Los resultados comparativos a diciembre confirman la persistencia de brechas estructurales en los niveles de legitimidad institucional entre los gobiernos de la región, aunque con matices relevantes respecto al escenario observado en abril. México se mantiene con claridad como el país con mayor respaldo agregado, consolidando su posición de liderazgo regional. El gobierno de Claudia Sheinbaum combina una relación sólida con el empresariado, una amplia mayoría legislativa, un alineamiento funcional con gobernadores y alcaldes, y un vínculo estable con las Fuerzas Armadas y la Iglesia. A diferencia de abril, ya no se trata únicamente de expectativas asociadas al inicio de mandato, sino de una legitimidad en proceso de consolidación operativa, lo que refuerza su capacidad para sostener políticas públicas y administrar tensiones sin erosionar su base institucional. En un segundo escalón continúan ubicándose Chile y Brasil, ambos con niveles intermedios de legitimidad, pero con trayectorias diferenciadas. En el caso chileno, el gobierno de Gabriel Boric muestra una leve mejora relativa respecto de abril, explicada por una mayor cooperación con actores institucionales —en particular Fuerzas Armadas, policías y gobiernos subnacionales—, aunque persisten tensiones con el empresariado y con segmentos de las minorías activas. La legitimidad del gobierno sigue siendo funcional pero acotada, sostenida más por la estabilidad institucional que por consensos políticos amplios, especialmente en la fase final del mandato. Brasil, por su parte, mantiene un nivel similar al de Chile, aunque con una dinámica más inestable. El presidente Lula conserva apoyos relevantes en sectores sindicales y empresariales, y una relación institucional controlada con las Fuerzas Armadas, pero enfrenta un deterioro en su vínculo con el Congreso y con gobernadores, en un contexto de judicialización del pasado reciente y tensiones crecientes en materia de seguridad. Esto configura una legitimidad heterogénea y fragmentada, suficiente para gobernar, pero dependiente de equilibrios delicados y negociaciones permanentes. En el bloque inferior se mantienen Argentina y Colombia, con los niveles más bajos de legitimidad regional, aunque por razones distintas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei continúa operando con una base institucional frágil, marcada por conflictos persistentes con gobernadores, sindicatos y parte del sistema político, compensados parcialmente por el respaldo de ciertos sectores empresariales y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. La legitimidad sigue siendo asimétrica y volátil, típica de un proceso de transformación económica profunda en una sociedad altamente polarizada. Colombia, en cambio, muestra un deterioro más claro respecto de abril. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un Congreso crecientemente hostil, tensiones con el empresariado, una relación ambivalente con las Fuerzas Armadas y una estrategia de confrontación institucional —consulta popular, emergencia económica, discurso constituyente— que, lejos de ampliar consensos, tiende a profundizar la segmentación del apoyo. Si bien mantiene respaldo en sectores sindicales y de minorías activas, la erosión del apoyo institucional incrementa los riesgos de ingobernabilidad y adelanta un escenario de alta conflictividad política de cara al ciclo electoral de 2026.