad de intimidación y, en algunos casos, a degradación institucional, reflejada en procesos y condenas vinculadas a agentes estatales por “extorsão mediante sequestro”. En paralelo, se observaron esfuerzos de contención que incluyen judicialización y ajustes operativos/financieros (por ejemplo, reglas y umbrales del sistema Pix) para reducir ventanas de extorsión, aunque su efecto luce parcial frente a la adaptabilidad de los actores. La verificación de las últimas semanas confirma que el cierre de año se dio sin un quiebre a la baja del riesgo, con hechos recientes y respuestas estatales que describen un patrón de contención reactiva más que de reversión sostenida. En consecuencia, la calificación se ajusta al alza de forma incremental, manteniéndose en un rango muy alto por persistencia operativa, impacto institucional y recurrencia de eventos de alto costo (de 4.05 a 4.15 en diciembre).
CRIMEN ORGANIZADO
Brasil conservó un nivel de crimen organizado de muy alta intensidad, con facciones como el PCC y el Comando Vermelho exhibiendo control territorial, capacidad coercitiva y una creciente densidad financiera que facilita reciclaje de recursos, captura de nodos y expansión aún bajo presión estatal. La evolución del período sugiere un desplazamiento cualitativo hacia una dimensión económico-institucional más compleja, en la medida en que investigaciones de gran escala por lavado y la articulación con mercados ilícitos no restringidos al narcotráfico refuerzan la hipótesis de penetración en la economía legal y de mayor resiliencia operativa. En paralelo, la interacción violencia–respuesta estatal se expresó con particular intensidad en territorios críticos —en especial Río de Janeiro—, donde operativos de alta letalidad y efectos posteriores sobre movilidad y orden público ilustran una disputa territorial persistente y un costo institucional elevado. Hacia el cierre del período se observan medidas de contención relevantes (traslados federales, acciones patrimoniales y bloqueos financieros), pero su carácter predominantemente reactivo y focalizado sugiere contención parcial más que reversión estructural de las capacidades criminales. Por ello, la calificación de diciembre refleja un aumento incremental (de 4.54 en abril a 4.65 en diciembre).
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La violencia militar y policial en Brasil se mantuvo en un umbral alto y mostró un deterioro cualitativo por la persistencia de letalidad policial y por episodios de gran escala que amplifican el costo institucional de la seguridad pública. El operativo masivo en Río de Janeiro a fines de octubre, con un saldo de muertes excepcionalmente elevado y denuncias de ejecuciones, operó como un “shock” de violencia estatal que tensionó la legitimidad operativa de las fuerzas y activó demandas de investigación y control. En paralelo, informes y evaluaciones divulgadas durante 2025 reportan incremento de muertes causadas por la policía en múltiples estados, lo que sugiere que la letalidad no es un fenómeno episódico sino una pauta que se expande territorialmente y complejiza la gobernanza del uso de la fuerza. Hacia el cierre del período, las respuestas estatales se concentran en investigación, debate normativo y coordinación, pero no configuran aún una descompresión verificable; por ello, la calificación de diciembre refleja un aumento (de 3.10 en abril a 3.35 en diciembre), más por la intensidad y el impacto institucional de los hechos que por una simple acumulación de incidentes.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
Los escándalos de corrupción siguen salpicando a figuras políticas a nivel estadual y federal, afectando la confianza pública. Recientemente el Supremo de Brasil juzgo orden de arresto del expresidente Collor. Las investigaciones judiciales se mantienen activas, pero polarizan aún más el ambiente político. Entre abril y diciembre de 2025, Brasil sostuvo un nivel alto de corrupción política, con una dinámica donde la activación judicial y policial convive con patrones de infiltración y fragilidad de controles administrativos, manteniendo presión sobre la legitimidad institucional. La ejecución de decisiones del Supremo en casos emblemáticos —incluida la orden de prisión (y su evolución posterior) para el expresidente Fernando Collor por corrupción/lavado— reforzó el componente de judicialización de élites, pero no implicó por sí misma una reversión estructural de los incentivos ni de las redes. En el Ejecutivo, las acusaciones formales que afectaron al Ministerio de Comunicaciones y el recambio asociado evidenciaron vulnerabilidad reputacional y tensión política, al tiempo que mostraron capacidad de respuesta reactiva más que preventiva. El caso del INSS, con impacto nacional y derivaciones políticas, añadió un componente de descomposición institucional por la magnitud del fraude y la señal de permeabilidad de organismos clave, elevando el riesgo de impunidad percibida y de captura de nodos estatales. Por ello, el cierre de 2025 se interpreta como persistencia del umbral alto con complejización (más eventos de alto perfil y mayor costo político), justificando una corrección incremental al alza del puntaje (de 3.80 en abril a 3.95 en diciembre).
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política en Brasil se mantuvo en un nivel moderado pero con señales de riesgo creíble más nítidas, no tanto por una secuencia de ataques masivos en el espacio público, sino por la consolidación judicial de un cuadro de amenaza contra el orden democrático asociado a redes que, según expedientes y decisiones del Supremo, incluyeron planes para eliminar físicamente a autoridades centrales del Estado. La apertura del juicio y la narrativa institucional sobre liderazgo y organización del intento de ruptura, junto con la reaparición documentada de tramas con intención letal (contra Lula y contra el juez Moraes), incrementaron el componente de “violencia política latente” al evidenciar capacidad de planificación y disposición a la coerción extrema, aun si el desenlace operativo fue contenido por el Estado. En paralelo, el cierre del período estuvo atravesado por una mayor confrontación institucional y político-diplomática alrededor del caso Bolsonaro, que eleva polarización y puede funcionar como catalizador de episodios focalizados de intimidación o agresión contra actores políticos, judiciales o símbolos institucionales, sin que ello implique necesariamente un patrón de violencia extendida. En conjunto, el tramo abril–diciembre sugiere contención institucional efectiva (procesamientos, condenas, control judicial), pero con persistencia de condiciones de riesgo asociadas a radicalización política y a incentivos de confrontación en torno a amnistías, legitimidad y soberanía, por lo que la calificación de diciembre ajusta al alza de manera incremental (de 2.30 en abril a 2.80 en diciembre).
DELINCUENCIA COMÚN
Brasil mantuvo un nivel muy alto de delincuencia común en términos de victimización urbana recurrente, con un patrón centrado en delitos predatorios (hurto/robo de celulares y otras modalidades de oportunidad) que sostienen percepción de riesgo y costos cotidianos para la movilidad, el comercio y la vida en grandes centros. En el estado de Río de Janeiro, los datos oficiales divulgados en 2025 muestran una mejora en letalidad violenta, pero simultáneamente un deterioro en indicadores patrimoniales, destacando incrementos relevantes en el hurto de celulares, lo que sugiere desplazamiento parcial del problema hacia delitos de alta frecuencia y baja barrera operativa. Hacia el cierre del período, esta combinación (contención parcial de violencia letal, persistencia o aumento de predación urbana) configura un escenario de estabilización en umbral crítico, sin evidencia de descompresión sostenida a nivel país. Por ello, la calificación de diciembre se ajusta al alza de forma incremental (de 4.01 en abril a 4.05 en diciembre): el fenómeno no cambia de naturaleza, pero consolida su continuidad y visibilidad en los principales mercados urbanos, con impacto directo en la seguridad ciudadana y la gobernabilidad cotidiana.
CHILE
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
Chile mantuvo un nivel alto-moderado de violencia asociada a acciones de sabotaje y ataques incendiarios en la Macrozona Sur, con foco en infraestructura y activos productivos. El atentado contra la Central Rucalhue (abril) confirmó capacidad para ejecutar operaciones de gran daño material y alto impacto simbólico sobre proyectos estratégicos, mientras que en noviembre se registraron nuevos episodios de violencia rural con señales de continuidad operativa y atribución política del conflicto. En paralelo, la continuidad de medidas excepcionales y despliegues de seguridad operó como factor de contención, pero sin eliminar la recurrencia del patrón. En conjunto, el período muestra persistencia territorial, capacidad disruptiva y continuidad del riesgo en el sur, más que una expansión hacia una insurgencia de alcance nacional, justificando un ajuste incremental de la calificación (de 2.95 en abril a 3.10 en diciembre).
SECUESTRO
El secuestro en Chile se confirma como un fenómeno en expansión respecto de la década previa y estabilizado en un umbral alto desde 2022, con evidencia institucional de continuidad del volumen (más de 800 casos anuales) y con 341 episodios reportados en el primer semestre de 2025, lo que sugiere persistencia del patrón durante el período evaluado. El rasgo estructural más relevante es su creciente articulación con el crimen organizado transnacional, que incorpora el secuestro (incluido el extorsivo) como herramienta de coerción y control, elevando la capacidad de intimidación y la complejidad operativa del delito. A la vez, el Estado despliega respuestas de contención (investigaciones especializadas, detenciones, golpes a redes financieras), pero el cuadro general del período sugiere contención parcial más que una reversión sostenida del riesgo, dada la resiliencia y rearticulación de las estructuras criminales. Por ello, el cierre de diciembre 2025 justifica un ajuste incremental al alza (de 3.58 en abril a 3.80 en diciembre): la amenaza no cambia de naturaleza, pero se vuelve más sistémica por su vínculo creciente con redes organizadas y por la persistencia del volumen.
CRIMEN ORGANIZADO
Chile confirma un salto cualitativo del crimen organizado hacia modalidades más coercitivas y de mayor impacto institucional, con expansión de prácticas asociadas a secuestro y extorsión y una presencia transnacional que tensiona la seguridad urbana y los nodos fronterizos; en particular, reportes difundidos en 2025 por el Ministerio Público vinculan una porción significativa de los secuestros al crimen organizado, lo que refuerza la lectura de un ecosistema criminal más profesionalizado y menos “delictual” en sentido tradicional. En paralelo, la evidencia de financiación del delito se vuelve más visible: una operación en Chile derivó en la detención de decenas de integrantes y activó cooperación con España e Interpol, con imputaciones asociadas a lavado de activos por montos de gran escala, lo que sugiere redes capaces de operar sobre el sistema financiero y utilizar empresas/cuentas como infraestructura logística. Aunque estas acciones expresan capacidad estatal de contención (persecución penal, internacionalización de capturas y neutralización de nodos financieros), su ocurrencia también indica densidad organizacional y capacidad de reproducción del negocio ilícito, más consistente con una contención parcial que con una descompresión sostenida (de 3.30 en abril a 3.40 en diciembre).
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La violencia militar y policial se mantuvo en un rango medio-alto, menos por una escalada nacional de represión que por la continuidad de un esquema de seguridad territorial con participación militar en la Macrozona Sur, que sostiene una exposición permanente a incidentes y eleva el umbral de coerción estatal en zonas críticas. La prórroga reiterada del estado de excepción consolida un patrón de intervención “de larga duración”, donde la contención del orden se apoya en controles y despliegues persistentes, con costos institucionales potenciales si no se acompaña de estándares claros de uso de la fuerza, trazabilidad operativa y control externo. En el tramo final del período, la muerte de un teniente al interior de una unidad COP en Ercilla, con investigaciones activadas, introduce un evento de alta sensibilidad institucional que refuerza la percepción de estrés operativo y de riesgos en procedimientos de custodia/armamento en territorio. En paralelo, el avance legislativo de reglas de uso de la fuerza durante 2025 indica que el sistema político percibe la necesidad de fijar marcos para el accionar coercitivo, lo que puede operar como contención si se implementa con criterios verificables, o como ampliación de márgenes si se diseña sin salvaguardas efectivas. Finalmente, aunque decisiones judiciales que sancionan violencia estatal previa aportan señales de rendición de cuentas, su efecto 2025 es más correctivo que transformacional, por lo que el cierre de diciembre sugiere una variación incremental al alza y no una descompresión sostenida (de 2.80 en abril a 2.95 en diciembre)
CORRUPCIÓN POLÍTICA
Entre abril y diciembre de 2025, Chile exhibió un aumento moderado de la corrosión institucional asociada a corrupción política, no tanto por una multiplicación de casos locales aislados, sino por la escalada y complejización de investigaciones de alto impacto que tensionaron la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, particularmente en torno a diligencias intrusivas vinculadas al caso ProCultura. En paralelo, las derivaciones del “caso Audios” reforzaron la percepción de intermediación y tráfico de influencias en nodos sensibles del Estado, con nuevas aristas que conectan decisiones judiciales y disputas de alto valor (incluida la estatal Codelco), elevando el componente de descomposición por posible captura/influencia sobre procesos públicos. La respuesta institucional mostró capacidad de investigación y judicialización (allanamientos, imputaciones/detenciones reportadas), actuando como factor de contención parcial, pero la expansión del perímetro investigado y la fricción política sugieren un cierre de 2025 con riesgo persistente más que con reversión estructural. En conjunto, el período describe un pasaje desde una corrupción percibida como “acotada” hacia un patrón de mayor densidad político-institucional, justificando el ajuste al alza del puntaje sin llevarlo aún a un umbral crítico (de 3.15 en abril a 3.35 en diciembre).
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política se mantuvo en un nivel acotado y predominantemente episódico, sin evidencia de una escalada sostenida de agresiones organizadas contra el sistema político, partidos o candidaturas a escala nacional. No obstante, el período incorporó señales relevantes para el indicador por dos vías: por un lado, la continuidad del caso Ronald Ojeda y su tratamiento por autoridades chilenas como un hecho con rasgos de motivación política y proyección internacional, incluyendo coordinación con instancias externas, lo que eleva el componente de riesgo político transnacional, aunque el evento base sea previo. Por otro lado, se registraron episodios puntuales de violencia contra autoridades locales y figuras públicas (agresiones y secuestro de alto impacto), que no configuran un patrón estructural de violencia política, pero sí incrementan la exposición del espacio institucional a dinámicas de coerción y vulnerabilidad personal de actores públicos. Chile mostró un desplazamiento desde episodios aislados hacia un patrón más persistente de coerción en la confrontación electoral, se incorporó prácticas de “guerra sucia digital” y disputas por desinformación con capacidad de afectar la competencia democrática. Durante el período se reportaron operaciones coordinadas en redes y denuncias cruzadas entre actores relevantes sobre el uso de cuentas anónimas/bots para erosionar candidaturas, lo que elevó el costo reputacional y tensionó a coaliciones y autoridades, reforzando un clima de polarización y sospecha, por todo esto el puntaje crece en este periodo (de 1.90 en abril a 2.10 en diciembre).
DELINCUENCIA COMÚN
La delincuencia común en Chile se mantuvo en un umbral alto y con marcada visibilidad urbana, combinando violencia oportunista (asaltos con arma blanca o de fuego, robos con violencia e intimidación) y desplazamientos territoriales hacia zonas comerciales y áreas céntricas, lo que elevó el costo cotidiano en movilidad, comercio y percepción de seguridad. En términos de registros institucionales, el primer semestre muestra una señal mixta: aumento importante de ingresos totales al Ministerio Público, con caídas puntuales en “robos” y en robo con intimidación, lo que sugiere que la presión delictual no se reduce de forma homogénea sino que se reconfigura por tipologías y territorios. En el tramo final del período (noviembre–diciembre), los reportes periodísticos y testimonios en barrios de Santiago refuerzan la persistencia de patrones de victimización y temor, y evidencian que la respuesta estatal y municipal opera más como contención localizada (control de acceso, medidas de orden, despliegues focalizados) que como reversión estructural del fenómeno. Por ello, el cierre 2025 se mantiene el promedio pasado (3.70) por la continuidad del problema en el terreno, su expansión/redistribución espacial y la ausencia de una mejora verificable y sostenida en el último bimestre.
COLOMBIA
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
La subvariable Actividad terrorista y guerrillera se mantiene en niveles muy altos lo que ocasiona un pequeño incremento en la ponderación (de 4.62 en abril a 4.75 en diciembre) por la persistencia de acciones armadas de estructuras como disidencias de las FARC (incluida la facción señalada por la Policía como FARC-EMC) y, en corredores específicos, el ELN, con capacidad de ejecutar ofensivas que combinan coerción territorial, ataques a la fuerza pública y presión sobre economías y rutas estratégicas. Un hito de escalamiento operativo fue la ola coordinada de atentados y ataques contra estaciones de policía en el suroccidente (Cali y zonas de Cauca/Valle del Cauca), con múltiples incidentes en una misma jornada, víctimas fatales y decenas de heridos, que evidencia capacidad de coordinación, logística y selección de blancos estatales más allá de hechos aislados. En paralelo, la continuidad de ataques a infraestructura crítica (por ejemplo, afectaciones con explosivos al oleoducto Caño Limón–Coveñas en Arauca) confirma que la violencia no solo busca impacto simbólico sino también disrupción operativa y señal de control armado sobre territorios y activos estratégicos, reforzando el componente de descomposición institucional allí donde el Estado enfrenta restricciones para garantizar seguridad sostenida.
SECUESTRO
El secuestro en Colombia se mantuvo en un umbral crítico y mostró una trayectoria de deterioro incremental, con un aumento sostenido en los registros parciales disponibles para 2025 y señales de persistencia operativa de los grupos armados ilegales en corredores rurales y periferias urbanas. La dinámica del delito se asocia a coerción territorial y extorsión, y su recurrencia confirma una capacidad de los perpetradores para retener víctimas, negociar y administrar el riesgo frente a la respuesta estatal, lo que refuerza el componente de descomposición institucional (intimidación social, presión sobre autoridades locales y erosión del monopolio legítimo de la fuerza). Episodios de alto impacto durante el período —incluida la retención de personal militar— ilustran que el fenómeno trasciende la criminalidad oportunista y opera como herramienta de control y demostración de poder en territorios disputados. Hacia noviembre–diciembre, la evidencia de secuestros y liberaciones confirma que el cierre de 2025 ocurre sin un quiebre a la baja, y que las medidas de seguridad observadas funcionan más como contención reactiva que como reducción estructural de capacidades. En consecuencia, la calificación de diciembre se ajusta al alza (de 4.22 en abril a 4.45 en diciembre), no por cambio de naturaleza del fenómeno (ya era grave), sino por su mayor intensidad cuantitativa y continuidad reciente dentro del mismo patrón.
CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado se mantuvo en un umbral muy alto de violencia y descomposición institucional, con estructuras capaces de sostener control territorial y coerción económica a través de narcotráfico, extorsión y minería ilegal, lo que reproduce gobernanzas criminales en corredores rurales y urbanos y presiona de forma constante la capacidad operativa del Estado. En el período se observó un refuerzo del componente transnacional y financiero del fenómeno —con redes que operan fuera del país, apalancan empresas de fachada y mecanismos de lavado complejos—, lo que incrementa resiliencia y dificulta la desarticulación definitiva incluso cuando existen golpes policiales relevantes. En paralelo, la persistencia de hechos armados de alto impacto en territorios vinculados a economías ilícitas confirmó que la violencia no es episódica sino estructural y territorializada, con capacidad de afectar movilidad, seguridad local y legitimidad del control estatal. En las últimas 4–6 semanas del período, la centralidad del Clan del Golfo en la agenda de seguridad —por su rol económico y coercitivo— consolidó el diagnóstico de cierre de año sin descompresión sostenida, justificando una suba incremental del puntaje (de 4.62 en abril a 4.68 en diciembre: no cambia el nivel “muy alto”, pero sí la complejidad por mayor densidad financiera, articulación internacional y persistencia de captura/impunidad en nodos críticos.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La violencia militar y policial se mantuvo en un umbral muy alto, no solo por la persistencia de operaciones armadas en teatros complejos, sino por la evidencia de fallas de control y rendición de cuentas que elevan el riesgo de daño a población civil y deterioran la legitimidad coercitiva del Estado. El período incorpora un hito de letalidad operativa con alto impacto reputacional e institucional (Guaviare, con víctimas menores), que reabre el debate sobre reglas de enfrentamiento, calidad de inteligencia y mecanismos de verificación ex post, y presiona la relación entre Fuerza Pública, justicia y autoridad política. En paralelo, la dimensión de coerción no letal también se tensiona por señalamientos de vigilancia/interceptación ilegal atribuida a estructuras militares, lo que amplía la lectura de “descomposición” hacia prácticas de control irregular sobre actores democráticos y del sistema judicial. Como factor de contención, avanzan procesos judiciales por “falsos positivos”, pero su efecto es principalmente institucional (reducción parcial de impunidad histórica) y no constituye, por sí solo, evidencia de una descompresión sostenida en 2025. En conjunto, el cierre de diciembre refleja una suba incremental del puntaje (de 4.08 en abril a 4.20 en diciembre): el riesgo ya era elevado, pero la combinación de episodios letales de alto costo y señales de abuso institucional refuerza un patrón de estrés estatal en el uso de la fuerza.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
Colombia sostuvo un nivel alto de corrupción política con escalamiento cualitativo por la convergencia entre grandes casos de contratación pública (UNGRD) y disputas institucionales sobre control del financiamiento político, lo que incrementó la erosión de confianza y elevó el costo de gobernabilidad para el Ejecutivo y el Congreso. La orden de captura contra expresidentes del Senado y de la Cámara por presuntos sobornos vinculados a la UNGRD constituye un hito porque desplaza el fenómeno desde “redes subnacionales” hacia el núcleo decisional del sistema político, reforzando la percepción de intercambio de rentas por gobernabilidad legislativa. Tambien el pronunciamiento de la Corte Constitucional que detuvo una investigación del órgano electoral sobre la campaña presidencial añadió fricción entre poderes y volvió más opaca la frontera entre control institucional y disputa política, alimentando un entorno de polarización alrededor de la rendición de cuentas. En el segundo semestre, la continuidad de decisiones judiciales y el avance de procesos asociados al caso UNGRD (incluyendo pasos hacia juicio) consolidaron un patrón de corrupción sistémica en la intermediación Estado–política, más que episodios aislados con rápida clausura. Finalmente, los desarrollos de noviembre sobre intentos de infiltración de dineros ilegales en política (“Papá Pitufo”) refuerzan el componente de descomposición institucional al sugerir permeabilidad del sistema y persistencia de incentivos, por lo que el cierre de 2025 justifica una suba moderada del puntaje respecto de abril, sin llegar a un salto extremo porque la respuesta judicial y el escrutinio público también operaron como frenos parciales (de 3.35 en abril a 3.85 en diciembre).
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política en Colombia mostró un deterioro moderado, no tanto por una “nueva” aparición del fenómeno sino por su consolidación y por la irrupción de episodios de alto impacto nacional que elevan el riesgo para la competencia democrática y la seguridad de actores políticos. El atentado contra un senador y aspirante presidencial en un evento público, con desenlace fatal, representa un salto cualitativo en visibilidad, efecto intimidatorio y capacidad de interferencia sobre el ciclo político, al trasladar el riesgo desde lo territorial hacia el centro de la disputa nacional. En paralelo, la evidencia institucional de alertas tempranas sobre el escenario electoral 2025–2026 confirma persistencia de amenazas, restricciones de facto y coerción armada que condicionan la participación, especialmente en corredores donde operan estructuras ilegales con control social. Finalmente, el registro continuo de asesinatos de liderazgos sociales y comunitarios durante 2025 refuerza la lectura de violencia selectiva como mecanismo de regulación territorial y silenciamiento de organización local, manteniendo un umbral alto de degradación del Estado de derecho en zonas críticas. En conjunto, el cierre de 2025 no muestra descompresión sostenida, sino una mayor complejidad y sensibilidad política del fenómeno, lo que justifica la corrección al alza del puntaje (de 3.39 en abril a 3.90 en diciembre).
DELINCUENCIA COMÚN
La delincuencia común en Colombia se sostuvo en un nivel alto y con rasgos persistentes de violencia urbana, con eventos de letalidad e intolerancia que mantienen presión sobre la seguridad cotidiana y el control territorial estatal en zonas metropolitanas, aun cuando parte del contexto criminal convive con dinámicas de actores organizados que aquí se excluyen por “regla de frontera”. El cierre de 2025 consolida un umbral elevado de violencia registrada a nivel nacional, con señales de deterioro en indicadores asociados a homicidios y otras expresiones de violencia interpersonal, lo que sugiere continuidad del riesgo más que reversión. En la fase final del período (noviembre–diciembre), se verifican despliegues de contención y refuerzo operativo en grandes ciudades para reducir robos y violencia callejera, lo que apunta a capacidad estatal de respuesta inmediata, pero también a la necesidad de recurrir a medidas intensivas para sostener el orden público. En conjunto, la trayectoria abril–diciembre muestra una dinámica de contención parcial: se registran acciones preventivas y operativas, pero sin evidencia de quiebre a la baja suficientemente estable como para reducir la calificación, por lo que corresponde una variación incremental al alza hacia diciembre (de 4.15 en abril a 4.20 en diciembre).
MÉXICO
ACTIVIDAD TERRORISTA, GUERRILLERA
México no exhibe terrorismo convencional ni una guerrilla organizada con agenda ideológica nacional, pero la dinámica armada del crimen organizado profundiza rasgos “cuasi-insurgentes” por su capacidad de coerción, su desafío directo a fuerzas del Estado y el uso creciente de tácticas explosivas en territorios en disputa, particularmente en corredores de Michoacán y su franja con Jalisco. En mayo se registró un salto cualitativo por letalidad y sofisticación: un artefacto explosivo improvisado (IED) impactó a un vehículo militar y causó la muerte de ocho soldados, en un contexto donde el propio despliegue militar reporta hallazgos masivos de explosivos y su concentración en esa región, indicando persistencia operativa y efectos de control territorial y desplazamiento. En diciembre, la detonación de un coche bomba en Coahuayana (Michoacán), con víctimas fatales y afectación amplia del entorno, consolidó la normalización de métodos de alto impacto que, aunque investigados como delincuencia organizada, reproducen lógicas de violencia política por su función intimidatoria y su orientación contra estructuras de seguridad/locales. En términos de tendencia, el período muestra intensificación moderada (más que un cambio de naturaleza) por la recurrencia de explosivos, la confrontación armada sostenida y la erosión de control efectivo en enclaves locales, lo que justifica un ajuste al alza respecto de abril sin convertir el fenómeno en “terrorismo/guerrilla” estricto (de 3.10 en abril a 3.35 en diciembre).
SECUESTRO
El secuestro se mantuvo en un umbral muy alto, con persistencia de modalidades de alto impacto (incluidos secuestros masivos y de migrantes) y una señal crítica de degradación institucional: la brecha recurrente entre víctimas registradas por monitoreo especializado y las cifras oficiales, que en distintos cortes dejó fuera a una proporción mayoritaria de víctimas. En el tramo medio del año, aun con fluctuaciones, los niveles se sostuvieron en magnitudes compatibles con un fenómeno de coerción extendida (por ejemplo, junio y julio registran más de 100 eventos mensuales y más de 100 víctimas), lo que sugiere capacidad operativa estable y presión sobre la respuesta policial y judicial. Hacia el último trimestre, octubre mantiene un nivel elevado (136 eventos, 210 víctimas) con evidencia de subregistro y recurrencia de casos complejos, mientras que noviembre muestra una caída relevante en eventos y víctimas, pero sin indicios de reversión estructural del problema ni de cierre de la brecha estadística. Dado que el último corte público robusto identificado para las últimas 4–6 semanas corresponde a noviembre y no se encontraron datos consolidados equivalentes de diciembre que indiquen un quiebre adicional, la lectura de fin de 2025 es de persistencia del riesgo con mejora coyuntural limitada. Por ello, la calificación de diciembre se ajusta levemente a la baja (de 4.40 en abril a 4.35 en diciembre), manteniendo el carácter crítico del subindicador por su combinación de violencia efectiva, víctimas múltiples y señales de erosión institucional asociadas al subregistro y la reiteración territorial del fenómeno.
CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado se mantiene en un umbral muy alto de violencia y descomposición institucional, con capacidad de imponer coerción territorial y social en corredores críticos y de sostener economías ilícitas que siguen condicionando gobernabilidad local y continuidad operativa en múltiples estados. Aunque el gobierno sostiene una caída relevante de homicidios y ejecuta una estrategia de presión sostenida basada en detenciones y despliegue, el período confirma que el fenómeno se reconfigura más que se desactiva: la extorsión crece, la desaparición continúa como pasivo estructural y se preservan mecanismos de captura y control cotidiano sobre comunidades y mercados. La evidencia de violencia de alto impacto y rasgos “cuasi-militares” se mantuvo en el período —incluyendo eventos con explosivos y ataques letales contra autoridades locales—, lo que refuerza el carácter persistente del desafío al Estado en territorios disputados. En paralelo, el desplazamiento de población por violencia vinculada a la disputa de cárteles en la frontera sur y la intensificación de esquemas de cooperación bilateral para atacar flujos financieros ilícitos y robo de combustibles reflejan un problema con dimensión transnacional y presión política externa creciente. Por ello, el cierre de 2025 justifica mantener una calificación próxima al máximo (de 4.70 en abril a 4.70 en diciembre), porque conviven señales de contención en letalidad con persistencia de control territorial, economías ilícitas diversificadas y estrés institucional en zonas clave.
VIOLENCIA MILITAR Y POLICIAL
La violencia militar y policial se mantuvo en un umbral muy alto, combinando episodios letales en operativos de fuerzas armadas con casos de abuso policial urbano que alcanzaron rápida visibilidad mediática y presión judicial. El hecho de Tamaulipas, con civiles muertos en un incidente atribuido a militares, confirma que el uso letal de la fuerza sigue operando como riesgo operativo e institucional en territorios de alta conflictividad criminal, con efectos directos sobre legitimidad y control estatal. En paralelo, la evidencia de muerte bajo custodia y agresiones policiales en Ciudad de México, aun con detenciones y procesos, sugiere que los mecanismos de rendición de cuentas son más reactivos que preventivos, y que persisten incentivos de abuso en tareas de seguridad pública y control de orden público. La coexistencia de investigaciones y sanciones puntuales con denuncias reiteradas (incluidas instancias internacionales) muestra contención parcial, pero no un cambio de patrón, por lo que el período cierra con una variación incremental al alza (de 4.40 en abril a 4.55 en diciembre): el problema no solo continúa, sino que incorpora eventos “de alto costo institucional” que endurecen el diagnóstico de descomposición en la relación Estado–ciudadanía en materia de uso de la fuerza.
CORRUPCIÓN POLÍTICA
La corrupción política en México exhibe un endurecimiento cualitativo: se mantiene como fenómeno estructural, pero suma episodios de alto voltaje institucional que elevan el riesgo de descomposición por tensión entre procuración de justicia, autonomía y manejo político de investigaciones. El período incorpora un caso emblemático de economía ilegal (combustibles) que escala a conflicto dentro del aparato de persecución penal y concluye con cambio de conducción en la Fiscalía, reflejando fricciones sobre alcance, transparencia y consistencia investigativa, con impacto directo en confianza pública y expectativa de sanción. En paralelo, la aparición de tramas de corrupción y lavado asociadas a contratos y circuitos vinculados a Pemex refuerza la hipótesis de penetración de redes ilícitas en nodos estratégicos del Estado y la economía formal, aumentando resiliencia y capacidad de reproducción del fenómeno. Finalmente, los cuestionamientos político-criminales en Tabasco muestran que la corrupción política opera también como mecanismo de protección territorial para estructuras violentas, elevando el costo de gobernabilidad local y el riesgo de impunidad selectiva; por ello, el cierre de 2025 justifica una suba moderada por complejidad institucional que por un salto meramente cuantitativo (de 3.70 en abril a 3.97 en diciembre). El gráfico muestra una preocupante caída en el Índice de percepción de la corrupción en México para 2024, alcanzando un puntaje de 26, el más bajo desde 2012. Tras un breve repunte en 2019-2021, el deterioro reciente sugiere un aumento en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la integridad del sector público.
VIOLENCIA POLÍTICA
La violencia política mantuvo un perfil alto y persistente, con concentración en el ámbito subnacional y municipal, donde los ataques y homicidios contra candidatos, autoridades y exautoridades operan como mecanismo de coacción territorial y de disciplinamiento del entorno político. En el primer semestre, la evidencia cuantitativa disponible confirma un volumen elevado de incidentes y asesinatos, lo que sugiere que el fenómeno no fue episódico sino sostenido y funcional a disputas de control local, especialmente en contextos electorales. En el segundo semestre, la ocurrencia de eventos de alto impacto —incluidos asesinatos de figuras/funcionarios y ataques vinculados a estructuras estatales— refuerza la lectura de un riesgo activo que erosiona la autoridad pública en territorios críticos y eleva la sensibilidad institucional, aun sin configurar un quiebre nacional único. La verificación de las últimas 4–6 semanas (noviembre–diciembre) muestra continuidad del patrón (con hechos en noviembre y balances de cierre de año), sin señales claras de descompresión sostenida, por lo que corresponde una corrección incremental al alza, no un salto abrupto pero sí un deterioro consistente del entorno político-securitario (de 2.85 en abril a 3.25 en octubre).
DELINCUENCIA COMÚN
La delincuencia común en México se mantuvo en un umbral alto y socialmente visible, con una combinación de robos y agresiones en entornos urbanos y riesgos crecientes en corredores de movilidad que sostienen una sensación de vulnerabilidad cotidiana, aun cuando el Ejecutivo reportó descensos en diversos indicadores de seguridad y en algunos componentes de robos con violencia. La evidencia disponible para el período muestra que el problema no se expresa como un único pico, sino como una dinámica sostenida de victimización y adaptación de modalidades (incluyendo episodios de violencia y coerción en transporte/sistemas urbanos), lo que refuerza la lectura de persistencia más que de reversión. En paralelo, la inseguridad en carreteras federales se consolidó como un componente operativo relevante del riesgo (asaltos mediante obstáculos y bloqueos tácticos), con respuesta estatal focalizada y despliegues preventivos que funcionan como contención, pero no acreditan por sí mismos una descompresión estructural del fenómeno. En la verificación del tramo final (noviembre–diciembre), no se identificaron señales claras de quiebre descendente que justifiquen una corrección a la baja del puntaje; por ello, la calificación de diciembre se mantiene estable respecto de abril, reflejando contención parcial sin mejora sostenida del riesgo de delincuencia común. El análisis de la incidencia delictiva en México durante el primer trimestre de 2025, con un total de 498,643 delitos registrados, revela una concentración significativa de actividades delictivas en ciertas entidades. El Estado de México lidera con una alarmante cifra de 88,863 delitos, representando el 17.82% del total nacional, seguido por Ciudad de México y Guanajuato, que también presentan niveles elevados de criminalidad. Esta concentración en zonas urbanas e industriales refleja patrones estructurales vinculados a densidad poblacional, presencia de crimen organizado y problemas persistentes de gobernabilidad local. El mapa de calor confirma esta tendencia, mostrando que las entidades del centro del país concentran los mayores niveles de riesgo, especialmente en zonas como el Valle de México, Jalisco y Puebla. Por otro lado, entidades como Tlaxcala, Yucatán y Campeche mantienen índices significativamente más bajos, lo que sugiere estructuras institucionales más eficaces o menor presión criminal.
CONCLUSIONES
El análisis comparado de la violencia y descomposición social a diciembre de 2025 confirma una región atravesada por violencias de naturaleza distinta, pero con un patrón común: expansión y sofisticación de economías ilícitas, estrés sobre el Estado de derecho y degradación de la seguridad cotidiana en territorios clave. Con los nuevos puntajes, Colombia (4.29) y México (4.04) se mantienen como los entornos más críticos: combinan crimen organizado de alta densidad territorial (4.68 y 4.70), secuestro persistentemente elevado (4.45 y 4.35) y un componente relevante de violencia militar/policial (4.20 y 4.55), lo que sugiere escenarios donde la coerción se vuelve estructural y erosiona capacidades estatales, afectando continuidad operativa e inversión. Brasil (3.46) ocupa un segundo escalón, con un perfil dominado por crimen organizado extremadamente alto (4.65), secuestro (4.15) y corrupción política (3.95), mostrando un fenómeno cada vez más “económico-institucional” (captura de mercados, lavado y redes), mientras la violencia se expresa con intensidad variable según territorios y dinámicas de control urbano. Chile (3.21) se ubica en un nivel intermedio pero con rasgos propios: destaca una actividad terrorista/guerrillera alta (3.10) vinculada a conflictividad territorial y sabotaje, junto con delincuencia común (3.70) y crimen organizado (3.40) en expansión, configurando un riesgo más concentrado en ciertos corredores y regiones que en el conjunto del país. Argentina (2.85) registra el nivel más bajo del grupo, pero con señales de deterioro sostenido en variables de base social e institucional: delincuencia común (3.70) y corrupción política (3.55) se mantienen altas, y el crimen organizado (3.10) continúa siendo un factor relevante en nodos como Rosario, lo que sugiere un escenario de presión persistente más que una descompresión.
A nivel temático:
A nivel temático, el crimen organizado es el fenómeno más transversal y determinante en los cinco países, y funciona como “motor” de otras dimensiones (secuestro, corrupción, violencia armada y presión sobre fuerzas estatales). La corrupción política aparece como un acelerador regional de impunidad y debilitamiento institucional (más marcada en México, Brasil y Argentina), mientras la violencia militar y policial se vuelve especialmente sensible donde el Estado enfrenta actores armados con capacidad territorial (México y Colombia), elevando riesgos reputacionales y de derechos humanos. Finalmente, la actividad terrorista/guerrillera muestra el contraste más claro: es baja en Argentina y Brasil, pero muy alta en Colombia y relevante en Chile, lo que obliga a enfoques de gestión del riesgo diferenciados por país y por territorio, especialmente para operaciones críticas de infraestructura donde la amenaza combina coerción criminal, presión institucional y episodios de violencia focalizada.
.png)