El concepto de gobernabilidad ha evolucionado desde su enfoque clásico, centrado en el orden político, hacia una comprensión más amplia que la define como un estado de equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta del gobierno. Esta noción articula tres dimensiones fundamentales: eficacia, legitimidad y estabilidad. Un sistema político se considera gobernable cuando puede adaptarse a los cambios de su entorno nacional e internacional sin perder cohesión, autoridad ni respaldo ciudadano. La gobernabilidad, por tanto, no debe entenderse en términos dicotómicos entre gobernabilidad e ingobernabilidad, ni limitarse a la sola eficacia administrativa. Se trata de un fenómeno gradual, que puede expresarse en distintos niveles: desde un modelo ideal —en el que existe correspondencia plena entre demandas y respuestas— hasta escenarios de crisis institucional, colapso del orden democrático o ruptura del vínculo entre Estado y sociedad. Este enfoque reconoce que todos los sistemas políticos enfrentan tensiones estructurales, marcadas por demandas sociales crecientes y recursos estatales limitados. Lo determinante no es la ausencia de conflictos, sino la forma en que estos se gestionan. Cuando las respuestas gubernamentales son percibidas como insuficientes, se configura un déficit de gobernabilidad; si el desequilibrio se profundiza y se manifiesta simultáneamente en diversas dimensiones, se puede desencadenar una crisis sistémica. En América Latina, estos déficits suelen estar asociados a fenómenos como la corrupción, el caudillismo presidencialista, la debilidad de los partidos políticos y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas. Esta combinación explica por qué amplios sectores sociales muestran creciente tolerancia —o incluso preferencia— por opciones autoritarias, debilitando las bases mismas del sistema democrático desde su interior. Trabajamos en el análisis de una herramienta analítica de monitoreo comparado, construida a partir de siete indicadores clave que permiten evaluar el estado de la gobernabilidad en cinco países latinoamericanos. Como se ha expuesto, estas variables no solo reflejan el funcionamiento del aparato estatal, sino también las percepciones sociales, la cohesión política interna, el entorno internacional y los niveles de conflictividad o descomposición del orden social.